La recuperación de 386 inmuebles por parte del gobierno de Hidalgo, con un valor estimado en mil 200 millones de pesos, representa un paso concreto en la reincorporación de activos públicos que durante años permanecieron subutilizados. Según el oficial mayor Orlando Ángeles, estos espacios ahora permiten alojar dependencias como el Tribunal de Justicia Administrativa y la Casa del Adolescente, lo que reduce la necesidad de arrendamientos externos y optimiza el gasto corriente.
La recuperación como indicador de eficiencia administrativa
El dato central no radica solo en la cantidad de predios, sino en el cambio de criterio que implica su aprovechamiento inmediato. Anteriormente, muchos de estos inmuebles carecían de un destino definido, lo que generaba costos de vigilancia y deterioro progresivo sin contraprestación alguna. La decisión de destinarlos a oficinas estatales demuestra una lógica de asignación interna que prioriza el uso propio sobre la contratación de terceros. Esta práctica, si se mantiene, puede traducirse en ahorros recurrentes en el presupuesto de arrendamientos, un rubro que suele absorber recursos significativos en entidades federativas.
El incremento del patrimonio estatal de 55 mil millones de pesos al final de la administración anterior a 71 mil millones de pesos actuales equivale a un crecimiento cercano al 29 por ciento en términos nominales. Aunque parte de este aumento podría atribuirse a revaluaciones catastrales o a la incorporación de nuevos activos, el hecho de que se haya logrado sin reportar adquisiciones masivas sugiere que la recuperación de predios subutilizados ha sido el factor determinante.
Valoración patrimonial: más allá de los números
Uno de los aspectos que merece atención es la relación entre el valor declarado y la capacidad real de generar ingresos o servicios. El patrimonio inmobiliario no solo se mide por su precio de mercado, sino por su productividad. Los 27 procedimientos jurídicos pendientes, que podrían sumar 54 predios adicionales, plantean un escenario donde el resultado final dependerá de la resolución de litigios que a menudo se extienden por años. La experiencia en otras entidades muestra que los casos de recuperación de bienes públicos enfrentan recursos de amparo y disputas de posesión que reducen la tasa efectiva de éxito.
El mantenimiento de más de cuatro mil acciones en inmuebles públicos, con énfasis en el Palacio de Gobierno y el Parque Cultural Hidalguense, introduce otra variable. El parque, tras su rehabilitación, recibió 800 mil visitantes y albergó 500 actividades. Esta cifra indica un retorno social medible, pero también evidencia que el mantenimiento sostenido requiere recursos anuales que no siempre se presupuestan de manera continua. La experiencia de administraciones pasadas, donde la falta de mantenimiento provocó deterioro acelerado, sugiere que el éxito dependerá de la institucionalización de un programa plurianual de conservación.
Impacto en dependencias y comunidades locales
La habilitación de espacios para el Tribunal de Justicia Administrativa y el Centro de Transición tiene efectos directos sobre la operación de estas instancias. Al contar con instalaciones propias, se reduce la dependencia de contratos de renta que suelen ajustarse anualmente por inflación. Para los servidores públicos que laboran en estas sedes, la estabilidad de ubicación puede mejorar la continuidad de proyectos y la atención al público. En comunidades donde se ubican los predios recuperados, la reactivación de edificios vacíos puede influir en la percepción de seguridad y en el valor de propiedades adyacentes.
Desde la perspectiva de los contribuyentes, el aumento del patrimonio estatal sin incremento proporcional de la deuda representa un balance positivo. Sin embargo, surge la pregunta sobre la transparencia en la asignación de estos inmuebles a dependencias específicas. La ausencia de un inventario público detallado que muestre ubicación, superficie y destino actual de cada predio limita la posibilidad de auditoría ciudadana.
Riesgos de sostenibilidad y tendencias futuras
El principal riesgo radica en que la recuperación de activos se convierta en un evento aislado en lugar de una política permanente. Si las administraciones sucesivas no mantienen el ritmo de revisión de inventarios y resolución de litigios, el stock de inmuebles subutilizados podría volver a crecer. Además, la modernización de la Ciudad Deportiva y la Villa Deportiva con 500 millones de pesos introduce un compromiso presupuestal futuro para su operación y mantenimiento que debe contemplarse en ejercicios fiscales posteriores.
En términos de tendencia, el caso de Hidalgo coincide con un movimiento más amplio en varias entidades mexicanas que buscan maximizar el uso de activos existentes antes de solicitar recursos para nuevas construcciones. Esta orientación puede fortalecerse si se adoptan sistemas de inventario digital actualizado y auditorías periódicas de aprovechamiento. La clave estará en convertir la recuperación actual en un proceso sistemático que incluya indicadores de ocupación y rendimiento de cada inmueble.
La evolución del valor patrimonial hacia 71 mil millones de pesos también abre la discusión sobre la necesidad de actualizar los criterios de valuación. Un incremento nominal puede reflejar tanto mejoras reales como efectos inflacionarios. Para que el dato sea útil en la planeación, convendría desglosar qué proporción corresponde a cada factor y establecer comparaciones con el índice de precios al consumidor o con el valor de activos similares en el mercado privado.
