Un tribunal federal de Toluca ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Cisen, al concluir que no existen elementos suficientes para sostener la acusación de que actuó como segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La decisión pone fin a casi ocho meses de prisión preventiva y marca otro revés para la línea investigativa que durante décadas ha buscado demostrar una conspiración más amplia.
Argumentos que sustentan el fallo
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca revisó la formal prisión dictada en noviembre pasado y determinó que los datos aportados por la Fiscalía General de la República resultan insuficientes para acreditar premeditación o alevosía por parte de Sánchez Ortega. Los magistrados señalaron de manera unánime que, aunque pudiera admitirse una contribución material al resultado, no hay pruebas de un acuerdo previo con Mario Aburto ni de una forma concertada de ataque. Además, el delito ya prescribió en 2014, lo que impide continuar el proceso.
El sobreseimiento dictado significa que el caso contra Sánchez Ortega queda cerrado en esta instancia, salvo que los familiares de Colosio interpongan un amparo que revierta la resolución. El tribunal ordenó su excarcelación desde el 30 de junio, aunque la notificación formal se produjo días después.
El peso del tiempo en la investigación
El asesinato de Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Desde entonces, la hipótesis del segundo tirador ha sido planteada en varias ocasiones sin lograr consolidarse ante los tribunales. La detención de Sánchez Ortega en noviembre de 2025 renovó temporalmente esa línea, pero el tribunal ha recordado que la ausencia de pruebas concretas sobre coordinación previa no puede suplirse con suposiciones prolongadas en el tiempo.
Este desenlace refleja un patrón recurrente: cada vez que se intenta reactivar la teoría de una participación múltiple, los órganos jurisdiccionales exigen elementos objetivos que, hasta ahora, no han aparecido con la solidez necesaria para sostener una acusación penal.
Repercusiones en la búsqueda de verdad
La resolución no cierra la puerta a otras investigaciones sobre el magnicidio, pero sí limita el margen para seguir explorando la participación de Sánchez Ortega bajo los cargos originales. Los familiares de la víctima conservan la opción de acudir al amparo, lo que podría generar un nuevo capítulo si logran demostrar que el tribunal omitió valorar algún elemento relevante.
Desde una perspectiva institucional, el fallo refuerza la importancia de los plazos de prescripción como mecanismo de certeza jurídica. Después de más de tres décadas, la falta de pruebas frescas obliga a reconocer que la reconstrucción completa de los hechos enfrenta límites prácticos que la justicia no puede ignorar indefinidamente.
El caso Colosio sigue siendo un referente de las dificultades que enfrenta el sistema mexicano para esclarecer crímenes de alto perfil cuando las investigaciones iniciales presentan vacíos estructurales. Cada intento de ampliar la autoría material tropieza con la misma exigencia probatoria que, en esta ocasión, resultó determinante para ordenar la libertad del exagente.
