El Ejecutivo avanza en un plan para combatir la evasión en supermercados mediante métodos presuntivos que calculan la facturación esperada a partir de datos de proveedores y metros cuadrados de cada local. La iniciativa replica el modelo aplicado por la Ciudad de Buenos Aires en 2019 y busca ampliar la base tributaria sin elevar la presión sobre el sector formal.
Según fuentes del sector y oficiales, el secretario Pablo Lavigne confirmó a las grandes cadenas que ya se realizan pruebas piloto y solo restan ajustes técnicos con ARCA. Las estimaciones del propio supermercadismo indican que la subdeclaración alcanza entre 50% y 60% en los comercios de proximidad, detectada por precios por debajo del costo y ausencia de tickets.
El esquema permite al fisco determinar el tributo y, en caso de discrepancia, exige al contribuyente que demuestre ventas inferiores mediante sus registros. Esta herramienta, ya probada con éxito en CABA, representa la primera vez que un gobierno nacional adopta una decisión política concreta para reducir la informalidad en el canal minorista.
