La reducción de 42% en la deuda heredada y el aumento de 96% en los ingresos propios colocan a Hidalgo en una posición fiscal más cómoda que la que tenía al inicio de la administración. La señal política es relevante: un gobierno que deja de depender de créditos de corto plazo, no recurre a adelantos federales y logra bajar su pasivo envía un mensaje de control presupuestal que puede fortalecer su credibilidad ante proveedores, agencias calificadoras y la propia Federación. En entidades con presión financiera persistente, ese tipo de disciplina suele traducirse en mayor capacidad de planeación y en una reducción del costo de financiamiento futuro.
La mejora también puede tener efectos prácticos sobre la ejecución del gasto. Un balance menos cargado por deuda libera espacio para infraestructura, mantenimiento y programas públicos, siempre que la recaudación adicional no se absorba por gasto corriente. El hecho de que la recaudación haya pasado de 4 mil 916 millones de pesos en 2021 a 9 mil 636 millones al cierre de 2025 sugiere una administración tributaria más eficaz, aunque todavía no explica por sí sola si el salto proviene de una base económica más amplia, de mejores mecanismos de cobro o de ajustes extraordinarios. Esa diferencia importa porque cada fuente de ingreso tiene estabilidad distinta.
El reconocimiento de que el estado ya no ha necesitado créditos ni adelantos federales abre otro ángulo: la administración parece haber corregido una dependencia que, en otros contextos, termina hipotecando decisiones futuras. Si la tendencia se sostiene, Hidalgo podría ganar autonomía para priorizar obras y reducir la presión de pagos financieros sobre su presupuesto anual. También mejora su posición para negociar con contratistas y acreedores, porque un balance más ordenado reduce la percepción de riesgo.
Pero la foto favorable no debe leerse como un cierre del problema. La deuda aún ronda 2 mil 274 millones de pesos, un nivel que sigue exigiendo manejo prudente, sobre todo si el crecimiento de la recaudación se desacelera o si aparecen nuevas obligaciones en pensiones, nómina o contingencias. La deuda pública rara vez se vuelve peligrosa por un solo monto; el riesgo aparece cuando coincide con ingresos volátiles, presiones políticas para gastar más y debilidad en la inversión productiva. En ese escenario, un alivio temporal puede convertirse en una falsa sensación de holgura.
La otra zona de atención está en los subejercicios. Que la Secretaría de Hacienda estatal empiece desde enero a revisar carteras de proyectos y expedientes técnicos es una señal de corrección administrativa, pero también una admisión de que el problema no era menor. Los subejercicios no solo retrasan obras: pueden degradar la confianza de la ciudadanía si los recursos aprobados terminan sin ejecutarse o regresan a la Federación. El riesgo aquí es doble, porque una mejor recaudación pierde valor si no se traduce en ejecución efectiva y en resultados visibles para los municipios y las dependencias.
El reto, por tanto, ya no está únicamente en cobrar más, sino en gastar mejor. Si la disciplina financiera se limita a contener pasivos sin elevar la calidad del gasto, el beneficio se quedará en el balance contable y no en la vida cotidiana. Para que el avance sea sostenible, el gobierno estatal necesitará sostener la recaudación sin ahogar actividad económica, mejorar la trazabilidad del gasto y demostrar que la reducción de deuda convive con inversión pública útil. La verdadera prueba no será el cierre de 2025, sino la capacidad de mantener este comportamiento cuando cambien las condiciones fiscales o políticas.
