La Federación Nacional de Departamentos (FND) llevó al Gobierno nacional una propuesta amplia para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. El paquete, divulgado tras conocerse su contenido a través de Blu Radio, combina alivios tributarios, facultades extraordinarias para alcaldes y gobernadores, créditos para entidades territoriales y medidas orientadas a reactivar la economía local en los municipios golpeados por la emergencia.
La iniciativa parte de una lectura concreta de la crisis: la respuesta no puede limitarse a la ayuda humanitaria inmediata. Según la FND, la recuperación exige mover recursos con rapidez, destrabar trámites y crear incentivos para que el sector privado, los hogares y los gobiernos locales tengan margen financiero en medio de la reconstrucción. El documento fue estructurado en tres frentes: medidas municipales y departamentales, acciones de alcance nacional y herramientas de reactivación económica.
Más margen para mover recursos
Uno de los ejes centrales consiste en habilitar a alcaldes y gobernadores para reorientar recursos, ajustar temporalmente sus planes de desarrollo y modificar tarifas de impuestos territoriales. También piden cambios en los mecanismos de recuperación de cartera, con el fin de adaptar la administración pública a una emergencia que afecta viviendas, vías, escuelas, hospitales, acueductos y otros equipamientos comunitarios.
La FND sostiene que, sin ese margen de maniobra, las autoridades locales quedarían obligadas a operar bajo reglas ordinarias frente a daños extraordinarios. En esa lógica, la propuesta incluye permitir que las entidades territoriales dispongan de parte de los recursos ahorrados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, así como revisar la distribución de la sobretasa al ACPM, una fuente que podría aportar a obras urgentes de reconstrucción, movilidad, servicios públicos e infraestructura.
El planteamiento también busca acelerar la ejecución pública. La Federación considera que los municipios y departamentos necesitan decisiones rápidas para evitar que la reconstrucción quede atrapada en procedimientos que, en condiciones normales, son útiles para el control, pero que en una crisis pueden ralentizar la respuesta. Ese es un punto sensible: la flexibilidad puede mejorar la velocidad de ejecución, aunque también obliga a definir con precisión mecanismos de seguimiento para evitar usos discrecionales.
Incentivos nacionales y reactivación
En el nivel nacional, los gobernadores proponen beneficios tributarios para las donaciones dirigidas a la recuperación, con el objetivo de estimular aportes privados y canalizarlos hacia proyectos que atiendan a las comunidades damnificadas, reparen infraestructura o reactiven servicios afectados por el sismo. El paquete también contempla exenciones de renta para nuevas empresas que se instalen en las zonas impactadas, devolución del IVA por compra de maquinaria y equipos, alivios para créditos educativos y trámites preferenciales para proyectos de emergencia financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
En materia económica, la FND plantea créditos para las entidades territoriales, IVA del 0 % para materiales esenciales de reconstrucción y tarifas reducidas para transporte aéreo, combustible de aviación y hotelería en los territorios afectados. La lógica es reducir costos de operación y facilitar el flujo de insumos, personal y visitantes hacia las zonas que necesitan recuperarse. También propone ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos, para que las empresas financien directamente proyectos en municipios golpeados, en sectores como infraestructura, salud, educación, conectividad, agua y vivienda.
La Federación añade otra vía de impulso: priorizar recursos del Fondo Nacional de Turismo para apoyar a prestadores turísticos y reparar infraestructura dañada, además de ofrecer descuentos tributarios a empleadores que creen nuevos puestos de trabajo durante 2026 y 2027. A esto se suma la idea de flexibilizar plazos de pago de impuestos, permitir un desahorro extraordinario del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías y relajar temporalmente requisitos para proyectos de agua, vivienda, salud y educación.
La discusión queda ahora en manos del Gobierno nacional, que deberá valorar qué medidas puede incorporar a la respuesta institucional y cómo financiarlas sin desatender la atención urgente de las comunidades afectadas. La propuesta de los gobernadores deja claro que la reconstrucción no se resolverá solo con transferencias de emergencia: requerirá ajustes fiscales, capacidad de ejecución y una coordinación fina entre nación y territorios para evitar que la fase de recuperación se extienda más de lo necesario.
