El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha puesto sobre la mesa un dato que resulta difícil de soslayar: cerca del 60 por ciento del gasto público federal corresponde a erogaciones obligatorias y fijas que ya superan los ingresos tributarios. Pensiones, subsidios, servicio de la deuda y participaciones a entidades federativas absorben el 70 por ciento de los recursos totales del sector público. Esta proporción, que ya se observó en 2025, muy probablemente se repetirá en 2026 y obliga al gobierno a recurrir a mayor endeudamiento para cumplir sus compromisos.
El escenario no es nuevo, pero el IMEF lo presenta con mayor precisión al vincularlo directamente con proyectos de inversión que han incrementado su costo sin generar ingresos suficientes para cubrir su operación. La combinación de gasto rígido y proyectos de alto costo presupuestal dibuja un cuadro de rigidez fiscal que limita la capacidad de respuesta ante choques externos o necesidades sociales emergentes.
Los datos del instituto revelan que, solo en 2024, los rubros de subsidios y transferencias crecieron de manera simultánea con la inversión fija en activos que requieren partidas presupuestales continuas. Esta dinámica reduce el margen para reasignar recursos hacia áreas de mayor productividad o hacia la atención de contingencias.
Una primera implicación directa recae sobre los gobiernos estatales y municipales. Las participaciones representan una porción significativa del gasto federal obligatorio, pero su destino final depende de la capacidad de cada entidad para generar ingresos propios. Cuando el gobierno central debe endeudarse para cubrir estas transferencias, los estados enfrentan mayor incertidumbre sobre la estabilidad de sus ingresos federales en el mediano plazo.
La presión de las pensiones sobre las cuentas futuras
El IMEF destaca que México destinó en 2025 el equivalente al 6 por ciento del PIB a pensiones y estima que esa cifra podría alcanzar el 8 por ciento en 2030. Este incremento no obedece únicamente al envejecimiento poblacional, sino también a la estructura de los regímenes de retiro vigentes en el sector público y en algunas empresas paraestatales. Revisar estos esquemas con criterios de sostenibilidad fiscal implica confrontar intereses consolidados que, hasta ahora, han resistido modificaciones sustanciales.
El costo fiscal de las pensiones no es solo un problema de flujo de caja. Representa una transferencia intergeneracional que reduce los recursos disponibles para infraestructura productiva y para la formación de capital humano. Los estados con mayor proporción de trabajadores bajo regímenes de reparto enfrentan un dilema adicional: cualquier ajuste futuro recaerá con mayor intensidad sobre sus finanzas locales.
Empresas del Estado y proyectos sin retorno medible
La propuesta del instituto de identificar gastos ineficientes incluye explícitamente a la aerolínea estatal, ferrocarriles y refinerías. Estos sectores comparten una característica común: operan bajo criterios que priorizan objetivos de política pública por encima de la rentabilidad financiera. Cuando sus pérdidas operativas deben cubrirse con recursos fiscales, compiten directamente con otras necesidades presupuestales que sí generan retornos medibles en términos de crecimiento o bienestar.
La exigencia de evaluaciones costo-beneficio obligatorias para todos los proyectos de infraestructura busca introducir un filtro técnico que, hasta ahora, ha estado ausente en varias decisiones de inversión. La ausencia de estos criterios ha permitido que proyectos de alto costo presupuestal continúen recibiendo recursos sin que se demuestre su viabilidad financiera o su impacto neto en la economía.
Perspectivas de distintos actores ante la rigidez fiscal
Desde el punto de vista del gobierno federal, la estrategia de mantener el gasto social y los proyectos emblemáticos forma parte de un compromiso político que difícilmente puede modificarse sin costo electoral. Sin embargo, los organismos empresariales y los inversionistas institucionales interpretan la misma rigidez como una señal de menor certidumbre jurídica y de posible deterioro de la posición fiscal soberana.
Los gobiernos estatales, por su parte, observan con atención cualquier señal de que las participaciones puedan verse afectadas por un mayor servicio de la deuda federal. Los pensionados y futuros jubilados, en cambio, perciben en las propuestas de revisión de programas de retiro una amenaza directa a sus ingresos futuros, lo que genera resistencia política adicional a cualquier intento de reforma estructural.
Riesgos de inacción y escenarios hacia 2030
Si se mantiene la tendencia actual, el incremento proyectado del gasto en pensiones hasta 8 por ciento del PIB en 2030 reducirá aún más el espacio fiscal disponible para inversión productiva. Este desplazamiento puede traducirse en menor crecimiento potencial de la economía y en mayor dependencia de ingresos no recurrentes o de deuda adicional.
Otro riesgo radica en la posible erosión de la confianza de los mercados. Un aumento sostenido del endeudamiento para financiar gasto corriente eleva el costo de refinanciamiento de la deuda pública y puede presionar las tasas de interés internas. Las empresas que dependen de crédito o de inversión extranjera directa enfrentarían condiciones más restrictivas en un entorno de mayor percepción de riesgo soberano.
La combinación de disciplina en el gasto, aumento de ingresos tributarios y reformas en Pemex y pensiones que propone el IMEF requiere, además, un entorno de certidumbre jurídica que permita atraer capital privado hacia sectores estratégicos. Sin esa condición, cualquier ajuste fiscal podría verse limitado por la salida de inversión o por la postergación de proyectos que generarían empleo e ingresos fiscales futuros.
El análisis del instituto no plantea soluciones inmediatas ni de fácil ejecución, pero sí identifica con claridad los puntos de presión que, de no atenderse, limitarán las opciones de política pública en los próximos años. La discusión sobre cómo equilibrar obligaciones presentes con sostenibilidad futura sigue abierta y afecta directamente tanto a las finanzas nacionales como a la capacidad de crecimiento de mediano plazo.
