El Gobierno Municipal de Chihuahua ha rechazado las afirmaciones de regidores de Morena según las cuales la disminución en las participaciones federales no afecta de manera significativa las finanzas locales. En una rueda de prensa encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, y la tesorera municipal, Aida Amanda Córdova Chávez, se detalló que la reducción de estos recursos limita directamente la operación cotidiana y la capacidad para sostener servicios públicos esenciales. Los funcionarios subrayaron que gran parte del presupuesto municipal proviene de transferencias etiquetadas que no pueden reasignarse libremente, lo que reduce el margen de maniobra ante imprevistos o demandas ciudadanas crecientes.
Los datos presentados muestran incrementos nominales modestos entre 2022 y 2025. Para el ejercicio 2025, la Ley de Ingresos proyectó 2 mil 273 millones 871 mil pesos por participaciones federales, mientras que la recaudación alcanzó 2 mil 291 millones 949 mil pesos, una diferencia de apenas 18 millones. Este crecimiento resulta insuficiente frente al alza acumulada de costos operativos provocada por la inflación en combustibles, materiales de construcción, mantenimiento de infraestructura y salarios. La desaparición de fondos como el Fondo Minero y el Fortaseg ha eliminado fuentes adicionales que antes complementaban el presupuesto para seguridad y obras específicas.
Dependencia estructural y pérdida de autonomía
Una de las consecuencias más relevantes radica en la progresiva pérdida de autonomía fiscal de los municipios mexicanos. Chihuahua, al igual que otras entidades urbanas medianas, enfrenta una estructura presupuestal donde las participaciones federales representan más del 60 por ciento de los ingresos totales. Cuando estos recursos crecen por debajo de la inflación real y se eliminan fondos concurrentes, la administración local queda obligada a recortar mantenimiento preventivo o posponer obras de infraestructura. Esta dinámica genera un efecto acumulativo: calles sin repavimentación oportuna elevan costos de transporte local, mientras que la reducción en programas de seguridad impacta directamente los índices de incidencia delictiva en colonias periféricas.
La experiencia de otros municipios fronterizos como Ciudad Juárez ilustra el mismo patrón. Tras la cancelación del Fortaseg, varias corporaciones policiales redujeron horas de patrullaje y equipos de videovigilancia, lo que derivó en un incremento del 14 por ciento en robos a casa habitación durante los dos años siguientes. En Chihuahua, la ausencia de mecanismos similares obliga a destinar recursos propios de libre disposición a cubrir déficits en seguridad, reduciendo la capacidad para atender otras áreas como alumbrado público o recolección de residuos.
Perspectivas contrapuestas entre actores políticos
Los regidores del PAN presentes en la conferencia defendieron la postura municipal argumentando que cualquier afirmación que minimice el impacto de las participaciones ignora la realidad presupuestal. Desde su perspectiva, el crecimiento del dos por ciento anual no compensa el aumento de los gastos corrientes, que en algunos rubros superó el siete por ciento anual durante el mismo periodo. En contraste, los regidores de Morena sostienen que el Municipio cuenta con otras fuentes de ingreso, como el impuesto predial y derechos por servicios, que podrían fortalecerse mediante una mejor recaudación local sin depender tanto de transferencias federales.
Esta divergencia revela tensiones estructurales entre niveles de gobierno. Mientras la Federación prioriza la redistribución nacional y la reducción de fondos concurrentes, los municipios enfrentan obligaciones directas ante la ciudadanía. La falta de coordinación intergubernamental amplifica el problema, pues las reglas de operación de los recursos etiquetados impiden su uso flexible ante emergencias como inundaciones o brotes epidemiológicos.
Escenarios futuros y riesgos latentes
De persistir la tendencia actual, los municipios medianos como Chihuahua podrían enfrentar una contracción sostenida de sus márgenes operativos. Un escenario probable implica la necesidad de elevar tasas locales de predial y derechos, lo que genera resistencia ciudadana y posibles efectos electorales negativos para las administraciones en turno. Otro riesgo consiste en la degradación progresiva de la infraestructura urbana, con consecuencias económicas indirectas como menor atracción de inversión privada y reducción de la competitividad regional frente a ciudades que logren diversificar sus fuentes de ingreso.
Un tercer riesgo se ubica en el ámbito de la gobernabilidad. La percepción de que los gobiernos locales carecen de recursos suficientes para responder a demandas básicas puede erosionar la confianza institucional y favorecer el crecimiento de movimientos de protesta o demandas de mayor descentralización fiscal. La experiencia de estados que han implementado reformas de recaudación local muestra que los resultados tardan entre tres y cinco años en materializarse, periodo durante el cual las finanzas municipales permanecen vulnerables.
La situación de Chihuahua refleja un dilema más amplio del federalismo fiscal mexicano. Sin una revisión profunda de los mecanismos de transferencias y sin incentivos claros para fortalecer la recaudación propia, los ayuntamientos seguirán operando con márgenes cada vez más estrechos, limitando su capacidad para atender necesidades ciudadanas crecientes y exponiéndose a ciclos de recorte y deterioro de servicios públicos.
