El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicará este jueves 27 de agosto ante el Congreso un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, luego de que las comisiones económicas devolvieran la propuesta dejada por el Gobierno de Gustavo Petro. El punto que derribó el texto anterior fue una brecha de $30,2 billones entre los ingresos estimados y el gasto proyectado. La nueva iniciativa llega además bajo la presión de las necesidades de reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto del 10 de agosto.
La propuesta anterior, presentada a finales de julio de 2026, ascendía a $575,6 billones, equivalentes al 27% del PIB. Preveía ingresos por $545,4 billones, por lo que no contaba con respaldo claro para cubrir la diferencia. El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, sostuvo que el nuevo documento corregirá “una serie de inconsistencias” y buscará ordenar el año fiscal, incluida una revisión de los gastos de funcionamiento del Estado.
El Congreso tiene fechas definidas
Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara deberán fijar el monto definitivo antes del 15 de septiembre y aprobar el articulado a más tardar el 25 de ese mes. Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, entrará a regir el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda con las modificaciones que hayan sido aprobadas durante el primer debate.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señaló que el problema del presupuesto devuelto no se limitaba al volumen del gasto. Según su análisis, los ingresos aforados bajaban de $562,5 billones en 2026 a cerca de $545,5 billones en 2027, una reducción de $17 billones. Aunque el proyecto planteaba disminuir el gasto, la caída de los ingresos era mayor y mantenía abierta la brecha fiscal.
Recortes concentrados fuera de la nómina
Frente al PGN vigente para 2026, el texto anterior proponía una disminución real total de $13,5 billones. Sin incluir un aplazamiento pendiente para 2026, el gasto de funcionamiento pasaba de $387,9 billones a $367,7 billones, un recorte real de $20,2 billones o 5,2%. La inversión descendía $4,9 billones, mientras el servicio de la deuda aumentaba $11,6 billones.
Dentro del funcionamiento, la mayor reducción recaía sobre transferencias, que bajaban de $290,1 billones a $277,2 billones. Bienes y servicios pasaban de $22 billones a $17,9 billones, y los gastos de personal disminuían $3,1 billones. Para el Observatorio, el ajuste no se concentraba principalmente en la nómina estatal, mientras obligaciones más rígidas, como el Sistema General de Participaciones y las pensiones, continuaban al alza.
La inversión, bajo revisión
La distribución sectorial también mostraba recortes relevantes. Presidencia registraba la mayor caída real, de 72,2%, principalmente por la reducción del presupuesto de la Ungrd. Frente al anteproyecto de abril, la asignación para la Agencia Nacional de Infraestructura bajaba de $26,2 billones a $9,8 billones; educación reducía $10 billones, trabajo $5,5 billones, Minas y Energía $5,2 billones y salud $2 billones.
El Observatorio advirtió que la inversión ha sido uno de los rubros más afectados en los ajustes fiscales, mientras otros componentes del gasto han mostrado menor capacidad de reducción. El nuevo proyecto deberá definir cómo se compatibiliza el ajuste prometido por Hacienda con posibles reasignaciones para atender la emergencia provocada por el terremoto, sin que el texto fuente precise todavía el monto ni la distribución de esos recursos.
