El caso de la familia fundadora de Nexon en Corea del Sur ilustra cómo un sistema fiscal que grava las herencias puede transformar la estructura de propiedad de una empresa sin que el Estado asuma el control operativo. La viuda y las hijas de Kim Jung-ju entregaron cerca de 852 mil acciones de NXC al Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir parte de los 6 billones de wones adeudados. Esa transacción convirtió al gobierno en el segundo mayor accionista de la controladora del grupo, aunque la familia conservó cerca del 70 por ciento de las acciones y mantuvo la dirección estratégica.
La familia Kim y el costo de la sucesión
Kim Jung-ju creó Nexon en 1994 y la convirtió en una de las principales desarrolladoras de videojuegos del país con títulos como MapleStory. Tras su muerte en 2022, los herederos enfrentaron una valuación de más de 10 billones de wones. El pago en acciones evitó la venta forzada de otros activos y permitió que la compañía siguiera operando sin interrupciones. Sin embargo, la dilución de la participación familiar redujo el margen de maniobra para futuras decisiones que requieran unanimidad accionaria.
Este mecanismo muestra que los impuestos a las herencias no necesariamente destruyen empresas familiares cuando existe liquidez en forma de títulos bursátiles. La familia perdió influencia porcentual pero preservó la capacidad de veto y la gestión diaria. El precedente contrasta con situaciones donde los herederos deben vender participaciones a terceros para reunir efectivo, lo que puede introducir inversionistas activistas o competidores.
El gobierno coreano como accionista involuntario
Al recibir las acciones, el Estado coreano no buscó participar en las juntas directivas ni influir en el desarrollo de juegos. Su objetivo inmediato fue monetizar el paquete recibido. En 2026, NXC recompró parte de esas acciones por 1.0227 billones de wones, reduciendo la posición gubernamental y devolviendo liquidez al erario. El episodio revela que la recepción de acciones como pago fiscal obliga al Estado a desarrollar capacidades de administración temporal de activos empresariales, algo poco habitual en economías donde las herencias no se gravan de forma tan directa.
Sheinbaum cierra la puerta al debate mexicano
La ministra Lenia Batres sugirió revisar la exención de ISR sobre herencias y legados durante la discusión de un caso relacionado con recursos de Afore. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de inmediato cualquier iniciativa en esa dirección. Su postura separa claramente la opinión personal de una ministra de la política del Ejecutivo federal y evita que el tema entre en la agenda legislativa durante el sexenio. Esta decisión mantiene intacta la regla actual: las personas físicas no pagan ISR por recibir bienes heredados, aunque deben declararlos si sus ingresos totales superan los 500 mil pesos anuales.
Al rechazar el debate, el gobierno mexicano preserva un entorno donde las empresas familiares pueden transmitir el control generacional sin enfrentar una factura fiscal inmediata. Esa certidumbre reduce el incentivo para estructuras corporativas complejas diseñadas únicamente para eludir impuestos futuros, pero también deja sin resolver la concentración de riqueza que puede derivarse de herencias muy elevadas.
Tensiones entre equidad fiscal y continuidad empresarial
Los defensores de gravar las herencias argumentan que los recursos públicos obtenidos pueden destinarse a programas de movilidad social y que la exención actual favorece a un pequeño grupo de familias con patrimonios significativos. En el caso coreano, el pago con acciones demostró que el Estado puede captar valor sin liquidar la empresa. En México, la ausencia de este impuesto significa que el fisco no recibe nada cuando se transfieren participaciones accionarias de alto valor, aunque tampoco genera la distorsión de tener al gobierno como accionista temporal.
Los críticos de la propuesta mexicana señalan que las empresas familiares representan una proporción importante del empleo y la inversión en sectores estratégicos. Introducir un gravamen podría acelerar la venta de participaciones a fondos de capital privado o a competidores extranjeros, alterando el tejido empresarial nacional. Sheinbaum parece priorizar la estabilidad de estos grupos sobre la recaudación adicional que podría obtenerse en casos excepcionales.
Escenarios futuros ante la presión internacional
La comparación con Corea del Sur y con el caso Samsung, donde la familia Lee pagó alrededor de 140 mil millones de pesos en impuestos por herencia, coloca a México en una posición minoritaria entre economías de la OCDE. Si organismos multilaterales incrementan la recomendación de impuestos a la riqueza o a las sucesiones como herramienta de equidad, el gobierno mexicano podría enfrentar presiones diplomáticas o de calificación crediticia que obliguen a reconsiderar la postura actual.
Un escenario intermedio consistiría en mantener la exención para herencias de hasta cierto monto y aplicar un gravamen progresivo solo a patrimonios superiores a un umbral elevado. Esta fórmula reduciría la resistencia política y permitiría recaudar recursos en los casos más visibles sin afectar a la mayoría de las familias. Otro riesgo es que la falta de un marco fiscal claro incentive el uso de fideicomisos offshore o estructuras extranjeras para planificar sucesiones, erosionando la base recaudatoria interna a largo plazo.
El caso Nexon demuestra que el pago con acciones puede resolver la liquidez sin destruir el control familiar, siempre que exista un mercado secundario o una recompra posterior. México carece de un mecanismo equivalente porque no existe el impuesto que lo active. La decisión de no abrir el debate mantiene el statu quo, pero también pospone la discusión sobre cómo equilibrar la equidad intergeneracional con la necesidad de preservar la continuidad de empresas que generan empleo y valor económico. Las próximas administraciones heredarán este dilema sin que el precedente coreano haya sido explorado a fondo en el debate público nacional.
