La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que entre 2020 y 2023 el gasto en desarrollo social alcanzó niveles sin precedentes en dos décadas, actuando como principal amortiguador frente al deterioro de condiciones de vida provocadas por la pandemia. Este incremento no respondió únicamente a una reacción coyuntural, sino que se inscribió en una estrategia de política fiscal que priorizó transferencias directas a los hogares de menores ingresos, contrastando con la tendencia observada en varios países latinoamericanos donde la protección social se contrajo como proporción del PIB.
Orígenes de la progresividad fiscal mexicana
El sistema tributario mexicano ha mantenido desde hace décadas una estructura en la que el Impuesto Sobre la Renta recae de manera creciente en los deciles superiores. Los datos de 2024 confirman que los dos deciles de mayores ingresos aportaron 66.7 por ciento de la recaudación total por este concepto. Esta progresividad, sin embargo, adquirió mayor relevancia durante la emergencia sanitaria porque coincidió con un aumento simultáneo del gasto público orientado a compensar la pérdida de ingresos laborales entre los sectores más vulnerables.
Durante la crisis de 2020, la recaudación total se contrajo de forma temporal, pero el Ejecutivo mantuvo e incluso elevó el presupuesto destinado a programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida. Esta decisión implicó un reordenamiento de prioridades dentro del gasto total, elevando la participación de la protección social del 4.3 por ciento del PIB en 2020 al 5 por ciento en 2022, mientras que en la mayoría de las economías de la región ese rubro disminuyó.
Distribución del esfuerzo tributario y recepción del gasto
El informe entregado al Congreso muestra que los cinco deciles de menores ingresos aportaron apenas 18.3 por ciento de la recaudación total, mientras que el décimo decil contribuyó con 37.3 por ciento. En el lado del gasto, los recursos canalizados a desarrollo social representaron 64 por ciento del presupuesto ejercido en 2022, alcanzando 4 billones 335 mil millones de pesos, la cifra más alta registrada en 24 años. Esta combinación de mayor carga tributaria en los estratos altos y mayor recepción de transferencias en los bajos modificó temporalmente los indicadores de desigualdad de ingresos disponibles.
El efecto se observa con claridad en el comportamiento de la pobreza multidimensional. Mientras que en varios países de América Latina la tasa de pobreza aumentó entre 2020 y 2022, en México la expansión de las pensiones no contributivas y los apoyos productivos limitó el incremento y facilitó una recuperación más rápida a partir de 2023. Esta trayectoria difiere de episodios anteriores, como la crisis de 2008-2009, cuando la ausencia de mecanismos de protección social de amplio alcance amplificó el impacto sobre los hogares de menores recursos.
Repercusiones en la estructura de protección social
El mantenimiento del gasto en protección social por encima del 4 por ciento del PIB durante tres años consecutivos consolidó una red de transferencias que ahora abarca a más de 10 millones de personas adultas mayores y a cientos de miles de beneficiarios de programas de discapacidad y reforestación productiva. Esta ampliación tiene consecuencias directas sobre el consumo de los hogares más pobres y sobre la demanda agregada en regiones con alta dependencia de remesas o empleo informal.
Al mismo tiempo, el incremento del gasto en pensiones y jubilaciones del IMSS y el ISSSTE, sumado a los programas del Ramo Bienestar, ha modificado la composición del presupuesto federal. Sectores como educación y salud enfrentan presiones para competir por recursos dentro de un techo fiscal que sigue dependiendo en gran medida de los ingresos petroleros y de la recaudación del ISR. La sostenibilidad de este modelo dependerá de la capacidad de mantener tasas de crecimiento económico que amplíen la base tributaria sin elevar la tasa impositiva efectiva sobre los deciles medios.
Efectos sobre la dinámica regional y la inversión pública
En estados con alta concentración de población rural, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los programas de transferencias han representado hasta 8 por ciento del ingreso disponible de los hogares según encuestas de ingresos y gastos. Esta inyección ha permitido mantener niveles de consumo básicos y ha reducido la presión migratoria temporal observada en crisis anteriores. Sin embargo, la dependencia de transferencias no sustituye la generación de empleo formal ni la inversión en infraestructura productiva, dos variables que determinan la trayectoria de largo plazo de la pobreza.
El contraste con América Latina resulta instructivo. Países que optaron por recortar el gasto en protección social durante la pandemia experimentaron aumentos más pronunciados de la desigualdad y una recuperación más lenta del mercado laboral. México, al mantener el indicador en 5 por ciento del PIB, evitó ese escenario, pero enfrentó un déficit primario más amplio que requirió ajustes posteriores en otras partidas del presupuesto.
Perspectivas de la política fiscal hacia 2030
La experiencia de 2020-2024 sugiere que la combinación de un ISR progresivo con gasto focalizado en transferencias puede estabilizar indicadores sociales durante choques externos. No obstante, esta estrategia enfrenta límites estructurales relacionados con la informalidad laboral, que sigue superando el 55 por ciento de la población ocupada, y con la baja elasticidad de la recaudación respecto al crecimiento económico. Cualquier intento de ampliar aún más los programas sociales requerirá reformas que eleven la contribución de sectores actualmente subrepresentados en la base tributaria o que mejoren la eficiencia del gasto para evitar presiones sobre la deuda pública.
El análisis de la SHCP confirma que el gasto social actuó como estabilizador durante la crisis, pero también deja en evidencia la necesidad de vincular esos recursos con estrategias que eleven la productividad de los hogares receptores. De lo contrario, el alivio de la pobreza podría resultar transitorio y vulnerable a futuros episodios de bajo crecimiento o de reducción de los precios del petróleo.
