El anuncio de que el 21 % de las gasolineras mexicanas aún no respeta el límite de 27 pesos por litro de diésel, dos meses después de firmado el acuerdo, obliga a revisar no solo las cifras de cumplimiento, sino las condiciones que llevaron a su firma y las consecuencias que su aplicación parcial puede generar en la estructura productiva del país.
Orígenes del convenio y tensiones globales
El acuerdo se selló a finales de abril de 2025 como respuesta directa al encarecimiento sostenido de los combustibles provocado por los conflictos en Europa del Este y Oriente Medio. Estos choques interrumpieron cadenas de suministro de hidrocarburos y fertilizantes, elevando simultáneamente el costo del diésel y de productos básicos. El gobierno federal optó por un mecanismo de precio máximo voluntario en lugar de un control obligatorio, confiando en la colaboración de las cadenas de distribución. La meta implícita era evitar que el alza se trasladara de inmediato a tarifas de transporte y, por ende, a la inflación de alimentos. Sin embargo, la adhesión inicial fue solo del 31,2 %, lo que reveló resistencias estructurales: márgenes reducidos en estaciones independientes, contratos de suministro con precios indexados al mercado internacional y la percepción de que el límite podría modificarse en el corto plazo.
Evolución del acatamiento y señales de ajuste
La Procuraduría Federal del Consumidor reportó que, tras ocho semanas, el cumplimiento alcanzó el 79 %. Este avance gradual indica que la presión pública y las visitas de verificación surtieron efecto, aunque persiste un núcleo resistente equivalente a una de cada cinco estaciones. El patrón observado sugiere que las grandes cadenas con mayor capacidad de negociación con Pemex lograron absorber el margen perdido, mientras que expendios más pequeños enfrentan dificultades para renegociar sus costos de adquisición. La mejora también coincide con una ligera reducción en el precio internacional del crudo durante mayo y junio, lo que alivió parcialmente la presión sobre los distribuidores.
Repercusiones en el transporte de carga
El diésel representa entre el 35 % y el 45 % de los costos operativos de una unidad de carga pesada en México. Cuando una estación mantiene precios por encima del tope, el transportista que reposta allí transfiere ese sobrecosto a las tarifas que cobra a productores agrícolas o a empresas de distribución minorista. En el corredor México-Guadalajara, por ejemplo, transportistas independientes reportaron incrementos de hasta 4,8 % en fletes durante las primeras semanas de mayo, antes de que el cumplimiento mejorara. Este encarecimiento se propaga rápidamente a productos perecederos: el jitomate y el plátano, mencionados por la propia Profeco como bienes que ya muestran baja de precio, podrían haber registrado descensos aún mayores si el 100 % de las estaciones hubiera cumplido desde el inicio. La persistencia de incumplimientos en ciertas rutas regionales mantiene un diferencial de costos que distorsiona la competencia entre transportistas formales e informales.
Efectos sobre la producción agrícola y la balanza comercial
La agricultura mexicana depende del diésel tanto para el bombeo de agua como para la maquinaria de siembra y cosecha. Un precio artificialmente elevado en algunas zonas reduce la rentabilidad de cultivos de temporal y riego, incentivando la importación de granos básicos. Durante el segundo trimestre de 2025, las compras externas de maíz amarillo aumentaron 12 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos preliminares de la Secretaría de Agricultura. Aunque parte de este incremento obedece a sequías regionales, el diferencial de costos energéticos contribuyó a que algunos productores optaran por dejar tierras en barbecho o reducir la superficie sembrada. A largo plazo, la falta de cumplimiento generalizado erosiona la efectividad de políticas de autosuficiencia alimentaria y aumenta la vulnerabilidad del país ante choques externos de precios.
Confianza institucional y expectativas futuras
Los convenios voluntarios entre gobierno e industria funcionan mientras exista una amenaza creíble de sanciones o de pérdida de reputación. El hecho de que todavía exista un 21 % de estaciones fuera del límite envía una señal ambigua a los agentes económicos: por un lado, demuestra que la autoridad puede lograr mejoras progresivas; por otro, revela que ciertos actores calculan que la penalización por incumplir será baja o diferida. Esta percepción puede trasladarse a futuros acuerdos en otros sectores, como el de medicamentos o el de servicios financieros. Además, la mención de Financiera para el Bienestar como la opción más competitiva para remesas sugiere que el gobierno busca construir alternativas estatales cuando el sector privado no responde plenamente a los incentivos de política pública. En el mediano plazo, la experiencia del diésel podría acelerar la discusión sobre mecanismos de control más vinculantes o sobre la necesidad de revisar la regulación de márgenes en el expendio minorista de combustibles.
Consecuencias sociales y distribución del ingreso
Los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de su gasto al transporte público y a alimentos transportados por carretera. Cualquier brecha en el cumplimiento del acuerdo se traduce, por tanto, en una carga regresiva. Aunque la Profeco reporta ya disminuciones en el precio de huevo y jitomate, estas reducciones son desiguales entre entidades federativas: en estados donde persiste mayor incumplimiento, los descensos han sido más modestos. Esta heterogeneidad territorial puede amplificar disparidades regionales y alimentar percepciones de inequidad en la aplicación de políticas federales. A escala nacional, el éxito parcial del acuerdo demuestra que los instrumentos de contención de precios pueden moderar la inflación, pero también subraya la importancia de acompañarlos con mecanismos de verificación más ágiles y con incentivos diferenciados según el tamaño del expendedor.
