La inflación anual de México se ubicó en 3.12% durante julio, de acuerdo con el balance presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del viernes 7 de agosto. El dato fue celebrado por el Gobierno como un resultado histórico para un mes de julio, pues no se observaba un registro comparable desde 2020. Sin embargo, la cifra requiere una precisión importante: no significa que los precios hayan bajado 3.12%, sino que aumentaron a ese ritmo respecto del mismo mes del año anterior. Para los hogares, la diferencia es decisiva. Los productos siguen costando más que antes, aunque ahora se encarecen con menor velocidad.
Sheinbaum atribuyó el resultado principalmente a dos mecanismos de coordinación económica: la continuidad del Paquete contra la Inflación y la Carestía, conocido como PACIC, y el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para contener el precio de los combustibles. Ambos instrumentos buscan frenar los componentes que tienen una transmisión rápida hacia el resto de la economía. Una canasta alimentaria más estable reduce la presión sobre el gasto cotidiano, mientras que la gasolina limita el aumento de los costos de transporte, distribución y producción.
El ciclo que dejó la carestía atrás
El contexto explica por qué el dato tiene una carga política y social mayor que la de una estadística mensual. México atravesó, como buena parte del mundo, un fuerte episodio inflacionario después de la pandemia. Las interrupciones en las cadenas de suministro, el encarecimiento de granos y energéticos y la recuperación desigual de la demanda llevaron los precios a niveles que golpearon especialmente a los hogares de menores ingresos. En 2022, la inflación general mexicana llegó a superar el 8%, mientras los alimentos registraron incrementos particularmente sensibles para quienes destinan la mayor parte de su ingreso al consumo básico.
La respuesta del Banco de México se concentró en elevar la tasa de interés para moderar la demanda y evitar que los aumentos temporales se incorporaran a salarios, contratos y expectativas. La política monetaria ayudó a desactivar parte de la presión, pero no podía resolver por sí sola los problemas de oferta. Una tasa elevada encarece el crédito y puede enfriar la inversión; no produce más maíz, no reduce una interrupción logística ni sustituye el combustible que necesita una flota de transporte. De ahí la relevancia de las medidas dirigidas a sectores específicos.
El PACIC nació durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y fue refrendado por el gobierno de Sheinbaum cada seis meses. Su lógica es de concertación: productores, distribuidores y autoridades acuerdan mantener una lista de bienes esenciales dentro de un rango de precios. La presidenta afirmó que la canasta semanal se mantiene alrededor de 913 pesos durante 2025 y 2026, por debajo de los más de 1,000 pesos que costaba en 2024 en términos nominales.
Ese comportamiento tiene un efecto real sobre el poder adquisitivo, aunque debe interpretarse con cuidado. Si una canasta permanece fija mientras los ingresos y otros precios aumentan, su peso relativo en el presupuesto puede disminuir. Pero la experiencia de cada familia no se define únicamente por el promedio oficial. La composición de la canasta, la ciudad de residencia, la calidad de los productos y la frecuencia de compra pueden producir resultados muy distintos. Una familia que compra más frutas, verduras, carne o transporte puede enfrentar una inflación personal superior a la nacional.
Gasolina: el precio visible de una política amplia
El segundo componente de la estrategia es el acuerdo con las gasolineras para mantener la gasolina Magna en 24 pesos por litro y el diésel en 27 pesos. Aunque se trata de un compromiso voluntario, el Gobierno sostiene que la mayoría de los establecimientos respeta esos límites y que la Procuraduría Federal del Consumidor publica semanalmente los precios para facilitar la vigilancia pública. La administración también ha utilizado el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, como amortiguador frente a las variaciones internacionales del petróleo.
La gasolina tiene una importancia que va mucho más allá del gasto directo de los automovilistas. Un aumento en el combustible eleva el costo de transportar alimentos desde las zonas productoras hasta los centros de consumo. También afecta el reparto urbano, los servicios de mensajería, la agricultura mecanizada, la pesca y la operación de pequeñas empresas. En ese sentido, contener el precio puede reducir una cadena de incrementos antes de que llegue al supermercado. El beneficio, sin embargo, depende de que los distribuidores realmente trasladen el menor costo a sus precios finales.
El caso del diésel muestra la misma conexión. Camiones, autobuses y maquinaria pesada utilizan este combustible para mover mercancías y sostener actividades productivas. Si su precio se mantiene estable, una empresa puede absorber mejor los aumentos salariales o de mantenimiento sin trasladarlos de inmediato al consumidor. Pero si la contención se logra mediante un sacrificio fiscal considerable, el costo no desaparece: se desplaza al presupuesto público y, en última instancia, a la capacidad del Estado para financiar otros servicios.
La eficacia depende de lo que no se ve
La afirmación presidencial de que, sin el PACIC y el acuerdo de combustibles, la inflación sería “por lo menos el doble” plantea una hipótesis difícil de verificar de manera directa. Para medirla se necesitaría comparar el comportamiento observado con un escenario contrafactual en el que ninguno de los acuerdos hubiera existido, aislando al mismo tiempo el efecto de las tasas de interés, el tipo de cambio, las importaciones, las cosechas y los precios internacionales. Es razonable pensar que los convenios contribuyeron a contener algunos precios, pero atribuirles todo el resultado simplifica una dinámica en la que intervienen múltiples factores.
