Guatemala asumió la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) para el período comprendido entre agosto de 2026 y agosto de 2027, en un momento marcado por la reforma de su sistema portuario. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) vinculó la designación con la posibilidad de promover desde el ámbito regional iniciativas sobre desarrollo portuario, conectividad y competitividad.
El relevo fue comunicado después de la aprobación del Decreto 20-2026, la Ley General del Sistema Portuario Nacional, respaldada por 123 votos en el Congreso de Guatemala durante la madrugada del 5 de agosto. El CIV ejercerá la representación guatemalteca en la comisión en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional y como institución responsable de las competencias estatales relacionadas con el transporte.
Una presidencia regional en plena reforma portuaria
La nueva responsabilidad también se relaciona con la participación del ministerio en el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica, conocido como COMITRAM. La COCATRAM asesora a ese consejo en asuntos vinculados con el transporte marítimo y el desarrollo portuario regional, dentro del marco del Sistema de la Integración Centroamericana.
Según el CIV, la presidencia permitirá dar continuidad a proyectos regionales y a iniciativas contempladas en el marco estratégico institucional de la comisión. La función no supone únicamente una representación protocolaria: coloca a Guatemala en una posición desde la cual podrá contribuir a coordinar prioridades comunes en una región cuya actividad comercial depende de la eficiencia de sus puertos, sus conexiones terrestres y sus procedimientos fronterizos.
La designación llega, además, cuando el país intenta reorganizar la administración de sus instalaciones portuarias. Durante el proceso de elaboración y aprobación de la nueva ley, la COCATRAM acompañó al país y brindó cooperación técnica. Ese antecedente puede facilitar la articulación de la agenda nacional con estándares y proyectos de alcance centroamericano, aunque la aplicación efectiva de la reforma dependerá de la creación de las nuevas instituciones y de su capacidad operativa.
Qué cambia con la Ley General del Sistema Portuario
La normativa aprobada por el Congreso busca modernizar el marco jurídico de los puertos, reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de competitividad del comercio exterior. El diagnóstico que sustenta el decreto identifica duplicidad de funciones, instituciones consideradas obsoletas y ausencia de reglas suficientemente claras para orientar la inversión y la expansión de la infraestructura.
La ley responde también a una carencia institucional específica: Guatemala no contaba con una autoridad nacional moderna y autónoma para regular de manera integral su sistema portuario. El decreto crea la Autoridad Portuaria Nacional como una entidad autónoma y descentralizada del Estado, con facultades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar, verificar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y los convenios internacionales ratificados por el país.
El artículo 11 establece que el directorio de la nueva autoridad estará integrado por un miembro titular y su suplente, designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, además de representantes de los ministerios de Economía; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y de Gobernación. Esta composición concentra en el nuevo organismo competencias relacionadas con la política económica, la infraestructura y la seguridad, áreas que inciden directamente en el funcionamiento de los puertos.
Seguridad, coordinación y trámites digitales
Entre los objetivos de la reforma figura corregir la insuficiencia de los estándares de seguridad y protección portuaria, así como fortalecer el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Para ello, la norma refuerza el CONAPROP, integrado por instituciones como los ministerios de Gobernación y Defensa, la Superintendencia de Administración Tributaria, Migración, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
El decreto contempla además un Equipo Auditor Interinstitucional encargado de verificar en campo el cumplimiento de las medidas de protección portuaria. La participación de varias entidades busca evitar que la seguridad, el control aduanero, la migración y la investigación penal operen de forma aislada. Sin embargo, la coordinación entre organismos con atribuciones distintas será un factor determinante para que los nuevos controles no se traduzcan en mayores demoras para las operaciones comerciales.
Otro componente de la reforma es la digitalización de los servicios portuarios. La ley prevé un portal interinstitucional para realizar trámites electrónicos bajo un esquema de ventanilla única, con el propósito de reducir gestiones repetitivas y facilitar la relación entre operadores, autoridades y usuarios. En el comercio marítimo, donde los tiempos de despacho influyen en los costos logísticos, la utilidad de esta herramienta dependerá de su interoperabilidad, de la calidad de los datos y de la capacidad de las instituciones para mantener procesos coordinados.
Planificación y nuevas tarifas
La normativa también crea el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario, denominado Planport. El instrumento deberá definir objetivos, prioridades, metas e indicadores para la modernización, el desarrollo y la sostenibilidad del sistema. Su finalidad es reducir los tiempos y costos del comercio exterior, pero su impacto estará ligado a la continuidad de las inversiones y a la capacidad de convertir la planificación en proyectos verificables.
El artículo 53 establece el patrimonio del sistema e incorpora una tarifa portuaria aplicable a todos los buques por el manejo de carga en operaciones de embarque y desembarque. Asimismo, fija una tarifa turística de 2 dólares por pasajero que desembarque o aborde cruceros o embarcaciones similares. Cuando las instalaciones turísticas funcionen dentro de áreas administradas por operadores públicos portuarios, el 50% de esa tarifa corresponderá al operador público.
La creación de estos cobros abre una fuente de ingresos para el sistema, aunque también hace relevante la transparencia en su administración y la relación entre las tarifas, la calidad de los servicios y las inversiones realizadas. Para los operadores marítimos y los usuarios del comercio exterior, el resultado dependerá de que la modernización institucional produzca mejoras concretas y no solo nuevas obligaciones administrativas.
La posición estratégica de Guatemala
La ley parte de la ubicación de Guatemala entre los océanos Pacífico y Atlántico como una ventaja para facilitar el comercio internacional, acortar distancias hacia América del Norte y del Sur y funcionar como puente logístico para Centroamérica. En ese esquema, identifica como principales instalaciones a Puerto Quetzal, en el Pacífico, y a Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, en el Atlántico.
La presidencia de la COCATRAM ofrece al país una plataforma para impulsar esa visión en coordinación con sus vecinos. El desafío será vincular la agenda regional con la ejecución de la reforma interna, mejorar la conectividad entre puertos y mercados y garantizar que la seguridad y la regulación acompañen el crecimiento de las operaciones sin generar obstáculos adicionales. El período que concluirá en agosto de 2027 permitirá evaluar si la nueva conducción regional coincide con avances concretos en la transformación del sistema portuario guatemalteco.
