La reciente aprobación sin observaciones de la Cuenta Pública 2025 por parte de la Auditoría Superior de la Federación marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno federal y las entidades federativas en materia de rendición de cuentas. El caso de Hidalgo, donde se revisaron más de 6 mil 567 millones de pesos correspondientes a participaciones federales sin detectar irregularidades económicas ni administrativas, no ocurre de manera aislada. Responde a un proceso de fiscalización que ha evolucionado desde la reforma constitucional de 2015, cuando se fortaleció la ASF como órgano técnico independiente encargado de revisar el ejercicio de recursos públicos en los tres niveles de gobierno.
Evolución de los mecanismos de control federal
Antes de esa reforma, las auditorías a las participaciones federales solían limitarse a revisiones contables superficiales. A partir de 2016, la ASF amplió su alcance hacia evaluaciones de desempeño y cumplimiento normativo. En el caso de Hidalgo, las 32 auditorías practicadas en esta primera entrega corresponden exclusivamente a la distribución de participaciones, un rubro que representa la principal fuente de ingresos no etiquetados para los estados. La ausencia de observaciones indica que la Secretaría de Hacienda estatal, bajo la conducción de Esther Ramírez Vargas, mantuvo registros precisos y aplicó controles internos que impidieron desviaciones. Este resultado contrasta con entidades donde, en ejercicios anteriores, se detectaron problemas recurrentes como subejercicios o falta de documentación en programas de infraestructura básica.
El trabajo previo de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, dirigida por Álvaro Bardales Ramírez, ha sido determinante. En lugar de reaccionar ante hallazgos, la dependencia implementó esquemas de acompañamiento preventivo que incluyen capacitaciones periódicas a servidores públicos y revisiones internas antes de que los recursos lleguen a las dependencias ejecutoras. Esta estrategia reduce la probabilidad de errores que, en otras entidades, han derivado en reintegros millonarios o sanciones administrativas.
Repercusiones en la disciplina financiera estatal
La falta de observaciones tiene efectos inmediatos sobre la capacidad de endeudamiento y la planeación presupuestal de Hidalgo. Cuando una entidad concluye una fiscalización sin reparos, mejora su calificación crediticia ante agencias internacionales y facilita el acceso a financiamiento para proyectos de mediano plazo. En términos prácticos, los 6 mil 567 millones revisados pudieron destinarse sin interrupciones a rubros como educación básica, salud y seguridad pública, que dependen en gran medida de las participaciones federales. Si otras entidades replicaran el modelo de controles preventivos aplicado en Hidalgo, el ahorro en costos de corrección posterior podría ascender a miles de millones de pesos anuales a nivel nacional.
Además, este resultado refuerza la posición negociadora del gobierno estatal frente al Ejecutivo federal. En un contexto donde las participaciones representan más del 60 por ciento de los ingresos totales de muchos estados, demostrar capacidad de ejecución limpia otorga mayor margen para solicitar ajustes en los criterios de distribución o apoyos extraordinarios durante emergencias presupuestales.
Impacto en la confianza institucional y la gobernanza
A nivel social, la noticia contribuye a revertir la percepción ciudadana de opacidad en el manejo de recursos públicos. Estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía han mostrado que la confianza en los gobiernos estatales se correlaciona directamente con la percepción de que los recursos llegan efectivamente a los programas sociales. Al no registrarse observaciones, el gobierno de Julio Menchaca Salazar envía una señal concreta de que los mecanismos de supervisión funcionan. Esto puede traducirse en mayor disposición de la población para cumplir con obligaciones fiscales estatales y en menor resistencia a proyectos de inversión pública que requieran participación ciudadana.
En el ámbito político, el resultado posiciona a Hidalgo como referente dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Gobiernos de otras entidades que enfrentan auditorías pendientes podrían adoptar protocolos similares de prevención, generando un efecto de imitación que eleve los estándares nacionales de fiscalización. Sin embargo, persiste el riesgo de que este logro se interprete de forma aislada si no se mantiene la misma disciplina en las siguientes entregas de la Cuenta Pública 2025, donde se revisarán recursos de fondos concurrentes y programas federales específicos.
Perspectivas de largo plazo para el federalismo fiscal
La experiencia de Hidalgo ilustra cómo la combinación de disciplina financiera, fortalecimiento de controles internos y colaboración técnica con la ASF puede consolidar un ciclo virtuoso de rendición de cuentas. Si este patrón se generaliza, el país podría avanzar hacia un modelo donde las auditorías dejen de ser percibidas como procesos punitivos y se conviertan en herramientas de mejora continua de la gestión pública. A mediano plazo, ello podría reducir la dependencia de mecanismos correctivos costosos y permitir que un mayor porcentaje de los recursos federales se destine directamente al bienestar de la población, en lugar de destinarse a solventar irregularidades detectadas con posterioridad.
El desafío consistirá en sostener estos estándares cuando el volumen de recursos auditados aumente en las próximas etapas y cuando se incorporen revisiones de desempeño que midan no solo la legalidad del gasto, sino también su efectividad en resultados sociales tangibles.
