París, 2 jul (EFE).- La entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, sigue condicionada a la resolución de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo francés. La euroorden emitida por la Audiencia Nacional de Madrid fue aprobada el pasado 3 de junio por el Tribunal de Apelación de París, pero esa decisión todavía no es firme.
Las fuentes judiciales consultadas por EFE explican que el recurso, interpuesto por la defensa del exdirigente etarra, impide que se agoten los procedimientos penales pendientes en Francia. Esa condición resulta indispensable según el dictamen emitido por la sala de instrucción el 3 de junio. Hasta que el Supremo se pronuncie, el proceso de entrega permanece en suspenso y, en cualquier caso, no será inmediato.
Cronología de los hechos clave
Ternera, de 75 años, se encuentra en libertad bajo control judicial en Francia. El pasado jueves quedó absuelto en el último juicio que enfrentaba en ese país. El proceso, celebrado en abril, lo juzgaba por su presunta pertenencia a ETA entre diciembre de 2002 —fecha en la que huyó de España tras las investigaciones que lo vinculaban al atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987— y mayo de 2005. La absolución deja expedito el camino para que Francia evalúe su entrega, aunque el recurso ante el Supremo introduce un nuevo obstáculo procesal.
En España, Ternera tiene dos causas abiertas. La primera investiga su posible implicación en el atentado de Zaragoza de 1987. La segunda examina su presunto papel en la dirección de ETA desde su fuga en 2002 hasta su detención en los Alpes franceses en mayo de 2019. Ambas solicitudes de entrega recibieron el visto bueno de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, pero la segunda euroorden, cursada el 3 de diciembre, amplía el periodo de acusación y añade el cargo de dirigente, lo que podría elevar la pena máxima a 15 años de prisión en lugar de 12.
El alcance de la euroorden ampliada
La euroorden aprobada el 3 de junio extiende una decisión anterior de 2020. En aquella ocasión el periodo de acusación era más breve y solo se contemplaba el cargo de pertenencia a organización terrorista. La ampliación actual refleja un cambio en la calificación jurídica que las autoridades españolas consideran necesario para reflejar el nivel de responsabilidad que se atribuye al procesado. Sin embargo, esa modificación también explica por qué la defensa ha decidido recurrir: busca que el Supremo revise si la nueva acusación respeta los límites de la cooperación judicial europea.
El Tribunal Supremo francés suele tardar varios meses en resolver este tipo de recursos. Mientras tanto, Ternera permanece en Francia sujeto a medidas de control judicial que le impiden abandonar el país sin autorización. Esa situación genera un escenario intermedio en el que la entrega no se produce de inmediato, pero tampoco se descarta de forma definitiva.
Implicaciones procesales y contexto histórico
El caso de Josu Ternera ilustra las complejidades que aún persisten en la cooperación judicial entre España y Francia respecto a delitos vinculados a ETA. Desde la firma del convenio bilateral y la incorporación de la orden de detención europea, los mecanismos de entrega se han agilizado, pero los recursos ante instancias superiores siguen introduciendo demoras significativas. En este sentido, la resolución del Supremo francés determinará no solo el futuro inmediato de Ternera, sino también el precedente que se establecerá para otros procedimientos similares.
El atentado de Zaragoza de 1987 sigue siendo uno de los episodios más graves atribuidos a ETA. La investigación española sostiene que Ternera participó en la dirección de la banda en ese periodo. Por otro lado, el periodo posterior a 2002 se centra en su presunta labor de coordinación desde la clandestinidad hasta su captura en 2019. Ambos episodios abarcan casi tres décadas de actividad, lo que explica la meticulosidad con la que los tribunales franceses examinan cada euroorden.
La absolución reciente en Francia no implica una valoración sobre los hechos investigados en España. Se trata de una decisión circunscrita al marco procesal francés y al periodo concreto que se juzgaba allí. Por ello, la vía de entrega sigue abierta una vez que se resuelva el recurso pendiente.
Perspectivas de resolución
Las fuentes consultadas coinciden en que el proceso no concluirá en el corto plazo. El Supremo francés deberá analizar si la euroorden ampliada cumple los requisitos de doble incriminación y proporcionalidad exigidos por el derecho europeo. Una decisión favorable a la entrega permitiría que Ternera sea juzgado en España por los dos sumarios pendientes; una resolución contraria obligaría a las autoridades españolas a reformular su solicitud o a esperar nuevos elementos.
En cualquier escenario, el tiempo transcurrido desde la detención de 2019 hasta la actualidad pone de relieve la lentitud inherente a los procedimientos transfronterizos cuando se trata de delitos graves y de larga duración. La resolución del recurso marcará el siguiente paso concreto en un caso que sigue abierto más de tres décadas después de los hechos iniciales.
