Representantes de la industria avícola y autoridades de Jalisco solicitaron al Gobierno Federal revisar el crecimiento de las importaciones de pollo procedentes de Brasil, al señalar que el aumento de la oferta extranjera ha reducido los precios pagados a los productores nacionales, debilitado su rentabilidad y puesto en riesgo empleos y capacidad productiva. El planteamiento no contempla cerrar el mercado, sino establecer condiciones que, según el sector, permitan una competencia equilibrada.
Durante una conferencia de prensa, Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, afirmó que el Gobierno estatal respalda a los avicultores de la entidad y del resto del país ante lo que describió como una etapa delicada para la industria. El funcionario destacó que las importaciones de pollo pasaron de aproximadamente 73 mil toneladas en 2019 a más de 235 mil toneladas en 2025.
El salto de las importaciones encendió la alerta
La diferencia representa un incremento de alrededor de 162 mil toneladas en seis años y constituye el principal argumento de las autoridades estatales para pedir una revisión federal. Ron Ramos calificó el crecimiento de “abismal” y sostuvo que el ingreso de producto brasileño está perjudicando con fuerza a los productores mexicanos. La comparación, sin embargo, describe el aumento acumulado del volumen importado y no permite por sí sola determinar cuánto corresponde específicamente a Brasil ni qué proporción ocupa dentro del consumo nacional.
El reclamo se inscribe en una discusión más amplia sobre el equilibrio entre abasto, precios al consumidor y protección de la producción nacional. Las importaciones pueden ampliar la disponibilidad del alimento y ejercer presión sobre los precios de origen, pero una reducción en el valor pagado a los productores no necesariamente se refleja en el precio final si existen costos, márgenes y condiciones de comercialización que absorben esa diferencia.
Mauro Garza, coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco, señaló que México no cuenta con un tratado de libre comercio con Brasil. A su juicio, la apertura para el ingreso de pollo brasileño se produjo sin límites suficientes sobre los cupos y sin una relación comercial recíproca, pues México, afirmó, no obtiene un acceso equivalente para sus productos en ese mercado. Garza planteó que las decisiones de importación pudieron adoptarse con el propósito de contener la inflación, aunque sostuvo que ese beneficio no ha llegado de forma clara al consumidor final.
Productores piden competencia, no cierre
Lorenzo Martín, presidente del Consejo de la Unión Nacional de Avicultores, precisó que los productores no están solicitando la suspensión total de las importaciones. La petición central, explicó, consiste en revisar las condiciones de entrada del producto, la evolución de los volúmenes y los mecanismos que determinan su impacto sobre el mercado mexicano.
La precisión es relevante porque el abastecimiento de pollo depende de varios factores: la producción nacional, la demanda interna, los costos del alimento para aves, la logística, las condiciones sanitarias y la disponibilidad de producto importado. Una política de cierre podría reducir la oferta en determinados momentos y presionar los precios, mientras que una apertura sin vigilancia podría deteriorar la capacidad de los productores locales para sostener inversiones, empleos y suministro a largo plazo.
El sector sostiene que desde 2022 se han dejado de generar alrededor de 42 mil empleos y que durante los últimos 12 meses se han perdido más de 27 mil millones de pesos como consecuencia de la disminución de los precios atribuida a la entrada de producto brasileño. Las cifras fueron presentadas como estimaciones de la industria y requieren ser contrastadas con registros oficiales de empleo, producción, comercio exterior y actividad económica para establecer con precisión el alcance del impacto.
La brecha entre origen y consumidor
Como ejemplo de la distorsión que, según los avicultores, existe en la cadena comercial, los representantes del sector señalaron que una pechuga puede comprarse a los productores en aproximadamente 50 pesos y venderse hasta en 180 pesos al consumidor final. La diferencia de 130 pesos no equivale necesariamente a una ganancia directa del comercio, ya que en el trayecto se incorporan costos de procesamiento, transporte, almacenamiento, renta, personal, mermas e impuestos, además de los márgenes de cada intermediario.
No obstante, el ejemplo apunta a una cuestión que rebasa el debate sobre el origen del pollo: una baja en el precio de compra al productor no garantiza una reducción proporcional en el anaquel. Para evaluar si las importaciones cumplen una función antiinflacionaria sería necesario observar la evolución de los precios en cada eslabón, comparar productos equivalentes y medir el efecto de los volúmenes importados en distintas regiones y periodos.
La solicitud de Jalisco coloca ahora la responsabilidad en el Gobierno Federal, que deberá determinar si el aumento de las importaciones responde a necesidades de abasto, a diferencias de costos, a decisiones comerciales o a una combinación de esos factores. También tendrá que valorar la compatibilidad de cualquier medida con las reglas de comercio exterior, los controles sanitarios y la protección de la competencia.
Mientras se define una respuesta, la industria avícola busca que la discusión no se limite al precio inmediato del pollo. Para los productores, la continuidad de la actividad depende de que existan condiciones previsibles para invertir y mantener empleos; para los consumidores, el objetivo es acceder a un alimento disponible y a precios razonables. El desafío de la política pública será conciliar ambos intereses con información verificable y medidas que atiendan tanto la formación de precios como la solidez del abasto nacional.
