La Contraloría General de la República identificó bienes entregados sin soportes documentales, sin verificación física y ausentes de los registros contables de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El monto asciende a 33.009 millones de pesos y corresponde a la auditoría financiera de la vigencia 2025. Este hallazgo se suma a una ejecución presupuestal efectiva de apenas el 50,36 por ciento sobre una apropiación de 4,4 billones de pesos.
Los tres anclajes que explican el hallazgo
El primer anclaje es la ausencia de soportes que acrediten la entrega efectiva de los bienes a los beneficiarios finales. El segundo radica en la imposibilidad de ubicar físicamente las mercancías durante las visitas de verificación. El tercero consiste en la omisión completa de estos activos en la contabilidad institucional. La combinación de estos tres elementos configuró, según la Contraloría, un daño cierto al patrimonio público.
La auditoría también reveló que la entidad registró compromisos por 4,34 billones de pesos, equivalentes al 97,85 por ciento de la apropiación. Sin embargo, las obligaciones reales solo alcanzaron 2,23 billones de pesos. La brecha resultante deja rezagos cercanos a 2 billones de pesos que no se tradujeron en atención efectiva a las víctimas.
Impacto en la cadena de reparación
La entrega de bienes constituye uno de los mecanismos más tangibles de la reparación individual. Cuando esos bienes desaparecen de los registros y no pueden localizarse, las víctimas pierden tanto el activo material como la certeza de que el Estado cumplió su obligación. Organizaciones de víctimas han señalado que episodios como este erosionan la confianza en programas que ya enfrentan demoras estructurales.
Desde la perspectiva de la Contraloría, el problema no se limita a un error contable. La falta de trazabilidad impide determinar si los recursos cumplieron su propósito misional o si existieron desviaciones. Esta ambigüedad genera un costo adicional: el tiempo y los recursos que la entidad deberá destinar ahora a reconstruir la cadena de custodia.
Perspectivas enfrentadas sobre la baja ejecución
Funcionarios de la Unidad para las Víctimas argumentan que la baja ejecución refleja la complejidad de coordinar acciones con múltiples entidades territoriales y organizaciones sociales. Señalan que procesos de contratación y verificación de beneficiarios requieren tiempos que no siempre coinciden con los cierres presupuestales anuales.
La Contraloría, en cambio, vincula directamente la baja ejecución con el incumplimiento de metas institucionales. Considera que las gestiones adelantadas por la entidad resultaron insuficientes para movilizar los recursos apropiados hacia la atención humanitaria y la reparación colectiva. Esta diferencia de lectura anticipa posibles tensiones en los informes de seguimiento que se emitirán durante 2026.
Riesgos sistémicos que se agravan
Uno de los riesgos identificados es la repetición de hallazgos similares en auditorías futuras si no se implementan controles de trazabilidad en tiempo real. La ausencia de soportes físicos y contables sugiere que los sistemas de información de la Unidad requieren actualizaciones que permitan el cruce automático entre órdenes de entrega, actas de recibo y registros presupuestales.
Otro riesgo radica en el efecto sobre la cooperación internacional. Varias agencias de cooperación que financian componentes de la reparación exigen rendición de cuentas estricta. Un hallazgo de esta magnitud puede traducirse en mayores exigencias de auditoría externa o incluso en la reducción de aportes futuros.
Escenarios probables hacia 2027
Si la Unidad implementa un sistema de trazabilidad digital con verificación presencial aleatoria, el riesgo de nuevos hallazgos fiscales podría reducirse significativamente. Sin embargo, la incorporación de estas herramientas exige recursos de inversión que compiten con los destinados directamente a las víctimas.
Un escenario alternativo contempla que los 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, deriven en procesos que absorban capacidad institucional durante varios años. En ese caso, la atención a nuevas solicitudes de reparación podría ralentizarse aún más.
La Contraloría ha indicado que continuará el seguimiento en la vigencia 2026. El resultado de ese monitoreo determinará si las medidas correctivas adoptadas por la entidad logran cerrar la brecha entre apropiación, compromiso y ejecución efectiva.
