El Gobierno nacional puso en marcha este miércoles el procedimiento formal de inscripción para quienes deseen participar en las subastas públicas vinculadas a la venta y concesión de activos estatales. La medida, formalizada mediante la Disposición N° 52/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece las condiciones que deberán cumplir los eventuales oferentes y forma parte del plan de modernización y simplificación burocrática impulsado por la administración de Javier Milei.
La titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Agustina Rocío Brichetti, dispuso que los interesados en las subastas deberán inscribirse previamente en el módulo denominado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, disponible en la plataforma CONTRAT.AR. Solo quienes completen ese registro podrán intervenir en las operaciones que se realicen a través del sistema SUBAST.AR, el canal oficial para materializar las privatizaciones previstas en la Ley de Bases y en la Ley de Reforma del Estado N° 23.696.
El esquema no es del todo nuevo: ya había sido aprobado en agosto de 2025 por la Disposición N° 29. La normativa actual aclara, además, que quienes figuren como Concesionarios bajo la Ley N° 17.520 —conforme al procedimiento de la Disposición N° 84 de noviembre de 2024— también podrán participar, siempre que las subastas se convoquen en el marco de las leyes 27.742 y 23.696. Para operar en SUBAST.AR, los interesados deben declararse como oferentes desde la plataforma COMPR.AR, en el apartado de “Subasta Pública”. Quedan exceptuados de ese paso quienes ya estén incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y hayan validado su inscripción en el módulo de privatizaciones.
Otro requisito técnico relevante es la coincidencia de identidad del Administrador Legitimado: el usuario designado en SUBAST.AR o validado en COMPR.AR debe ser el mismo que figure en CONTRAT.AR al momento de la inscripción o de la última actualización de datos. La coincidencia busca reducir inconsistencias y reforzar la trazabilidad de cada postulación.
Metas fiscales y cronograma de ventas
La privatización de empresas públicas se consolidó como uno de los ejes del programa financiero argentino para el período 2026-2027. El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares por la venta de activos estatales antes de que finalice el mandato presidencial. El objetivo declarado es reforzar las reservas y atender los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que este año ascienden a unos 19.200 millones de dólares.
Según la hoja de ruta oficial, el grueso de los flujos se concentra en 2027, aunque varias operaciones podrían cerrarse antes. Caputo confirmó que ya se concretó la venta de Transener y que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) es la siguiente en la fila, con fechas y etapas definidas. Las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano podrían salir a subasta hacia fines de este año o, en un escenario más conservador, durante 2027.
AySA, el proceso más avanzado
Hasta el momento, la operación de AySA concentra la mayor atención del mercado. El proceso contempla dos etapas principales. El 27 de agosto se abrirán los sobres técnicos, en los que los interesados deberán acreditar capacidad financiera y experiencia operativa. Solo quienes superen ese filtro accederán a la apertura de las ofertas económicas, prevista para mediados de septiembre. El pago se recibiría hacia mediados de octubre, seguido de la firma del contrato de adjudicación.
Las autoridades anticiparon que la documentación técnica y la oferta monetaria deberán presentarse de manera simultánea. Si algún interesado solicita prórroga, el cronograma podría extenderse. La definición de estos plazos busca dar previsibilidad a los potenciales compradores y acotar el margen de demoras administrativas que históricamente han afectado procesos similares en el país.
Termoeléctricas y el complejo Los Nihuiles
Las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano se encuentran en fase de preparación documental para el lanzamiento de las licitaciones. El Gobierno estima que, de cumplirse los plazos, los ingresos de estas operaciones podrían sumarse a los de AySA antes de fin de año, aportando divisas en un momento de fuerte presión sobre el servicio de la deuda externa.
El anuncio más reciente corresponde a la privatización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, en Mendoza. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial, busca un nuevo concesionario para el complejo integrado por cuatro centrales sobre el río Atuel. El pliego incluye el otorgamiento de una concesión por treinta años y la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), empresa creada para administrar los activos tras el vencimiento de las concesiones originales en 2024.
El actual operador, Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), tiene participación mayoritaria de Pampa Energía, controlada por Marcelo Mindlin. La administración transitoria de HEMSA y de Empresa Mendocina de Energía S.A.P.E.M. (EMESA) se extenderá hasta que el adjudicatario asuma la operación o, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026. El complejo cuenta con una capacidad instalada de 290 MW y abastece al sur de Mendoza, además de aportar energía renovable al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Dos de sus centrales permanecen fuera de servicio desde enero de 2025, luego de un aluvión que dañó equipos y obligó a prorrogar la gestión transitoria. Por esa razón, el futuro concesionario deberá comprometer inversiones en rehabilitación de instalaciones y modernización tecnológica, un requisito que elevará la exigencia de solidez financiera de los oferentes y podría condicionar el valor final de la operación.
Alcance institucional del nuevo procedimiento
La disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones unifica criterios de acceso y reduce la dispersión de requisitos entre plataformas. Al concentrar la inscripción en un módulo específico de CONTRAT.AR y alinear la identidad del administrador legitimado entre sistemas, el Estado busca acortar tiempos de verificación y limitar objeciones formales durante las subastas. En la práctica, el esquema combina la experiencia previa de concesionarios ya registrados con la apertura a nuevos interesados que cumplan los estándares de SIPRO y del módulo de privatizaciones.
El avance de estas operaciones se inserta en un contexto de fuerte demanda de divisas y de necesidad de señalizar a los mercados un compromiso sostenido con la reducción del perímetro estatal. La ejecución efectiva de los cronogramas de AySA, las termoeléctricas y Los Nihuiles será, en los próximos meses, el principal indicador de si las proyecciones de ingresos por más de 2.000 millones de dólares se traducen en resultados concretos antes del cierre del ciclo fiscal 2026-2027.
