La Comisión Técnica Liquidadora reveló que activos adquiridos con fondos públicos no figuran en los registros oficiales del Estado. El coordinador Ángel Antonio Mendoza detalló que el equipo realiza verificaciones para rastrear el paradero de computadoras y otros equipos tecnológicos omitidos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).
Las inconsistencias incluyen empleados con múltiples dispositivos asignados sin justificación, uso de equipos fuera de horario para fines políticos y un incremento injustificado en el consumo de combustible cercano al proceso electoral. También se revisan contratos de alquiler de impresoras y gastos en alimentación desvinculados de funciones oficiales.
Próximos pasos institucionales
La documentación será remitida al Ministerio Público y a los órganos de control. El Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa acompañan el proceso y podrán presentar denuncias si detectan elementos suficientes. Los hallazgos se analizarán para establecer posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, mientras se cierran trámites pendientes desde 2022.
El trabajo se basa exclusivamente en evidencia documental y criterios técnicos, lo que permite descartar pagos sin respaldo legal durante las auditorías en curso.
