El Gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron extender durante seis meses más la estrategia voluntaria para estabilizar los precios de la gasolina regular y el diésel. Con la renovación, las referencias actuales permanecerán vigentes hasta febrero de 2027: menos de 24 pesos por litro para la gasolina regular y por debajo de 27 pesos para el diésel.
La Secretaría de Energía (SENER) informó que el acuerdo será formalizado en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y dará continuidad al esquema aplicado durante agosto. En las franjas fronterizas, precisó la dependencia, los precios pueden ser menores debido a la tasa de 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), inferior a la que se aplica en el resto del país.
Una estrategia que se ha renovado desde 2025
El mecanismo para la gasolina regular comenzó en febrero de 2025, cuando el Gobierno y los empresarios del sector pactaron de manera voluntaria un precio máximo de 24 pesos por litro durante un periodo inicial de seis meses. La medida no estableció un precio único para todas las estaciones, sino una referencia que las empresas participantes se comprometieron a respetar en sus operaciones comerciales.
En septiembre de ese año, el acuerdo se extendió por otros seis meses. En ese momento, el precio promedio nacional de la gasolina regular era de 23.54 pesos por litro. Posteriormente, en marzo de 2026, ambas partes refrendaron el compromiso con la participación de aproximadamente 96 por ciento de las estaciones de servicio, una cobertura que permitió que la referencia tuviera alcance nacional amplio, aunque no necesariamente uniforme en cada región.
La evolución más reciente muestra que el promedio se ha mantenido por debajo del límite acordado. De acuerdo con un reporte de la consultoría PETROIntelligence, al 17 de agosto de 2026 la gasolina regular se vendía en promedio a 23.68 pesos por litro. La diferencia frente a la referencia de 24 pesos es reducida, por lo que factores como los costos logísticos, la competencia local, los impuestos y las condiciones de suministro continúan siendo relevantes para el precio final que paga cada consumidor.
El diésel se incorporó después de un aumento
La estrategia para el diésel se puso en marcha más tarde, después de que el combustible registrara un incremento durante marzo y abril de 2026. Su precio pasó de niveles cercanos a entre 26.50 y 27 pesos por litro a alrededor de 30 pesos, un movimiento que elevó la presión sobre transportistas y actividades productivas con alta dependencia del combustible.
En una primera etapa, las autoridades buscaron estabilizar el diésel alrededor de 28 pesos por litro. Sin embargo, a finales de abril redujeron la referencia a 27 pesos. El ajuste permitió establecer un objetivo más exigente para las empresas participantes, aunque también implicó un periodo de adaptación gradual para las estaciones que enfrentaban costos distintos según su ubicación y sus condiciones de abastecimiento.
La adhesión aumentó progresivamente. En mayo, 31.2 por ciento de las estaciones comercializaba el diésel a 27 pesos por litro o menos. La proporción subió a 77.3 por ciento en junio y alcanzó 85.8 por ciento al cierre de julio. Para el 17 de agosto, el precio promedio nacional se ubicó en 27.01 pesos por litro, prácticamente en línea con la referencia del acuerdo voluntario.
El efecto sobre consumidores y empresas
La extensión ofrece previsibilidad a los consumidores durante los próximos meses, especialmente a quienes utilizan vehículos de manera cotidiana o dependen del transporte carretero. En el caso del diésel, la referencia tiene una importancia adicional porque el combustible forma parte de los costos de operación de camiones, autobuses, maquinaria y diversas actividades agrícolas e industriales. Una estabilización prolongada puede limitar variaciones abruptas en esos costos, aunque no elimina su impacto sobre las tarifas y los precios de otros bienes.
El acuerdo, sin embargo, no equivale a una congelación absoluta del precio en todo el país. Se trata de un compromiso con referencias máximas para los combustibles señalados y puede coexistir con diferencias entre estaciones. La distancia respecto de los centros de suministro, el transporte, el volumen de ventas, la estructura de costos y la competencia regional pueden provocar precios distintos. También pueden presentarse variaciones en las zonas fronterizas por el tratamiento fiscal diferenciado del IVA.
Desde la perspectiva de las empresas gasolineras, la continuidad del esquema depende de que los costos operativos y regulatorios sean compatibles con las referencias pactadas. Por esa razón, el nuevo acuerdo contempla mesas de trabajo sobre simplificación regulatoria, fortalecimiento de las cadenas logísticas y análisis de costos. Estos temas pueden determinar si la estrategia mantiene su cobertura o si las presiones acumuladas reducen el número de estaciones dispuestas a participar.
Mesas de trabajo y compromisos del sector
El sector gasolinero reconoció avances en la simplificación administrativa, el combate al mercado ilícito de hidrocarburos, la reducción de las comisiones cobradas por pagos con tarjetas y otros medios electrónicos, así como en materia de seguridad pública. Para los empresarios, esos factores inciden directamente en los costos y en las condiciones necesarias para operar las estaciones de servicio.
El combate al mercado ilícito también tiene una dimensión de competencia. La comercialización fuera de los canales legales puede presionar los precios de manera artificial y afectar a las estaciones que cumplen con obligaciones fiscales, regulatorias y de seguridad. Al incluir este asunto en las conversaciones, el Gobierno y las empresas vinculan la estabilización de precios con una mayor vigilancia de la cadena de suministro, aunque el resultado dependerá de la aplicación efectiva de las medidas.
Quiénes participan en el acuerdo
Entre las empresas y organizaciones firmantes se encuentran Hidrosina, Onexpo Nacional, Servifácil, Grupo Petroil, Petro Seven y Grupo Burgos, además de otras compañías del sector. La participación de alrededor de 96 por ciento de las estaciones en el acuerdo de gasolina regular y el crecimiento registrado en el caso del diésel serán indicadores centrales para evaluar la continuidad de la estrategia hasta febrero de 2027.
Con la prórroga, el Gobierno busca contener la volatilidad de dos combustibles clave sin modificar por ahora las referencias vigentes. La efectividad del esquema estará determinada por tres elementos: que la mayoría de las estaciones mantenga su adhesión, que las condiciones logísticas no generen presiones adicionales y que las mesas de trabajo produzcan reducciones o eficiencias suficientes para sostener los precios acordados sin trasladar costos excesivos a las empresas participantes.
