El Ministerio Público de Costa Rica mantiene abierta una investigación sobre el patrimonio de Melanie Bell Ramírez, hija de Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, después de identificar compras de bienes por más de ₡100 millones (aproximadamente USD 187.000). La Fiscalía analiza si los ingresos declarados por Bell, quien afirma dedicarse a la venta de ropa, resultan suficientes para explicar el origen de los fondos utilizados.
La pesquisa está a cargo de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada y se desarrolla dentro del caso Leviatán, una investigación más amplia sobre una estructura presuntamente vinculada con la contaminación de contenedores en APM Terminals. Según la tesis fiscal, el grupo habría utilizado empresas, propiedades y otros activos para incorporar a la economía formal recursos que supuestamente provenían del narcotráfico.
Un patrimonio que la Fiscalía considera desproporcionado
El análisis patrimonial incorporado al expediente señala que Bell reportó únicamente 11 cuotas ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Su última cotización aparece registrada en enero de 2024, cuando figuró como trabajadora independiente con un ingreso reportado de ₡340.302, equivalentes a unos USD 635.
La Fiscalía contrasta ese registro con adquisiciones realizadas, según la investigación, entre 2022 y 2025. En ese periodo, Bell habría comprado propiedades, vehículos, motocicletas y otros activos por montos que, de acuerdo con el expediente, superan los ingresos formales identificados. La diferencia entre la capacidad económica documentada y el valor de los bienes constituye uno de los principales elementos que las autoridades buscan aclarar.
La existencia de esa diferencia no determina por sí misma la responsabilidad penal de la investigada. El Ministerio Público debe establecer, mediante pruebas financieras, registrales y testimoniales, si los fondos tuvieron un origen ilícito y si Bell conocía o participó en alguna operación destinada a ocultarlos o incorporarlos al sistema económico.
Compras en efectivo y movimientos societarios
Entre las operaciones bajo revisión figura la compra de un inmueble en Limón, efectuada en marzo de 2025 y pagada de contado. También se investiga la adquisición de una Toyota Fortuner SRV modelo 2025, inscrita en abril de ese año y valorada en ₡36,8 millones, unos USD 68.700.
La escritura del vehículo indica que el pago se realizó mediante depósitos bancarios y efectivo. En ese documento, el origen de los recursos aparece descrito como ahorros y fondos propios de Bell. Para la Fiscalía, sin embargo, esa explicación debe ser confrontada con la información económica disponible y con la capacidad real de generación de ingresos de la investigada.
El expediente también menciona a Corporación Luna del Atlántico S. A., sociedad en la que Bell figura como presidenta. La empresa aparece como propietaria de una motocicleta Yamaha comprada de contado por ₡9,8 millones, cerca de USD 18.300, y de un Toyota Hilux adquirido por más de ₡18 millones, aproximadamente USD 33.600, que posteriormente habría sido donado a la sociedad.
Las autoridades examinan no solo quién aparece formalmente como propietario de cada bien, sino también quién habría aportado el dinero, cómo se efectuaron los pagos y qué relación existía entre las personas y empresas involucradas. Esa trazabilidad es relevante en investigaciones de legitimación de capitales, porque la titularidad registral puede no coincidir necesariamente con el beneficiario económico real.
La versión de Bell sobre su actividad comercial
Durante una comparecencia ante la Fiscalía, Bell manifestó que trabaja como comerciante independiente y que sus ingresos provienen de una tienda de ropa llamada Luna by Mel, ubicada junto a su vivienda en el barrio Los Cocos, en Limón. Explicó que vende ropa para mujer, zapatos y artículos de belleza, y que importa mercadería a través de plataformas como Fashion Nova y Shein.
La investigada aseguró que no tiene patrono porque trabaja por cuenta propia y estimó sus ingresos mensuales entre ₡1,5 millones y ₡2 millones, equivalentes a un rango aproximado de USD 2.800 a USD 3.700. También indicó que no cuenta actualmente con seguro y que mantiene atrasos en sus pagos voluntarios ante la CCSS.
Bell sostuvo que los bienes fueron financiados con ahorros personales generados por su actividad laboral y negó que su patrimonio tenga relación con actividades delictivas. La Fiscalía considera que esa explicación no coincide, al menos preliminarmente, con la información económica recabada, por lo que pretende determinar si existieron otras fuentes de financiamiento.
El vínculo investigado con el caso Leviatán
Según el expediente citado por CR Hoy, Bell y su pareja, Joseph Casanova Duartes, están señalados como posibles líderes operativos de la estructura investigada. La hipótesis fiscal les atribuye funciones relacionadas con la coordinación de operaciones, la obtención de cocaína, la administración de recursos y el supuesto lavado de las ganancias.
En ese contexto, el Ministerio Público estudia si algunos de los bienes adquiridos por Bell pudieron haber sido financiados con recursos provenientes de actividades atribuidas a Casanova. Se trata de una hipótesis de investigación que deberá ser respaldada con evidencia y sometida al control de los tribunales durante el proceso.
Defensa prepara nuevas pruebas
Bell rechazó los cargos y optó por no declarar sobre los hechos específicos que se le atribuyen, aunque señaló que podría hacerlo más adelante. Relató que fue detenida cuando se presentó voluntariamente ante la Corte y que oficiales la arrestaron en la entrada del edificio.
Su defensa anunció la presentación de pruebas y solicitó una evaluación técnica especializada para documentar sus ingresos y la actividad de su negocio. Ese peritaje podría centrarse en las ventas, los costos de importación, los movimientos bancarios, las obligaciones fiscales y la capacidad de ahorro acumulada durante el periodo examinado.
La investigación continúa abierta. La Fiscalía deberá precisar el origen de los fondos, la participación individual de cada persona y la eventual conexión entre los bienes y la estructura atribuida al caso Leviatán, mientras la defensa busca demostrar que las adquisiciones pueden explicarse mediante ingresos comerciales y ahorros legítimos.
