Tijuana, BC.- El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) ha solicitado formalmente a los ayuntamientos de la entidad que incluyan recursos específicos para la construcción de paraderos en sus presupuestos del próximo ejercicio fiscal. La petición surge tras el fallecimiento de María Belén, una niña de ocho años atropellada el pasado 1 de julio al descender de una unidad de transporte público sobre el bulevar Cucapah.
El director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, señaló que la infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros representa una responsabilidad municipal que ha quedado rezagada en la mayor parte de los municipios. Según el funcionario, solo Mexicali y Tecate han mantenido colaboración activa con el instituto para instalar este tipo de equipamiento.
Contexto del accidente y reactivación del debate
El incidente que motivó el llamado ocurrió cuando la menor y su madre bajaron de un camión en un punto sin infraestructura adecuada. La falta de un espacio delimitado y señalizado obligó a los usuarios a cruzar una vialidad de alta velocidad, circunstancia que derivó en el atropellamiento. Este caso ha vuelto a colocar en la agenda pública la relación entre la ausencia de paraderos y los riesgos que enfrentan diariamente miles de usuarios del transporte colectivo en la entidad.
Gutiérrez Topete aclaró que un paradero no requiere necesariamente una estructura costosa. Puede tratarse de un espacio marcado con poste y señalización en el pavimento que indique claramente el punto de ascenso y descenso. Esta definición permite que los municipios puedan avanzar con intervenciones de bajo costo que, sin embargo, generan un impacto inmediato en la seguridad.
Distribución de responsabilidades y capacidad técnica
El director del IMOS reiteró que la planeación de estos espacios corresponde a los gobiernos municipales y que el instituto puede proporcionar asistencia técnica para identificar ubicaciones óptimas. La distancia ideal entre paraderos, según el organismo, es de aproximadamente 400 metros, una medida que actualmente no se cumple en amplias zonas de Tijuana y otros municipios.
La ausencia de interés en el resto de los ayuntamientos ha sido identificada como un factor que perpetúa la deficiencia estructural. Gutiérrez Topete precisó que la modernización del transporte público no se limita a la renovación de unidades, sino que exige también condiciones físicas que protejan a los usuarios durante las operaciones de abordaje y descenso.
Alcance estatal y comparativa nacional
El problema no es exclusivo de Baja California. En diversas ciudades del país la infraestructura para el transporte colectivo ha quedado por debajo de las necesidades de crecimiento urbano. El caso de María Belén evidencia una debilidad sistémica que afecta la movilidad cotidiana y pone en riesgo a sectores vulnerables, en particular a menores de edad que utilizan el servicio para desplazarse.
El IMOS ha insistido en que la inclusión de recursos para paraderos en los presupuestos municipales del siguiente año permitiría atender de manera gradual el déficit acumulado. La recomendación incluye tanto la instalación de nuevos puntos como la mejora de aquellos ya existentes que carecen de señalización adecuada.
Próximos pasos y expectativas institucionales
El organismo estatal mantiene abierta la disposición para asesorar a cualquier municipio que decida incorporar este rubro en su programación presupuestal. La expectativa es que los ayuntamientos reconozcan que la seguridad en los puntos de ascenso y descenso forma parte integral de un sistema de movilidad funcional y que su omisión genera costos humanos y sociales que podrían evitarse con intervenciones planificadas.
La solicitud del IMOS se enmarca en un contexto donde la coordinación entre el nivel estatal y los gobiernos locales resulta indispensable para reducir la brecha de infraestructura que afecta al transporte público en Baja California.
