La protesta de jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) entró este martes en su segundo día con una exigencia concreta: el pago inmediato de los finiquitos adeudados a 33 ex trabajadores que se retiraron entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026. Lo que comenzó el lunes frente a las oficinas del sistema educativo, en avenida Universidad, Santa Cruz Xoxocotlán, escaló con un bloqueo vial ante la falta de una respuesta efectiva de la dirección general.
Los manifestantes sostienen que el retraso no es un asunto administrativo menor ni una inconformidad reciente. Para quienes concluyeron años de servicio docente y administrativo, el finiquito representa una prestación reconocida en su relación laboral y una fuente de recursos esperada al terminar su vida activa. La demora acumulada, por tanto, convierte una obligación institucional en una incertidumbre económica prolongada para personas que ya dejaron de percibir su salario regular.
Un adeudo que abarca tres generaciones de retiro
El reclamo reúne a trabajadores jubilados en distintos momentos, lo que revela que el problema no se limita a un expediente aislado. Hay casos pendientes desde 2024, otros correspondientes a 2025 y un grupo que, de acuerdo con los compromisos previos de la dirección, debía recibir su pago en agosto de este año. Al llegar septiembre sin que se concretaran esas fechas, los afectados concluyeron que las promesas ya no podían ser tratadas como una ruta suficiente de solución.
Según los jubilados, la directora general del Cobao, Delfina Guzmán, había ofrecido cubrir los rezagos de 2024 y 2025 durante abril, mientras que los retiros de 2026 serían atendidos en agosto. Esos plazos son relevantes porque permiten medir el incumplimiento: no se trata únicamente de que no exista una fecha cierta de pago, sino de compromisos anunciados que vencieron sin resultados verificables para los beneficiarios.
La dirección del colegio, de acuerdo con el señalamiento de los manifestantes, ha atribuido la falta de pago a que la Secretaría de Finanzas no ha liberado los recursos. Esa explicación desplaza parte de la responsabilidad hacia otra instancia, pero no resuelve el punto central para los jubilados: el Cobao es la institución con la que mantuvieron su vínculo laboral y de la que esperan una gestión capaz de traducir los derechos pactados en pagos concretos.
La urgencia deja de ser sólo laboral
La protesta adquirió una dimensión más delicada cuando uno de los jubilados se desmayó este martes y requirió atención de una paramédica. El episodio no define por sí solo la situación de todo el grupo, pero expone la vulnerabilidad que los propios manifestantes han descrito: varios enfrentan padecimientos de salud y consideran que el dinero pendiente puede ser decisivo para cubrir tratamientos, consultas o servicios médicos particulares.
En este contexto, el retraso de los finiquitos afecta más que la planeación financiera de los ex empleados. También incide en sus posibilidades de responder a gastos médicos en un sistema público que, según relatan, les ha impuesto trámites, demoras y deficiencias. La protesta se explica así por la combinación de un derecho laboral incumplido y necesidades personales que no pueden aplazarse al ritmo de la burocracia presupuestal.
El caso obliga a distinguir entre la existencia formal de una prestación y su acceso real. Un derecho incluido en el contrato colectivo de trabajo conserva valor jurídico, pero para el trabajador jubilado sólo cumple plenamente su función cuando se entrega en un plazo razonable. Si la institución tarda años en pagar, el finiquito pierde parte de su capacidad para respaldar la transición económica y familiar que sigue al retiro.
La presión alcanza a la dirección y al sindicato
Los ex trabajadores han dirigido sus críticas tanto a Delfina Guzmán como al Sindicato Único de Trabajadores del Cobao (Sutcobao), al que reprochan falta de respaldo en su demanda. La presencia de representantes sindicales en la manifestación, después de los señalamientos, muestra que la presión pública logró abrir un canal de contacto; sin embargo, aún no equivale a una solución ni despeja las dudas sobre la representación de quienes ya no están en activo.
La situación plantea una tensión frecuente en los organismos públicos: las prestaciones de retiro dependen de decisiones presupuestales y administrativas, pero sus consecuencias recaen directamente en personas que tienen menor margen para esperar. Cuando intervienen institución, sindicato y Secretaría de Finanzas, el riesgo es que cada parte señale un obstáculo ajeno mientras los expedientes permanecen inmóviles. Para los afectados, la cadena de responsabilidades sólo será útil si culmina en una fecha de pago respaldada por recursos liberados.
La demanda ya busca una decisión política
Ante la ausencia de resultados, los jubilados solicitaron la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz y pidieron una explicación a la secretaria de Finanzas, Andrea Acevedo Merlín, sobre la no liberación de recursos. Con ello, el conflicto deja de estar restringido a las oficinas del Cobao y se traslada al nivel donde pueden coordinarse presupuesto, gestión institucional y supervisión de compromisos laborales.
La salida del conflicto requerirá algo más preciso que una nueva promesa. Los 33 jubilados necesitan conocer el origen del retraso, el monto y disponibilidad de los recursos, el calendario de dispersión y la autoridad responsable de cumplirlo. Esa información permitiría verificar avances y reduciría la incertidumbre que ha mantenido el problema abierto desde 2024. Mientras no exista una respuesta de ese nivel, el bloqueo y la protesta seguirán siendo para los ex trabajadores la vía más visible para reclamar una prestación que consideran ganada durante años de servicio.
