El Instituto Nacional Electoral pasó de ejercer 8 mil millones de pesos en 2024 a solicitar más de 13 mil millones para el próximo ciclo. La petición responde a tres necesidades técnicas concretas: la introducción de una nueva credencial con tecnología biométrica, la asunción de funciones de verificación exhaustiva de candidaturas y la prevención de recortes que, como ocurrió en los comicios judiciales, limitaron la instalación de casillas.
El presupuesto del INE representa históricamente menos del 1 % del PIB y del gasto federal total. Los recursos que reciben los partidos, calculados por fórmula legal y estimados entre 8 mil y 9 mil millones, no forman parte de la operación electoral. Por tanto, el aumento pedido no altera de manera significativa el equilibrio macroeconómico, pero sí determina la calidad, certeza y equidad de los comicios.
La decisión del INE de ordenar al PRI retirar propaganda que calificaba a Morena de “narcopartido” reavivó el debate sobre los límites de la expresión política. El organismo actuó amparado en una legislación que protege excesivamente a los actores públicos, generando la percepción de que la autoridad prioriza la contención de ataques antes que la transparencia del debate.
La discusión presupuestal, por tanto, no debe centrarse únicamente en la cifra, sino en el tipo de elecciones que el país está dispuesto a financiar: procesos con integridad técnica o esquemas debilitados por recortes sucesivos.
