El estado de Hidalgo ha experimentado una transformación notable en su política de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas durante los últimos cuatro años. El programa Impulso Nafin+Hidalgo, impulsado por el gobierno estatal en coordinación con Nacional Financiera, ha multiplicado casi por diez el volumen de créditos otorgados, pasando de 26 operaciones en 2022 a 256 en el ciclo más reciente. Esta evolución no surgió de manera aislada, sino que responde a una estrategia deliberada para revertir décadas de rezago económico que situaban a la entidad entre las más atrasadas del país.
El contexto histórico revela que, durante administraciones anteriores, el acceso al crédito formal para las Mipymes era limitado y fragmentado. Las empresas enfrentaban tasas elevadas, requisitos excesivos y plazos cortos que dificultaban la inversión en infraestructura o maquinaria. La llegada del actual gobierno marcó un giro al incrementar la aportación estatal de 25 a 35 millones de pesos anuales, lo que permitió acumular un fondo total de 138.4 millones de pesos, superando la suma de los tres periodos previos juntos. Esta decisión refleja un reconocimiento de que las Mipymes constituyen el principal motor de empleo en la región.

La reducción de la deuda pública en un 42 por ciento en menos de cuatro años ha sido un factor complementario decisivo. Al mejorar la capacidad de revolvencia crediticia, Hidalgo ha logrado posicionarse entre las entidades con mejor desempeño nacional en esta materia. Esta estabilidad fiscal genera condiciones más favorables para que las instituciones financieras amplíen su oferta, tal como lo demuestra el incremento de la bolsa disponible para el bienio 2026-2027, que supera los 700 millones de pesos.
Del rezago histórico a la consolidación crediticia
Durante mucho tiempo, el nombre de Hidalgo aparecía asociado a indicadores negativos en actividad económica y generación de empleo. El gobernador Julio Menchaca Salazar ha señalado que esa percepción ha cambiado gracias a una combinación de políticas que incluyen mayor conectividad, seguridad y, sobre todo, mecanismos de apalancamiento financiero. El programa actual ofrece créditos de hasta 5 millones de pesos a una tasa fija máxima anual del 14.75 por ciento, con plazos de hasta 60 meses y sin comisión por apertura, condiciones que resultan competitivas frente a las opciones tradicionales del mercado.
Los requisitos de elegibilidad, que exigen al menos dos años de operación y un historial crediticio favorable, buscan respaldar empresas con viabilidad demostrada. Esta selección rigurosa explica por qué 764 negocios distribuidos en 60 municipios han podido acceder al financiamiento, preservando 13 mil 143 empleos. El enfoque en sectores como manufactura, comercio, servicios y turismo permite atender las vocaciones productivas específicas de cada región del estado.
Impactos en la estructura productiva y el empleo
El efecto multiplicador de estos créditos se observa en la capacidad de las empresas para ampliar instalaciones y modernizar procesos. Un caso concreto es el del Instituto Alexander Von Humboldt, cuya beneficiaria Violeta Mariel Sánchez García ha utilizado los recursos para consolidar espacios dignos y seguros para la comunidad. Detrás de cada operación existe una trayectoria de esfuerzo sostenido que el financiamiento estatal ayuda a capitalizar, permitiendo que negocios familiares pasen de la supervivencia a la expansión.
A nivel sectorial, la inyección de capital ha fortalecido cadenas de valor locales. Empresas manufactureras han podido adquirir maquinaria que incrementa su productividad, mientras que los prestadores de servicios turísticos han mejorado su infraestructura para atraer más visitantes. Esta dinámica genera un círculo virtuoso: mayores ingresos empresariales se traducen en más contrataciones y en un consumo interno que reactiva otras actividades económicas.
Consecuencias sociales y proyección a largo plazo
Más allá de los indicadores económicos, el programa incide directamente en la cohesión social. Miles de familias hidalguenses dependen de los empleos preservados o creados por las Mipymes apoyadas. El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, ha enfatizado que estas unidades productivas constituyen el sustento cotidiano de la población, por lo que facilitar su acceso al crédito representa una política de inclusión productiva con efectos redistributivos.
En el plano nacional, el éxito de Hidalgo puede servir como referente para otras entidades que enfrentan desafíos similares de rezago y fragmentación crediticia. La colaboración entre el gobierno estatal y Nacional Financiera, representada por Leonardo Poblete Galván, demuestra que esquemas de corresponsabilidad financiera pueden escalarse cuando existe voluntad política y diseño técnico adecuado. A futuro, el mantenimiento de tasas controladas y la ausencia de comisiones adicionales podrían consolidar una cultura de formalización entre los emprendedores, reduciendo la dependencia de fuentes informales de financiamiento.
La combinación de disciplina fiscal, incremento en la oferta crediticia y focalización sectorial configura un escenario que favorece la atracción de inversiones adicionales. Si el estado continúa mostrando resultados en generación de empleo y estabilidad macroeconómica, es probable que el flujo de capital privado se intensifique, amplificando los logros alcanzados hasta ahora. Esta trayectoria sugiere que el modelo implementado en Hidalgo puede evolucionar hacia un ecosistema más robusto de apoyo empresarial en los próximos años.
