El sector manufacturero de Venezuela perdió impulso en el segundo trimestre de 2026 y volvió a exhibir la fragilidad de su operación ante la crisis eléctrica. Según la más reciente encuesta de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), la actividad creció 6,5% entre mayo y junio, por debajo del 9,9% registrado en los primeros tres meses del año y también del 9,5% observado en el mismo lapso de 2025. La organización empresarial atribuye parte de la desaceleración a la combinación de fallas en los servicios públicos, presión fiscal y restricciones financieras que siguen golpeando a las plantas del país.
Cortes eléctricos en casi la mitad de la jornada
El dato más sensible del sondeo es el impacto de los apagones sobre el tiempo efectivo de trabajo. Durante el segundo trimestre, las empresas reportaron 214 horas sin suministro eléctrico de un total de 488 horas laborales, lo que equivale a casi la mitad de la jornada. Conindustria indicó además que se registraron 57 cortes no programados, alrededor de cinco por semana, un aumento de 18% frente al trimestre previo y de 68% en las horas afectadas. La magnitud del problema confirma que la electricidad dejó de ser una variable operativa menor para convertirse en un factor directo de menor producción, interrupciones logísticas y costos adicionales.
El deterioro no golpeó por igual a todo el país. Zulia, una región clave por su peso petrolero y su frontera con Colombia, acumuló 333 horas sin luz, seguida por los Andes con 295 y la región centroccidental con 263. Caracas sumó 82 horas de interrupciones. La distribución territorial sugiere que el problema no responde a un episodio aislado, sino a una falla extendida de la infraestructura de suministro. En ese contexto, el plan de ahorro de electricidad y agua impulsado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez aparece más como una respuesta de emergencia que como una solución estructural, y ha derivado en cortes de cinco horas o más en gran parte del país.
La presión fiscal y la falta de crédito siguen pesando
Más allá del apagón, los industriales identificaron otros obstáculos que condicionan el desempeño del sector: excesivos tributos fiscales y parafiscales, inflación, devaluación, dificultades para acceder y movilizar divisas, y falta de financiamiento. Conindustria sostiene que existen 206 leyes que limitan la expansión de la manufactura y volvió a pedir una flexibilización regulatoria para reducir trámites y barreras burocráticas. El reclamo apunta a un problema conocido en la economía venezolana: incluso cuando la actividad mejora en algunos tramos, la expansión resulta frágil si no hay previsibilidad normativa, crédito productivo y servicios básicos estables.
“Registrar un crecimiento del 6,5% frente a las adversidades demuestra la resiliencia de la empresa privada, aunque la desaceleración interanual nos advierte que es urgente alinear las políticas públicas para que el potencial industrial no se frene”, afirmó Tito López, presidente de Conindustria. La lectura empresarial es relevante porque coloca el foco no solo en la capacidad de las compañías para operar en condiciones adversas, sino también en el límite de esa resistencia. Cuando la economía depende de ajustes internos para compensar fallas externas permanentes, la expansión tiende a ser irregular y desigual.
Las empresas pequeñas, las más expuestas
La encuesta también deja ver una brecha entre tamaños de empresa. Mientras las industrias grandes crecieron 8,4% y las medianas 5,5%, las pequeñas se contrajeron 4,7%. Ese contraste es significativo porque la debilidad de las firmas más chicas suele anticipar un deterioro más amplio del entramado productivo. Son precisamente esas compañías las que suelen tener menor acceso a financiamiento, menor margen para absorber apagones y una mayor dependencia de la rotación diaria de caja. López advirtió que la pequeña industria necesita atención y “oxígeno fiscal” inmediato, al considerar que cumple un papel central en la dinamización regional.
Pese al entorno adverso, Conindustria destacó dos indicadores favorables: la utilización de la capacidad instalada subió a 51,7%, frente al 48,4% del primer trimestre y el 46,1% del segundo trimestre de 2025; además, la remuneración promedio en el sector se ubicó en 541 dólares, un alza de 16% interanual. Ambas cifras muestran cierta recuperación operativa y salarial, pero no alcanzan para compensar el peso de los apagones ni la inestabilidad regulatoria. En la práctica, el informe sugiere que la manufactura venezolana sigue produciendo, aunque sobre una base todavía vulnerable y con márgenes estrechos para sostener un crecimiento consistente.
