La solicitud de facultades legislativas por parte del gobierno de Keiko Fujimori llega en un momento de relativa bonanza macroeconómica. El Banco Central de Reserva proyecta un crecimiento de 3,4 por ciento para 2026 impulsado por una inversión privada que podría expandirse 12,5 por ciento. Sin embargo, convertir ese impulso temporal en un aumento sostenido de la productividad requiere reformas que alteren la estructura tributaria, laboral y regulatoria del país. El pedido se concentra en tres ejes: unificación de regímenes tributarios, incentivos al empleo formal juvenil y reducción de barreras burocráticas. Cada uno de ellos genera efectos esperados positivos, pero también abre espacios de incertidumbre que merecen examen detenido.
Reformas tributarias y su efecto sobre la base empresarial
La propuesta de reemplazar los regímenes simplificados por un impuesto empresarial único con tasas marginales entre 1 y 30 por ciento busca eliminar el salto abrupto de carga fiscal que hoy desincentiva el crecimiento de las microempresas. Estudios del FMI y de la Unión Europea indican que los regímenes actuales fomentan el enanismo empresarial y contribuyen a una presión tributaria cercana al 15 por ciento del PBI, seis puntos por debajo del promedio latinoamericano. Si la medida se implementa con contabilidades graduales y un RUS reservado solo a negocios de subsistencia, podría ampliar la base recaudatoria y reducir el incumplimiento del IGV, que ronda el 30 por ciento de la recaudación potencial.
El cambio, no obstante, enfrenta riesgos de diseño y ejecución. Una transición mal calibrada podría generar huecos recaudatorios en los primeros años, especialmente si las empresas medianas aprovechan la nueva estructura para reducir su carga efectiva sin expandir empleo. Además, la experiencia de reformas similares en otros países muestra que la simplificación tributaria suele requerir mejoras simultáneas en la fiscalización de la Sunat; de lo contrario, la elusión migra hacia nuevas formas de planeamiento agresivo.
Medidas laborales y su alcance sobre la informalidad juvenil
Los créditos tributarios por contratar jóvenes en planilla y por capacitar trabajadores representan un intento de replicar experiencias exitosas como el subsidio al empleo joven de Chile, que elevó la probabilidad de empleo formal hasta en veinte puntos porcentuales. Con costos no salariales que bordean el 60 por ciento del salario en el régimen general, el país mantiene una informalidad del 70 por ciento de la fuerza laboral y del 85 por ciento entre los menores de 25 años. Una reducción efectiva de estos costos podría acelerar la formalización sin recortar derechos existentes, siempre que los beneficios fiscales sean temporales y estén sujetos a evaluación periódica.
El riesgo principal radica en la focalización y en la sostenibilidad fiscal de los incentivos. Si los créditos se otorgan sin límites claros de monto o duración, podrían convertirse en un gasto permanente difícil de revertir cuando las finanzas públicas ya muestran deterioro. Asimismo, la rigidez histórica del mercado laboral peruano sugiere que los empleadores podrían limitarse a rotar trabajadores jóvenes para capturar el beneficio sin generar nuevos puestos netos. La evidencia comparada indica que estos programas funcionan mejor cuando se combinan con fiscalización efectiva y con mejoras en la calidad de la educación técnica.
Desregulación y la cartera minera pendiente
La creación de una ventanilla única electrónica interoperable con la Sunat y los gobiernos regionales, junto con el análisis de impacto regulatorio obligatorio para nuevas normas, apunta a reducir las más de 4.000 barreras burocráticas eliminadas por el Indecopi solo en 2024. El destrabe de proyectos mineros valorados en 64.000 millones de dólares podría acelerar la inversión privada y mejorar la productividad agregada. El Perú ocupa el puesto 19 entre 50 economías en el pilar regulatorio del índice Business Ready del Banco Mundial, por detrás de Colombia y México, lo que revela margen de mejora considerable.
Sin embargo, la desregulación acelerada puede generar externalidades negativas si no se preserva la capacidad de fiscalización ambiental y laboral. La investigación del BCR vincula la sobrerregulación con la informalidad de baja productividad, pero también advierte que la eliminación apresurada de controles puede derivar en conflictos sociales y en pasivos ambientales que terminan costando más al Estado. La experiencia de la OCDE muestra que los países que logran ganancias sostenidas de productividad institucionalizan la calidad regulatoria mediante revisiones periódicas, no mediante decretos únicos.
Riesgos institucionales y de implementación
El artículo 104 de la Constitución permite la delegación con límites de materia y plazo, y sujeta a fiscalización congresal. No obstante, la concentración temporal de poder legislativo en el Ejecutivo puede erosionar la predictibilidad de las reglas del juego si las normas emitidas generan litigiosidad posterior o si se percibe que benefician a grupos específicos. El presupuesto real del Indecopi ha caído mientras crece su carga de trabajo; sin recursos adicionales, la ventanilla única y el análisis de impacto regulatorio podrían quedar en declaraciones de buenas intenciones.
Otro desafío radica en la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales. Tres de cada cuatro barreras burocráticas provienen de municipalidades y un mismo trámite puede costar hasta cuarenta veces más según el distrito. Si la reforma no incluye mecanismos de coordinación efectiva con los gobiernos regionales, la ventanilla única nacional podría coexistir con múltiples exigencias locales contradictorias, reproduciendo la fragmentación actual.
Escenarios de mediano plazo
En el escenario más favorable, la combinación de simplificación tributaria, incentivos al empleo formal y reducción de trámites podría elevar la tasa de crecimiento potencial en medio punto porcentual adicional durante la próxima década, siempre que las reformas se acompañen de mejoras en capital humano y en infraestructura logística. En el escenario intermedio, los beneficios se concentran en sectores ya formalizados y la informalidad se reduce solo marginalmente. En el peor de los casos, los costos fiscales de los incentivos superan los ingresos adicionales y la discrecionalidad regulatoria aumenta, erosionando la confianza del sector privado.
La delegación de facultades constituye una herramienta legítima para destrabar cuellos de botella acumulados. Su éxito dependerá menos de la aprobación inicial que de la calidad de las normas que se dicten y de la consistencia con que se apliquen durante los años siguientes. El Perú cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos y un entorno externo favorable; aprovechar esa ventana requiere que el Estado priorice sistemáticamente la remoción de costos de transacción sin generar nuevos desequilibrios entre poderes ni comprometer la sostenibilidad fiscal.
