En junio de 2026 los retiros parciales por desempleo alcanzaron 4 mil 200 millones de pesos, un incremento real del 33.6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra, la más alta registrada desde que existe información sistemática, confirma que el fenómeno ya no responde únicamente a la dinámica del empleo, sino a la intervención sistemática de intermediarios no regulados que operan en redes sociales y espacios públicos.
¿Qué impulsa este aumento sin precedentes?
La Consar ha documentado que más de un millón de trabajadores solicitaron retiros en el primer semestre de 2026. El mecanismo permite extraer hasta 35 mil pesos en la modalidad tipo A, pero cada operación reduce las semanas de cotización en aproximadamente 120 días. Un trabajador que repite el trámite tres veces en cinco años puede perder más de un año de aportaciones acumuladas, lo que se traduce en una pensión futura menor y en requisitos más estrictos para acceder a la jubilación.
Los anuncios callejeros y las cuentas en redes sociales prometen apoyo inmediato y cobran comisiones de hasta 30 por ciento sobre el monto retirado. El trámite oficial ante las Afore es gratuito y puede realizarse directamente por el trabajador, por lo que la intermediación representa un costo neto que erosiona el ahorro sin generar ningún beneficio adicional.
Perspectivas contrapuestas entre actores clave
Los trabajadores desempleados enfrentan una disyuntiva inmediata: obtener liquidez para cubrir gastos corrientes o preservar el fondo para el retiro. Muchos optan por la primera opción ante la ausencia de seguros de desempleo robustos y la presión de obligaciones familiares. Sin embargo, los datos de la Consar muestran que quienes retiran el máximo permitido pierden en promedio dos años de cotizaciones, un costo que solo se percibe años después.
Las administradoras de fondos ven cómo estos retiros reducen el saldo administrado y, por tanto, sus ingresos por comisiones. Al mismo tiempo, enfrentan quejas de clientes que descubren semanas de cotización perdidas y exigen explicaciones sobre un proceso que legalmente no pueden impedir. La reforma pendiente al artículo 191 de la Ley del Seguro Social busca ajustar el cálculo del monto máximo permitido, pero su aprobación en el Senado sigue pendiente y su impacto dependerá de la capacidad de fiscalización posterior.
Los gestores fraudulentos operan en un vacío regulatorio. No requieren autorización de la Consar ni de la Profeco, y sus mensajes en plataformas digitales alcanzan a millones de usuarios sin costo. Esta asimetría de información permite que promesas de retiro rápido desplacen la información oficial sobre los efectos negativos a largo plazo.
El costo silencioso sobre la sostenibilidad del sistema
Cada peso retirado anticipadamente reduce el capital que se capitaliza durante décadas. Con tasas de reemplazo ya bajas en el sistema de cuentas individuales, la pérdida acumulada de semanas de cotización amenaza con aumentar la presión fiscal futura cuando esos trabajadores alcancen la edad de jubilación con saldos insuficientes. La Consar estima que el retiro promedio actual equivale a 120 semanas cotizadas; si la tendencia se mantiene, el número de trabajadores con pensiones mínimas garantizadas podría crecer significativamente en la próxima década.
Una de las consecuencias menos visibles es el efecto sobre la liquidez de los fondos de inversión. Retiros masivos obligan a las Afore a vender activos en momentos que no siempre son óptimos, generando posibles minusvalías que afectan a todos los ahorradores, no solo a quienes retiran. Este contagio interno del sistema aún no ha sido cuantificado en profundidad por las autoridades.
Riesgos estructurales y escenarios futuros
Si la reforma al artículo 191 se aprueba sin mecanismos de verificación digital de la situación laboral del solicitante, los gestores adaptarán sus mensajes para sortear los nuevos límites. La experiencia internacional muestra que restricciones puramente cuantitativas suelen ser eludidas mediante fraccionamiento de solicitudes o uso de intermediarios digitales más sofisticados.
Otro riesgo radica en la erosión de la confianza institucional. Cuando los trabajadores descubren que perdieron semanas de cotización por seguir recomendaciones de gestores no autorizados, el descrédito puede extenderse hacia las propias Afore y la Consar, dificultando futuras reformas que requieran mayor participación voluntaria del ahorro.
La proliferación de estos servicios también genera un mercado paralelo de datos personales. Los formularios que los gestores solicitan para “gestionar” el retiro contienen CURP, NSS y datos bancarios que pueden ser revendidos o utilizados para fraudes de identidad. Hasta ahora no existe un censo oficial de cuántas empresas operan bajo esta modalidad ni de los volúmenes de información que manejan.
La tendencia apunta a que los retiros seguirán elevados mientras persista la combinación de desempleo estructural, bajo conocimiento financiero y ausencia de sanciones efectivas contra la publicidad engañosa en redes sociales. Solo una estrategia que combine endurecimiento de requisitos, supervisión digital de plataformas y campañas masivas de información dirigida a trabajadores jóvenes podría alterar esta trayectoria en el mediano plazo.
