El Tribunal de Patentes y Mercados de Estocolmo condenó a Google a indemnizar a PriceRunner con 1.300 millones de euros por haber favorecido de forma ilegal su propio servicio de comparación de precios durante más de una década. La sentencia, dictada el 30 de junio, representa la mayor compensación jamás otorgada en Suecia en un litigio de competencia y confirma que el abuso de posición dominante de Google causó daños concretos a su competidor nórdico.
PriceRunner, adquirido por Klarna en 2021, opera en Suecia, Dinamarca, Noruega y Reino Unido. La empresa reclamaba inicialmente 5.800 millones de euros más intereses, pero el tribunal reconoció solo parte de sus pretensiones y rechazó la compensación por el periodo posterior a septiembre de 2017 que Google consideraba ya corregido.
Contexto del caso Google Shopping
La resolución se basa en la decisión de la Comisión Europea de junio de 2017 que ya declaró ilegal el comportamiento de Google. Según Bruselas, el motor de búsqueda priorizaba sus resultados de comparación de precios frente a los de rivales independientes, desviando tráfico y reduciendo la visibilidad de competidores. El tribunal sueco determinó que ese favorecimiento se mantuvo activo en Suecia y Dinamarca hasta al menos 2017 y en el Reino Unido desde 2008, periodos por los que ahora se reconoce indemnización.
Google argumentó que el abuso cesó tras la decisión europea y que PriceRunner no acreditó pérdidas. El tribunal rechazó ambas tesis y estableció que el daño continuó más tiempo del alegado por la compañía estadounidense, aunque limitó la compensación al periodo probado y consideró prescrita parte de la reclamación posterior.
Desglose de la indemnización
La sentencia obliga a Google a pagar algo más de 1.000 millones de coronas suecas por el mercado sueco, 675 millones de coronas danesas por Dinamarca y 950 millones de libras esterlinas por Reino Unido. A estas cantidades se suman intereses acumulados de aproximadamente 400 millones de coronas suecas, 250 millones de coronas danesas y 300 millones de libras. El total ronda los 1.300 millones de euros.
La jueza Linda Kullberg destacó la complejidad del expediente y señaló que, aunque PriceRunner no obtuvo el éxito total que buscaba, la indemnización constituye un precedente significativo en el derecho de competencia sueco. El fallo confirma que el abuso generó una reducción medible del tráfico orgánico hacia los comparadores rivales y un aumento paralelo hacia Google Shopping.
Implicaciones para la regulación digital
Este resultado judicial llega en un momento en que las autoridades europeas refuerzan la aplicación de la Ley de Mercados Digitales. La sentencia demuestra que las empresas afectadas por prácticas anticompetitivas pueden obtener compensaciones económicas sustanciales incluso cuando la sanción administrativa ya ha sido impuesta por la Comisión Europea. Al mismo tiempo, el tribunal limitó el alcance temporal de la indemnización, lo que podría influir en futuros litigios sobre prescripción de acciones de daños.
Google mantiene que implementó cambios en su servicio tras la decisión de 2017 y que el mercado de comparación de precios ha evolucionado con nuevos actores. Sin embargo, el fallo establece que esos ajustes no fueron suficientes para eliminar el daño causado durante los años anteriores y que la empresa debe responder económicamente por ese periodo.
El caso también pone de relieve la dificultad de cuantificar daños en mercados digitales donde el tráfico orgánico constituye un activo esencial. PriceRunner logró demostrar una relación causal entre el posicionamiento preferente de Google y la pérdida de visitas y comisiones, pero no convenció al tribunal sobre la totalidad del periodo reclamado ni sobre el importe máximo solicitado.
La resolución del Tribunal de Patentes y Mercados de Estocolmo abre la puerta a que otras plataformas de comparación de precios evalúen posibles acciones similares contra Google en jurisdicciones europeas donde se aplicó la misma práctica. Al mismo tiempo, refuerza la posición de la Comisión Europea en su supervisión de los gatekeepers digitales y muestra que las decisiones administrativas pueden tener consecuencias económicas directas y cuantificables para las víctimas de abusos de posición dominante.
