El incremento de la morosidad en el pago del agua en Naucalpan, donde ya alcanza al 50 por ciento del padrón de usuarios según datos del OAPAS, genera un escenario complejo para la gestión de recursos hidráulicos en la entidad. Esta situación, que ha pasado del 30 por ciento de hace una década al nivel actual, refleja cambios profundos en la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos municipales. El análisis de sus posibles efectos requiere considerar tanto las presiones sobre la infraestructura como las oportunidades que podrían surgir si se implementan estrategias de corresponsabilidad.
Presiones sobre la infraestructura y el mantenimiento
La reducción en los ingresos por concepto de tarifas limita directamente la capacidad del organismo para ejecutar obras de reparación de fugas y renovación de líneas de conducción. En municipios con patrones similares de impago, se ha observado que el deterioro acumulado de la red genera pérdidas superiores al 30 por ciento del volumen de agua extraída, lo que eleva los costos operativos y reduce la disponibilidad real para los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones. Esta dinámica puede traducirse en interrupciones más frecuentes del servicio durante periodos de alta demanda, especialmente en zonas residenciales de densidad media.
Al mismo tiempo, la falta de recursos dificulta la instalación de sistemas de telemetría y la modernización de tanques de almacenamiento, proyectos que el OAPAS había programado para este año. Sin embargo, la necesidad de priorizar acciones urgentes podría acelerar la adopción de tecnologías de monitoreo remoto que permitan detectar anomalías con menor inversión humana, siempre que se logre una fuente de financiamiento complementaria.
Riesgos de desigualdad en el acceso al servicio
La distribución del adeudo entre sectores comerciales, industriales, residenciales y domésticos populares elimina cualquier sesgo aparente, pero las consecuencias no afectan por igual a todos los grupos. Los usuarios de menores ingresos enfrentan mayor vulnerabilidad cuando el organismo aplica medidas de corte o restricción, mientras que grandes consumidores pueden absorber multas o negociar plazos sin alterar significativamente su operación. Esta asimetría puede profundizar la percepción de injusticia y reducir la disposición general al pago, creando un círculo que erosiona la base de contribuyentes cumplidos.
Desde otra perspectiva, la visibilidad del problema podría motivar a organizaciones vecinales y cámaras empresariales a participar en mesas de diálogo para diseñar esquemas de pago diferenciado o programas de regularización. Experiencias en otras entidades del Estado de México muestran que acuerdos de este tipo han logrado recuperar entre el 15 y el 20 por ciento de la cartera vencida cuando se combinan con mejoras tangibles en la calidad del servicio.
Implicaciones financieras para el organismo operador
La dependencia de la recaudación para financiar inversiones crea un riesgo estructural de descapitalización progresiva. Si el porcentaje de morosidad se mantiene o crece, el OAPAS podría verse obligado a recurrir a endeudamiento o transferencias extraordinarias del municipio, lo que comprometería la autonomía operativa y aumentaría la carga fiscal sobre otros rubros presupuestales. Esta situación también afecta la posibilidad de acceder a fondos federales o estatales que exigen indicadores de recuperación de cartera como requisito de elegibilidad.
No obstante, la crisis actual puede servir como catalizador para revisar la estructura tarifaria y los mecanismos de facturación. La incorporación de sistemas de medición individual más precisos y la segmentación por tipo de uso permitirían ajustar cobros a la realidad del consumo, reduciendo subsidios cruzados que actualmente penalizan a ciertos sectores y desincentivan el pago oportuno.
Desafíos en la relación con la ciudadanía
El reconocimiento explícito de que el derecho humano al agua conlleva obligaciones de pago abre un debate sobre corresponsabilidad que puede fortalecer o debilitar la legitimidad institucional. Cuando los usuarios perciben que sus contribuciones se traducen en mejoras visibles, como menor frecuencia de fugas o mayor continuidad del servicio, la tasa de cumplimiento tiende a estabilizarse. En cambio, la persistencia de problemas de abastecimiento sin explicaciones claras alimenta la resistencia al pago y multiplica las quejas formales.
La denuncia ciudadana sobre falta de servicio, mencionada por el director del organismo, evidencia esta tensión. Si no se establece un canal claro que vincule el cumplimiento de pagos con resultados medibles, existe el riesgo de que la cultura del no pago se consolide como norma social aceptada, extendiéndose a otros servicios municipales y complicando la gobernanza local en el mediano plazo.
Escenarios de sostenibilidad a futuro
En el corto plazo, el organismo podría implementar campañas de regularización con incentivos temporales, como descuentos por pago de adeudos antiguos, que recuperen liquidez sin generar conflictos mayores. A mediano plazo, la combinación de modernización tecnológica y comunicación transparente sobre el destino de los recursos podría revertir la tendencia observada en la última década. Sin embargo, la incertidumbre sobre la respuesta de los grandes deudores comerciales e industriales representa un factor crítico que podría modificar cualquier proyección.
El caso de Naucalpan ilustra cómo la morosidad en servicios esenciales trasciende el ámbito financiero y afecta la capacidad de adaptación de las ciudades ante el cambio climático y el crecimiento demográfico. La evolución de este indicador en los próximos meses permitirá evaluar si las estrategias de modernización anunciadas logran romper el ciclo de baja recaudación o si se requieren intervenciones de mayor alcance que involucren al estado y a la federación.
