El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanzará en la ampliación de la línea de crédito contratada con el Banco Mundial para reforzar la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La solicitud será tramitada ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, después de una reunión entre el Ejecutivo y las comisiones económicas del Congreso, en un movimiento que confirma que la respuesta fiscal a la tragedia dependerá tanto de la magnitud de los daños como de la velocidad con que se aprueben nuevos recursos.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien explicó que la gestión de los fondos requiere coordinación institucional: “Garantizar recursos para atender terremoto exige trabajo con varios actores. Hoy, en reunión con comisiones económicas del Congreso, solicitamos citar Comisión Interparlamentaria de Crédito para ampliar la línea de crédito con el Banco Mundial”. La definición no es menor. En una emergencia de esta escala, el margen de maniobra del Ejecutivo depende de instrumentos ya diseñados para contingencias, pero también de los tiempos políticos y técnicos que imponen los mecanismos de endeudamiento público.
Un financiamiento pensado para desastres
El crédito corresponde al Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, conocido como Cat DDO. Esta modalidad fue anunciada para Colombia en febrero de 2025 y está concebida para habilitar desembolsos inmediatos cuando se presentan desastres que demandan liquidez rápida. El Banco Mundial realizó el primer giro por US$200 millones el jueves 13 de agosto, apenas tres días después del sismo cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó.
La intención oficial es ampliar ese respaldo en otros US$250 millones, con lo que el monto total disponible para la emergencia llegaría a US$450 millones. La cifra ya había sido mencionada por el ministro durante su intervención ante el Congreso la semana anterior, aunque en ese momento todavía no existía una solicitud formal para acceder al tramo adicional. La diferencia entre una referencia política y una petición en trámite revela algo relevante: el Gobierno ha ido ajustando su respuesta a medida que se consolida el alcance real de la catástrofe.
Daño extendido y presión fiscal
El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 18 de agosto de 2026 a las 6:30 a. m., muestra un impacto de gran escala. Hay 15 departamentos y 472 municipios afectados, con 123.789 familias y 292.043 personas damnificadas. El registro oficial reporta 304 fallecidos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos, además de 356 rescatados. Las cifras, aún preliminares, describen un desastre cuya dimensión humana y territorial obliga a sostener recursos durante varias fases: rescate, atención médica, albergue, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura.
El deterioro material también es considerable. La Ungrd contabiliza 134.342 viviendas averiadas y 29.554 destruidas, junto con 5.808 edificios dañados y 267 colapsados. En servicios esenciales, el reporte incluye 303 centros de salud, 3.443 educativos y 3.905 comunitarios con afectaciones, además de 413 vías, cinco aeropuertos, 86 acueductos, 49 puentes vehiculares y 13 peatonales comprometidos. En un país expuesto a eventos sísmicos y con brechas estructurales en conectividad y saneamiento, ese inventario anticipa que la emergencia no termina con la asistencia inmediata: su costo fiscal puede extenderse durante meses.
La información oficial añade 1.323 animales afectados y 496 rescatados, un dato que suele quedar fuera del foco principal pero que refleja el alcance territorial de la tragedia en áreas rurales y productivas. El sismo principal tuvo magnitud 7,4 y, hasta la 1:30 de la tarde del 17 de agosto, se habían registrado 332 réplicas. La Ungrd insistió en que el balance sigue en consolidación, porque entidades territoriales y operativas continúan reportando novedades desde zonas con acceso difícil y daños todavía en evaluación.
En ese contexto, la ampliación del Cat DDO aparece como una decisión pragmática: no sustituye la respuesta humanitaria ni la reconstrucción, pero sí busca evitar que la emergencia quede atrapada entre la urgencia operativa y la disponibilidad inmediata de caja. El trámite ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público será, por tanto, una prueba de coordinación entre Gobierno y Congreso en medio de la fase más costosa de la recuperación.