La estabilidad de la canasta también puede reflejar diferencias entre los precios pactados y los precios que enfrenta el consumidor fuera de los establecimientos participantes. Un precio de referencia puede mantenerse en 913 pesos mientras una familia compra en una tienda con menor oferta, en una comunidad alejada o en un mercado donde los costos de transporte son mayores. La transparencia de la metodología, la cobertura geográfica y la comprobación independiente serán fundamentales para saber si el beneficio llega de manera amplia o se concentra en determinadas cadenas y regiones.
Los acuerdos voluntarios ofrecen una ventaja inmediata: permiten reaccionar con rapidez y evitan, en principio, controles generales que podrían generar desabasto o mercados paralelos. También crean un canal de diálogo con empresas que tienen información directa sobre costos y demanda. Su debilidad es la sostenibilidad. Cuando los márgenes se reducen demasiado, una empresa puede disminuir inventarios, sustituir productos, reducir calidad o abandonar el compromiso. La presión pública puede mantener el precio durante un tiempo, pero no elimina los costos de producción.
Quién gana y quién permanece expuesto
El resultado puede beneficiar a los trabajadores cuyos ingresos avanzan más lentamente que los precios. Para un hogar con salario fijo, una menor inflación facilita la planeación y evita ajustes frecuentes en alimentos, transporte y servicios. También favorece a pequeñas empresas que dependen del consumo interno, porque una canasta más accesible deja cierto margen para otros gastos. La estabilidad, además, puede reducir la incertidumbre que desalienta decisiones de inversión y contratación.
Pero la distribución de esos beneficios no es uniforme. Los hogares de bajos ingresos suelen gastar una proporción mayor de su presupuesto en alimentos y transporte, por lo que cualquier desviación en esos rubros tiene un efecto desproporcionado. Por otro lado, las personas que pagan renta, créditos o servicios sujetos a contratos indexados pueden seguir enfrentando ajustes acumulados aunque la inflación corriente sea baja. La desaceleración no borra la pérdida de poder adquisitivo provocada por los años anteriores; únicamente reduce la velocidad del deterioro.
La agricultura constituye uno de los puntos más vulnerables. Una política que limite el precio final sin atender el costo de fertilizantes, agua, electricidad, transporte y financiamiento puede deteriorar la rentabilidad de los productores. En el corto plazo, eso podría favorecer al consumidor, pero en el mediano plazo reduciría la oferta nacional y aumentaría la dependencia de importaciones. Un ejemplo conocido en cualquier mercado es el de los productos estacionales: cuando una mala cosecha coincide con una demanda estable, los acuerdos de precios tienen un margen limitado para impedir que aparezcan presiones, escasez o sustituciones.
El desafío de convertir un alivio en tendencia
El dato de julio mejora el punto de partida para las decisiones económicas, pero no garantiza una trayectoria descendente permanente. Las frutas y verduras seguirán expuestas al clima; los energéticos dependerán del mercado internacional y del tipo de cambio; y los alimentos importados pueden encarecerse si el peso pierde valor. A ello se suman posibles ajustes salariales, cambios regulatorios y choques externos que podrían reabrir la presión sobre los precios.
La prueba para el Gobierno será institucionalizar la coordinación sin convertirla en sustituto de las políticas de productividad. Mejor infraestructura de almacenamiento y transporte, competencia efectiva en la distribución, información de precios, apoyo focalizado a productores y una política energética sostenible tendrían efectos más duraderos que un acuerdo renovado semestralmente. El objetivo no debería ser únicamente que una canasta cueste lo mismo durante dos años, sino que los ingresos reales crezcan porque la economía produce más y distribuye con menores costos.
También será necesario vigilar el costo fiscal del IEPS y de cualquier otro mecanismo de contención. Subsidios amplios pueden proteger a los consumidores en un episodio de volatilidad, pero si se prolongan sin una fuente clara de financiamiento reducen el espacio para salud, educación, seguridad o inversión pública. El diseño más sólido sería aquel que concentre el apoyo en quienes realmente lo necesitan y conserve señales suficientes para promover ahorro de combustible, transporte público y transición energética.
La inflación de 3.12% representa, por ahora, una combinación favorable de menor presión externa, política monetaria restrictiva y acuerdos sectoriales. Su importancia política es evidente: permite al Gobierno mostrar que la coordinación con empresarios puede traducirse en un alivio tangible para las familias. Su significado económico, en cambio, deberá juzgarse por la duración del resultado, la cobertura real de la canasta y la capacidad de evitar que el control de precios termine generando costos ocultos. La estabilidad será sólida únicamente cuando deje de depender de pactos temporales y se apoye en una oferta más productiva, mercados más competitivos y hogares con ingresos capaces de seguir el ritmo de la economía.
