El anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori durante su discurso de investidura marca un punto de inflexión en la política laboral peruana. El aumento del 15 por ciento eleva la remuneración mínima vital de 1130 soles a 1300 soles, lo que equivale a 381 dólares mensuales. Esta medida llega en un contexto donde el empleo informal supera el 70 por ciento de la fuerza laboral y donde las microempresas representan más del 90 por ciento del tejido productivo nacional.
Orígenes de la remuneración mínima en el país
La historia del salario mínimo en Perú se remonta a la década de 1980, cuando las primeras regulaciones intentaron responder a la hiperinflación heredada de gobiernos anteriores. Durante la presidencia de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000, la variable salarial se mantuvo prácticamente congelada durante varios años como parte de un programa de estabilización macroeconómica. Esa decisión contribuyó a reducir la inflación, pero también consolidó un mercado laboral fragmentado donde millones de trabajadores quedaron fuera de cualquier protección legal. Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática muestran que en 1999 el salario mínimo real equivalía apenas a 180 dólares mensuales, una cifra que tardó casi dos décadas en recuperarse parcialmente.
Tras el retorno a la democracia en 2001, los ajustes anuales se volvieron más frecuentes, aunque siempre estuvieron por debajo del ritmo de crecimiento del costo de vida en Lima y otras ciudades intermedias. Gobiernos sucesivos de distintas orientaciones ideológicas optaron por incrementos moderados para evitar presiones inflacionarias. Sin embargo, la pandemia de 2020 expuso la fragilidad de ese equilibrio: más de 2 millones de empleos formales desaparecieron en pocos meses y la informalidad se disparó nuevamente.
Condiciones económicas que preceden al anuncio
Al asumir el poder, Keiko Fujimori heredó una economía que creció apenas 2,3 por ciento en 2025, afectada por la caída de los precios del cobre y por la sequía prolongada que redujo la producción agroexportadora en Ica y La Libertad. Al mismo tiempo, el índice de precios al consumidor acumuló un alza del 4,8 por ciento durante los doce meses previos, erosionando el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos. En ese escenario, la promesa de elevar el salario mínimo formó parte de un paquete más amplio orientado a recuperar apoyo entre sectores populares que habían respaldado su candidatura en la segunda vuelta electoral.
El bono compensatorio de carácter único dirigido a micro y pequeñas empresas constituye un elemento novedoso. Su objetivo declarado es facilitar la transición hacia la formalidad de trabajadores que actualmente operan sin contrato ni beneficios sociales. Sin embargo, la efectividad de este instrumento dependerá de su monto exacto y de los mecanismos de fiscalización que implemente el Ministerio de Trabajo.
Efectos inmediatos sobre el empleo formal
En sectores como el comercio minorista y los servicios de alimentación en Lima Metropolitana, el incremento representa un alza directa del 15 por ciento en los costos laborales de empresas que ya operan con márgenes estrechos. Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima en 2024 estimó que por cada 100 soles adicionales en el salario mínimo, aproximadamente 12 000 puestos de trabajo en microempresas podrían verse amenazados si no existe compensación. El bono anunciado busca mitigar ese riesgo, pero su carácter temporal limita su capacidad para generar cambios estructurales.
Por otro lado, en la agroindustria de exportación ubicada en el valle de Ica, donde predominan contratos temporales y donde el salario mínimo ya se paga en muchos casos por encima del piso legal, el impacto será menor. Empresas como Agrícola Chapi han señalado que ya ofrecen remuneraciones promedio de 1800 soles mensuales más beneficios, por lo que el ajuste oficial afectará principalmente a proveedores de servicios auxiliares y a pequeños agricultores que abastecen el mercado interno.
Repercusiones en la lucha contra la informalidad
Perú mantiene una de las tasas de informalidad más altas de América Latina. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 11 millones de personas trabajan sin protección social. El diseño del bono compensatorio busca incentivar la formalización al reducir el costo adicional que representa para una microempresa contratar a un trabajador bajo las nuevas reglas. No obstante, experiencias previas en Colombia y México demuestran que los subsidios temporales logran resultados limitados si no van acompañados de reformas más profundas en el régimen tributario y en los costos de despido.
El éxito de la medida dependerá también de la capacidad de Sunafil para fiscalizar el cumplimiento. En regiones como Cajamarca y Huancavelica, donde la presencia estatal es débil, es probable que muchos empleadores opten por mantener a sus trabajadores fuera del sistema formal pese al incentivo.
Perspectivas de sostenibilidad a mediano plazo
El aumento del salario mínimo introduce una tensión entre el objetivo de mejorar ingresos y la necesidad de preservar la competitividad de las exportaciones no tradicionales. Si el ajuste genera presiones inflacionarias que el Banco Central de Reserva debe contrarrestar con tasas de interés más altas, el crecimiento del crédito a las pequeñas empresas podría ralentizarse. Al mismo tiempo, un mayor poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos podría dinamizar el consumo interno, especialmente en sectores como alimentos procesados y transporte urbano.
La experiencia de Chile tras el aumento gradual del ingreso mínimo entre 2017 y 2022 ofrece un punto de comparación útil. Allí, el empleo formal en microempresas se contrajo inicialmente, pero se recuperó cuando el gobierno complementó la medida con programas de capacitación y créditos blandos. Perú carece por ahora de instrumentos equivalentes, lo que aumenta la incertidumbre sobre los resultados finales del paquete anunciado por Fujimori.
En el largo plazo, la decisión de elevar el salario mínimo en un 15 por ciento pone a prueba la capacidad del Estado peruano para articular políticas laborales coherentes con una estructura productiva dominada por unidades de muy baja productividad. Si el bono compensatorio logra incorporar siquiera a 300 000 trabajadores a la formalidad durante los próximos dos años, el anuncio podría sentar las bases de un nuevo equilibrio entre crecimiento y redistribución. De lo contrario, el ajuste quedará registrado como un gesto político de alto costo económico y escaso efecto estructural.
