Con más de 100 actividades gratuitas, dos exposiciones inmersivas de alto perfil y una programación distribuida en los siete municipios, el 25 aniversario del Festival de Octubre deja de ser una conmemoración cultural para convertirse en una prueba de alcance institucional. Bajo el nombre “Territorios de Paz”, el encuentro de Baja California apuesta por salir de los recintos tradicionales y ocupar teatros, escuelas, parques, plazas, centros comunitarios y hasta mercados sobre ruedas. La decisión no es menor: en un estado atravesado por desigualdad territorial, movilidad humana y tensiones de identidad fronteriza, el diseño del festival revela una intención de política pública más amplia que la simple oferta artística.
La selección de 32 proyectos entre 428 propuestas recibidas también es un dato revelador. Habla de una convocatoria con tracción real, pero también de un filtro exigente que busca ordenarle a la celebración una narrativa clara: diversidad de disciplinas, presencia internacional, y foco en públicos que suelen quedar al margen de la oferta cultural formal. Niñas, niños, adolescentes, pueblos originarios, personas migrantes, solicitantes de asilo y comunidad LGBTQ+ aparecen explícitamente como destinatarios. Esa lista no es decorativa. En Baja California, donde la frontera vuelve visible la fragilidad social de muchos grupos, la cultura se está usando como lenguaje de integración y, en el mejor de los casos, como una herramienta de contención simbólica.
El eje más visible del programa está en las dos exposiciones inmersivas: “Desafío Dalí” en Tijuana y “Yo soy Frida Kahlo” en Mexicali. La elección no parece casual. Dalí y Kahlo son nombres con reconocimiento inmediato, capaces de atraer públicos que normalmente no se acercan a una exposición de arte contemporáneo o patrimonial. Pero el valor estratégico está en otro punto: estas muestras funcionan como anclas de audiencia para un festival que necesita legitimidad pública, no solo circulación artística. En términos de política cultural, el gobierno estatal está usando dos marcas globales para empujar una agenda local de acceso, descentralización y visibilidad.
La ecuación financiera merece atención. Exposiciones de este tipo suelen costar entre 10 y 12 millones de pesos, y sin embargo el estado pagará 3.5 millones por cada una mediante convenios de intercambio en especie. Si la cifra se sostiene, el ahorro aparente es significativo. Pero el verdadero costo no está solo en la erogación directa, sino en la capacidad operativa para llenar esos espacios, mantener la calidad de la experiencia y traducir la afluencia en participación cultural duradera. Los 20 mil boletos gratuitos, 10 mil por muestra, distribuidos en escuelas periféricas y sectores vulnerables, muestran un intento de democratización. La pregunta crítica es cuántos de esos visitantes regresarán después a otros espacios culturales y cuántos vivirán la visita como un evento aislado.
Ahí aparece la primera lectura de fondo: el festival está migrando de una lógica de programación a una lógica de territorio. Cuando una agenda se extiende por municipios, espacios escolares, mercados y plazas, el impacto deja de medirse solo por asistencia y empieza a medirse por capilaridad social. Ese movimiento puede corregir una vieja deuda en Baja California, donde la infraestructura cultural suele concentrarse en nodos urbanos. También implica un riesgo: si la dispersión territorial no va acompañada de mediación, transporte, comunicación y seguimiento comunitario, la descentralización se vuelve un mapa bonito con baja profundidad real.
La segunda conclusión es que la internacionalización del festival ya no es un adorno diplomático. La presencia de A Love Electric Man and Machine, Raj Ray y Corporación Cría Espírit Trompa, además de la participación de Baja California como invitado de honor en el Festival Internacional Cervantino, dibuja una estrategia de doble vía: traer nombres de fuera para ampliar audiencia y sacar el arte local de su circuito habitual para colocarlo en vitrinas de mayor alcance. La exposición “Desde la Frontera” en el Instituto Cervantes de Chicago refuerza esa lógica. No se trata solo de exportar obra, sino de exportar relato: Baja California quiere presentarse como una frontera creativa, no como una periferia cultural.
En ese punto surgen diferencias entre actores. Para la Secretaría de Cultura, el festival es una herramienta de cohesión y proyección; para artistas locales, representa una ventana de circulación que puede compensar la falta de espacios de exhibición y continuidad; para escuelas y comunidades vulnerables, puede ser la primera experiencia de contacto directo con ciertas expresiones artísticas; y para observadores críticos, existe el riesgo de que la programación de alto impacto visual opaque procesos más lentos pero más profundos de formación y acompañamiento. La tensión es clásica: el evento espectacular amplía la visibilidad, pero no sustituye el trabajo de base.
El programa de libros merece una lectura aparte. El recorrido del Librobús del Fondo de Cultura Económica por unos 27 poblados sin librerías tiene una dimensión más estructural que el resto de la cartelera. En regiones donde el acceso al libro es irregular, llevar inventario, presentaciones y cuentacuentos equivale a intervenir en la cadena de distribución cultural. Si el trayecto realmente cruza desde la península hasta Tijuana y Mexicali, la operación tiene valor logístico y simbólico: reconoce que el problema no es solo de oferta cultural, sino de conectividad material entre comunidad y contenido. La cultura, aquí, se parece más a infraestructura que a entretenimiento.
La tercera idea de fondo es que el aniversario 25 está siendo usado para reposicionar la marca cultural del estado. “Territorios de Paz” es un lema con carga política y social. En una entidad donde migración, asilo, violencia y desigualdad conviven con una economía transfronteriza dinámica, hablar de paz mediante artes escénicas, literatura, cine y patrimonio no es un gesto ingenuo; es una apuesta por disputar el sentido público del territorio. El problema es que la paz cultural no se decreta con una cartelera. Requiere continuidad presupuestal, evaluación de impacto y capacidad de sostener redes más allá del mes de festival.
El escenario hacia adelante dependerá de dos variables. La primera es la capacidad del festival para convertir eventos extraordinarios en hábito cultural: si las comunidades que reciben actividades gratuitas vuelven a demandarlas, la política habrá dejado huella. La segunda es la sostenibilidad del modelo financiero: los convenios en especie, las alianzas con instituciones y la circulación interestatal pueden abaratar costos, pero también vuelven al programa vulnerable a cambios de administración o a la pérdida de socios estratégicos. Si el proyecto quiere madurar, tendrá que demostrar que no depende solo del atractivo de Dalí o Frida, sino de una red local capaz de sostener la conversación cultural el resto del año.
