La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación por un presunto fraude superior a mil 230 millones de pesos en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El caso involucra a 880 exservidores públicos, en su mayoría exintegrantes de la extinta Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quienes promovieron demandas laborales para obtener una indemnización que, según los elementos recabados hasta ahora, ya no les correspondía.
El origen de las demandas
Todo comenzó en 2021, cuando los exagentes presentaron seis demandas laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Reclamaban el pago de una indemnización global equivalente a 45 días de sueldo básico, una prestación que desapareció con la reforma al sistema de pensiones. Al momento de interponer las acciones, los demandantes ya se encontraban incorporados a una Administradora de Fondos para el Retiro, lo que, de acuerdo con la normatividad vigente, eliminaba su derecho a esa compensación adicional.
Anomalías en los expedientes
Las denuncias presentadas por el propio ISSSTE y por la JFCA destacan varias irregularidades en la tramitación. Las demandas omitían la fecha exacta de ingreso de los trabajadores y no señalaban el salario base necesario para calcular el monto. Aun así, los procedimientos continuaron hasta su resolución. Además, todos los casos fueron resueltos por la Junta Especial Número 42 con sede en Torreón, Coahuila, pese a que los exservidores provenían de diversas entidades del país. Esta circunstancia ha generado dudas sobre la competencia territorial de esa autoridad para conocer los asuntos.
El laudo más cuantioso
Uno de los seis expedientes concentra la mayor parte del monto reclamado. Un solo laudo ordenaba al ISSSTE pagar 950 millones 262 mil pesos a 678 exservidores. Esta resolución representaba más de tres cuartas partes del total involucrado en la investigación. Los demás expedientes sumaban el resto de la cifra hasta alcanzar los mil 230 millones de pesos.
Ningún recurso fue entregado
Las autoridades detectaron las inconsistencias antes de que se ejecutaran los laudos. La JFCA suspendió la ejecución de las resoluciones y evitó que el instituto desembolsara los recursos. Posteriormente, el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República para determinar si existieron conductas delictivas y quiénes podrían ser responsables. Hasta el momento, la carpeta de investigación continúa abierta y no se han formulado imputaciones formales.
La actuación de la Junta de Torreón
Otro aspecto que la FGR analiza es el papel de la Junta Especial Número 42. Los documentos de la indagatoria señalan que ahí se admitieron y resolvieron las demandas a pesar de las omisiones detectadas. La investigación menciona a varios funcionarios que participaron en el trámite, aunque su sola inclusión en la carpeta no implica responsabilidad penal automática. El principio de presunción de inocencia sigue vigente mientras no se acredite lo contrario.
Contexto institucional
El caso se inscribe en un periodo de transición institucional. Tras la desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional, miles de exagentes iniciaron procedimientos para obtener prestaciones derivadas de su relación laboral anterior. El sistema de ahorro para el retiro modificó las reglas de acceso a ciertas indemnizaciones, lo que generó interpretaciones divergentes sobre los derechos adquiridos. La investigación actual busca esclarecer si algunas de esas interpretaciones fueron utilizadas de manera indebida para obtener pagos que la ley ya no contemplaba.
Implicaciones para el erario
El hecho de que los recursos no hayan sido entregados reduce el impacto inmediato sobre las finanzas del ISSSTE. Sin embargo, el caso pone de relieve la necesidad de mecanismos más estrictos de revisión en los laudos laborales que involucran grandes sumas de dinero público. La supervisión previa realizada por la JFCA y la posterior intervención de la Fiscalía evidencian que los controles existentes pueden funcionar cuando se aplican de manera oportuna. El desenlace del proceso permitirá evaluar si se requieren ajustes normativos adicionales para evitar situaciones similares en el futuro.
