Una jueza federal de Manhattan anuló la política del Gobierno de Donald Trump que suspendía la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Jeannette Vargas determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus atribuciones legales y calificó la medida del Departamento de Estado como “manifiestamente ilegal”.
El criterio nacional queda invalidado
El fallo sostiene que el Congreso retiró expresamente al secretario de Estado la autoridad para intervenir de forma general en el procesamiento consular de visas de inmigrante. Según la resolución, bloquear solicitudes únicamente por la nacionalidad de los solicitantes contradice el marco federal de inmigración, que exige evaluar cada caso conforme a criterios legales individualizados.
La suspensión, anunciada en enero y aplicada ese mismo mes, afectaba a personas de América Latina, África, Medio Oriente, Asia del Sur, los Balcanes y el Caribe. Entre los países incluidos figuraban Brasil, Colombia, Uruguay, Albania, Pakistán y Bangladés. El Gobierno justificó la política alegando que los solicitantes de esos países tendrían un riesgo elevado de depender de ayudas públicas estadounidenses.
La demanda fue presentada por la Red Católica de Inmigración Legal y African Communities Together, junto con solicitantes de visas y ciudadanos estadounidenses que patrocinan a familiares. El Departamento de Estado aún no había informado si apelará la decisión. La jueza Vargas fue designada por el expresidente Joe Biden.
La sentencia elimina la prohibición automática, pero no concede las visas de manera inmediata: los solicitantes seguirán sujetos a los controles de seguridad, requisitos de elegibilidad y revisiones individuales habituales. Su alcance principal es jurídico y administrativo, porque impide utilizar una clasificación general por nacionalidad como sustituto del análisis de cada expediente.
El fallo representa un nuevo revés judicial para la agenda migratoria del segundo mandato de Trump, centrada en reforzar los controles de entrada y reducir el posible uso de recursos públicos. También confirma que los tribunales federales continuarán examinando si esas medidas respetan los límites fijados por el Congreso y las garantías del debido proceso.
