Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y uno de los nombres más visibles en la carrera para suceder a António Guterres, ha hecho algo poco habitual en plena campaña diplomática: describir el estado de la ONU no como una crisis súbita, sino como una erosión sostenida. Su frase sobre una “muerte lenta” no es solo una provocación retórica. Encierra una lectura severa del momento multilateral: la organización no estaría a punto de colapsar, pero sí atrapada en una pérdida acumulada de autoridad, utilidad y capacidad de respuesta.
Esa diagnosis importa porque Grossi no habla desde la periferia del sistema, sino desde uno de sus centros técnicos más sensibles. El OIEA se ha convertido en una pieza decisiva en la gestión de los riesgos nucleares, desde Irán hasta Ucrania, y su director conoce de primera mano los límites entre verificación, disuasión y política. Cuando afirma que la ONU se ha ido desmoronando por no aportar una contribución significativa a guerras interestatales o crisis recientes, está verbalizando una frustración que comparten muchos diplomáticos: el Consejo de Seguridad sigue existiendo, pero su capacidad de producir resultados tangibles se ha reducido de forma visible.
La candidatura de Grossi se ha movido, además, en un terreno políticamente delicado. En círculos de la ONU llegó a ser visto como un posible aspirante “estadounidense”, una etiqueta que en Nueva York suele abrir puertas en algunos despachos y cerrarlas en otros. Su cercanía a Donald Trump, o al menos la percepción de afinidad con una agenda más centrada en seguridad que en desarrollo, introduce una tensión estructural: la Secretaría General necesita ser aceptable para Washington sin quedar absorbida por Washington. Ese equilibrio ha sido difícil para casi todos los candidatos en la era de la polarización estratégica, pero con Grossi el problema es más visible porque su perfil técnico encaja bien con un mundo obsesionado con amenazas duras y, al mismo tiempo, despierta sospechas en quienes temen una ONU menos universal y más alineada con la lógica de las potencias.
La primera votación informal del Consejo de Seguridad lo dejó en tercer lugar, por detrás de Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett. El dato no debe leerse como una sentencia, pero sí como un termómetro. En procesos de este tipo, la ronda inicial rara vez decide el resultado final; lo que sí hace es revelar qué tipo de liderazgo busca el sistema. Si los apoyos se inclinan hacia una economista costarricense o una embajadora guyanesa, el mensaje es claro: el próximo secretario general podría ser evaluado menos por su capacidad para gestionar crisis militares y más por su habilidad para recomponer confianza entre Norte y Sur, y entre la Secretaría y los Estados miembros. Que varios analistas interpreten la tendencia como un giro latinoamericano refuerza esa lectura regional, aunque no la garantiza.
La importancia real del debate va más allá de los nombres. La ONU atraviesa una contradicción que se ha agravado en la última década: se le exige que resuelva conflictos cada vez más duros, con menos consenso entre los grandes y con una legitimidad pública más frágil. En los últimos años, las guerras en Ucrania y Gaza, la paralización recurrente del Consejo de Seguridad y la competencia geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia han mostrado que el sistema puede documentar, mediar o condenar, pero no siempre imponer una salida. A eso se suma la presión sobre las agendas climática y social, donde la distancia entre promesas multilaterales y resultados medibles ha alimentado la sensación de desgaste institucional. Grossi apunta precisamente a esa brecha: una organización que produce lenguaje diplomático, pero ya no siempre produce capacidad de transformación.
Ahí surge el primer punto de fondo. El problema de la ONU no es únicamente de financiación o burocracia, sino de mandato efectivo. La organización acumula expectativas incompatibles: debe prevenir guerras, coordinar ayuda, fijar normas, impulsar desarrollo y sostener consensos globales sobre clima y derechos. Ninguna institución puede absorber sola ese volumen de funciones cuando sus miembros están divididos sobre casi todo. La “muerte lenta” no describe una desaparición, sino la inflación de tareas sin aumento equivalente de poder real. Ese desajuste explica por qué muchas misiones de la ONU siguen siendo indispensables sobre el terreno y, aun así, la percepción pública de inutilidad crece.
El segundo punto es que el próximo secretario general podría llegar con menos margen para el idealismo y más presión para administrar fracturas. Si Grossi avanzara, su experiencia técnica en no proliferación sería una ventaja en un mundo donde la disuasión nuclear vuelve a ocupar el centro del tablero. Pero esa misma especialización puede limitar su base política si los Estados miembros quieren un perfil más capaz de reconstruir legitimidad, no solo de gestionar crisis. En otras palabras, la pregunta no es solo quién entiende mejor los riesgos globales, sino quién puede convencer a gobiernos enfrentados de que la ONU sigue siendo útil para algo más que emitir comunicados. El liderazgo de la Secretaría General se ha vuelto una mezcla de mediación, resistencia institucional y gestión de expectativas; un perfil demasiado ligado a una sola agenda corre el riesgo de no representar el conjunto.
El tercer ángulo es la dimensión de legitimidad interna. La desconfianza hacia figuras percibidas como cercanas a grandes potencias no es un capricho ideológico; responde a una experiencia acumulada de asimetría. Para muchos países del Sur Global, la ONU solo conserva valor si puede limitar la captura por parte de los más fuertes. De ahí que la idea de un candidato “estadounidense” genere resistencias, aunque la etiqueta sea más interpretativa que formal. Al mismo tiempo, para varios miembros del Consejo de Seguridad, un secretario general con acceso directo a las capitales de poder puede parecer una ventaja práctica en un ciclo de guerra prolongada. El conflicto de fondo es evidente: la institución necesita autoridad moral, pero también eficacia política, y rara vez puede maximizar ambas al mismo tiempo.
El caso iraní ilustra bien ese dilema. Grossi se apartó de la decisión política en torno a los ataques de EE. UU. e Israel en junio de 2025 y sostuvo que un informe de verificación sobre el programa nuclear de Teherán difícilmente podía servir como base para una acción militar. Esa afirmación dibuja una línea importante entre inspección técnica y justificación bélica. También muestra por qué su perfil resulta útil y controvertido a la vez: en un entorno donde los Estados intentan instrumentalizar información, un jefe del OIEA con autoridad técnica puede frenar abusos, pero también quedar atrapado en batallas narrativas. La ONU de la próxima década necesitará precisamente esa clase de funcionarios, aunque quizá no bajo una lógica tan limitada a la gestión de expedientes como la que ha dominado hasta ahora.
El escenario más probable es una Secretaría General sometida a una presión doble. Por un lado, se le pedirá mayor firmeza frente a las guerras y los riesgos estratégicos; por otro, deberá sostener agendas de desarrollo y clima en un contexto de menor entusiasmo político y recursos más dispersos. Si la próxima elección favorece a un perfil latinoamericano, la expectativa de renovación regional puede ayudar a restaurar cierta confianza, pero no resolverá el problema central: sin convergencia entre los miembros permanentes, la ONU seguirá dependiendo de liderazgos que administren la decadencia sin poder revertirla del todo. Grossi ha puesto ese dilema sobre la mesa con una crudeza inusual. La pregunta de fondo ya no es si la organización sobrevivirá, sino qué clase de utilidad concreta podrá defender para no volverse irrelevante en cámara lenta.
