La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en 2024 no rompió con las prácticas de su antecesor Andrés Manuel López Obrador en materia de contratos públicos. Desde la cancelación unilateral de concesiones energéticas hasta la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, el gobierno federal ha enviado señales reiteradas de que está dispuesto a modificar marcos normativos vigentes. Los analistas del sector privado consultados por Banxico en junio de 2026 detectaron que esta tendencia ha elevado la percepción de riesgo hasta niveles no vistos en la última década.
El deterioro no surgió de manera repentina. Durante el sexenio anterior ya se observaron cambios abruptos en las reglas del sector eléctrico y en los contratos de obra pública. Con Sheinbaum, la continuidad de esas políticas se tradujo en mayor cautela por parte de inversionistas extranjeros que habían apostado por nearshoring. La encuesta mensual del Banco de México captura precisamente esa acumulación de percepciones negativas que ahora se reflejan en calificaciones promedio de 5.7 en el rubro de gobernanza.
De la reforma energética al efecto dominó
El primer gran precedente lo marcó la reforma eléctrica de 2021, que alteró contratos de autoabastecimiento firmados bajo administraciones anteriores. Empresas como Iberdrola y AES vieron afectados proyectos que representaban miles de millones de dólares. Aunque la Suprema Corte resolvió algunos amparos a favor de los privados, el mensaje de inestabilidad contractual ya se había transmitido. Bajo Sheinbaum, la misma lógica se aplicó a la revisión de concesiones portuarias y carreteras, donde el gobierno ha buscado renegociar términos bajo amenaza de caducidad.
Este patrón genera un efecto dominó que va más allá del sector energético. Cuando un inversionista observa que el Estado puede modificar condiciones pactadas, la prima de riesgo exigida para nuevos proyectos aumenta. Nydia Iglesias, de Banamex, lo describió como el impacto de una piedra lanzada al agua: las ondas se propagan a todo el ecosistema financiero. Fondos de pensiones canadienses y japoneses que financiaban infraestructura mexicana han comenzado a exigir cláusulas de protección más estrictas o directamente han retirado propuestas.
Presión sobre las finanzas públicas y el endeudamiento
El segundo gran eje de preocupación identificado por los especialistas es el manejo de las finanzas públicas. La calificación de riesgo en este rubro subió de 4.8 a 5.0 entre 2025 y 2026. El aumento del endeudamiento del sector público, evaluado en 5.3, refleja el financiamiento de proyectos emblemáticos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, cuyas rentabilidades siguen siendo cuestionadas. Al mismo tiempo, la política de gasto público, calificada en 5.1, muestra una concentración de recursos en programas sociales que dejan menor margen para inversión productiva.
Este desequilibrio tiene consecuencias directas sobre la certidumbre jurídica. Cuando el gobierno enfrenta presiones fiscales, la tentación de revisar contratos existentes o de imponer nuevas cargas tributarias se incrementa. Analistas de Moody’s han señalado que estados como Nuevo León y Jalisco ya enfrentan dificultades para colocar deuda en mercados internacionales debido a la percepción de que las reglas fiscales pueden cambiar con cada administración federal.
Impacto en sectores estratégicos y cadenas de suministro
El sector automotriz, que representa más del 4 por ciento del PIB mexicano, es uno de los más expuestos. Empresas como BMW y Volkswagen han pospuesto decisiones de expansión en el norte del país mientras esperan definiciones sobre el marco regulatorio laboral y fiscal. La falta de Estado de derecho, calificada en 5.9 por los analistas de Banxico, se traduce en retrasos en la resolución de disputas contractuales que antes se resolvían en tribunales especializados.
En el ámbito inmobiliario industrial, el nearshoring ha perdido impulso. Parques industriales en Monterrey y Saltillo reportan tasas de ocupación estancadas en 2026, después de haber crecido a doble dígito entre 2022 y 2024. La inseguridad pública, con 6.2 puntos, añade un costo operativo adicional que las empresas deben absorber o trasladar a precios, reduciendo la competitividad frente a Vietnam o India.
Consecuencias de largo plazo para el desarrollo
La combinación de inseguridad jurídica y deterioro institucional afecta la capacidad de México para sostener tasas de crecimiento superiores al 2 por ciento anual. Modelos del Fondo Monetario Internacional proyectan que una reducción sostenida de la inversión privada en un punto porcentual del PIB puede restar hasta 0.4 puntos al crecimiento potencial en una década. Este cálculo se vuelve más grave cuando se considera que el país necesita atraer anualmente al menos 40 mil millones de dólares en inversión extranjera directa para modernizar su infraestructura energética y logística.
Además, la impunidad, valorada en 5.7, erosiona la confianza de pequeños y medianos empresarios locales. Muchos de ellos optan por mantener capital en el extranjero o en activos líquidos en lugar de reinvertir en expansión productiva. Esta decisión individual, multiplicada por miles de empresas, reduce la creación de empleos formales y limita el efecto multiplicador que la inversión privada suele generar sobre el consumo interno.
La experiencia de otros países latinoamericanos muestra que recuperar la certidumbre contractual puede tomar entre ocho y doce años una vez que se pierde. Chile, tras las reformas de los años noventa, tardó casi una década en estabilizar sus flujos de inversión. Argentina, en cambio, sigue enfrentando primas de riesgo elevadas pese a cambios de gobierno, porque los inversionistas recuerdan incumplimientos anteriores. México corre el riesgo de seguir una trayectoria similar si no se restaura la predictibilidad de las reglas del juego.
Los analistas coinciden en que la prioridad debe ser establecer mecanismos institucionales que blindan los contratos frente a cambios de administración. Sin esa garantía, el país difícilmente podrá capitalizar la relocalización de cadenas productivas globales que parecía prometedora hace apenas tres años.
