Keiko Fujimori ha retomado una propuesta de su campaña de 2021 para modificar la distribución del canon minero en Perú. La candidata de Fuerza Popular plantea entregar hasta el 40% de estos recursos directamente a la población de las zonas extractivas, con el objetivo de reducir el rechazo social a la minería en regiones donde el apoyo a su candidatura sigue siendo limitado.
Contexto electoral y zonas clave
Según datos de Ipsos, Fujimori lidera la primera vuelta con el 17,1% de los votos. Sin embargo, en distritos mineros de la sierra centro-sur el respaldo a opciones castillistas, ahora representadas por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, permanece sólido. La iniciativa busca ofrecer beneficios tangibles y rápidos a comunidades locales para mejorar la percepción de la actividad minera, principal motor económico del país.
El canon minero corresponde al 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas del sector y se transfiere a gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas. En 2025, el Ministerio de Energía y Minas reportó más de 10.045 millones de soles en transferencias por canon, regalías y derechos de vigencia, de los cuales 6.992 millones correspondieron al canon. Entre 2004 y 2025 el acumulado supera los 60.000 millones de soles.
Antecedentes de transferencias directas
Experiencias previas muestran límites claros. Entre 2006 y 2011 el gobierno de Alan García implementó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, que recaudó 2.282 millones de soles mediante aportes voluntarios de empresas. Solo un tercio de los fondos se ejecutó y el esquema fue reemplazado en 2011 por tributos obligatorios como el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Especial a la Minería, tras críticas por su bajo impacto y por evitar reformas tributarias más amplias.
Críticas técnicas y riesgos económicos
El Instituto Peruano de Economía ha señalado que el canon, por su volatilidad ligada a precios internacionales del cobre y el oro, debe destinarse a inversión pública de largo plazo y no a transferencias directas. Esta última opción, según el IPE, reduciría recursos de gobiernos subnacionales y universidades, además de exponer a los beneficiarios a fluctuaciones de mercado sin resolver problemas estructurales de gestión.
El Natural Resource Governance Institute advierte que modelos exitosos como el de Alaska se basan en fondos de inversión cuyos rendimientos, y no el capital principal, se distribuyen. Aplicar el 40% del canon directamente podría generar desigualdades entre regiones y debilitar la capacidad estatal para cerrar brechas en infraestructura y servicios.
Impacto estimado y bonanza actual
Cálculos de Convoca.pe indican que, con los valores de 2018, el reparto individual anual habría oscilado entre 126 y 205 soles en Cusco, Moquegua, Áncash y Callao, y entre 61 y 94 soles en Arequipa, Tacna y Apurímac. En 2026, con el oro entre 4.300 y 4.600 dólares la onza y el cobre por encima de 5,5 dólares la libra, los montos potenciales serían mayores, aunque la dependencia de precios volátiles mantiene la incertidumbre fiscal.
Elementos adicionales del plan minero
La propuesta de Fujimori también contempla modernizar la Ley General de Minería, crear fondos de innovación para pequeña minería y minería artesanal, incentivar proveedores locales y reforzar controles contra la minería ilegal. Se plantea además impulsar asociaciones público-privadas y Obras por Impuestos para mejorar infraestructura vial y energética en zonas productoras.
El debate sobre el destino del canon refleja tensiones estructurales entre la necesidad de equidad social y la sostenibilidad fiscal. Cualquier modificación legal requeriría aprobación del Congreso y enfrentaría evaluaciones técnicas sobre su viabilidad a largo plazo en un sector expuesto a ciclos internacionales.
