La trayectoria de José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda el 11 de marzo marca un giro pronunciado en la percepción ciudadana. Lo que comenzó como una expectativa moderada vinculada a promesas de reactivación tras más de una década de bajo crecimiento se transformó en una erosión sostenida de respaldo. Las cifras de Cadem y Criteria reflejan no solo una caída numérica, sino el peso de factores estructurales que conectan con problemas acumulados en la economía chilena desde antes de su mandato.
El origen de este deterioro se remonta a decisiones tomadas en los primeros meses. El anuncio de un alza histórica en los precios de los combustibles, motivado por el conflicto en Irán, afectó directamente los costos de transporte y producción. Esta medida, combinada con datos posteriores del INE que mostraron una tasa de desocupación del 9,4 por ciento entre marzo y mayo, situó el desempleo en su nivel más alto en cinco años. El Imacec de mayo registró una contracción del 0,9 por ciento frente al mismo mes de 2025, configurando cinco meses consecutivos de resultados negativos que alimentan temores de recesión técnica.
Raíces de la promesa de crecimiento y su contraste actual
Kast centró su campaña en revertir doce años de estancamiento económico mediante reformas que priorizaran la inversión y la creación de empleos formales. Esta narrativa conectaba con sectores que vivieron la transición desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando la valoración negativa del empleo ya alcanzaba picos similares a los observados ahora. Sin embargo, la percepción actual indica que el 88 por ciento de los encuestados por Cadem considera la situación laboral como mala o muy mala, siete puntos más que en la medición anterior. Esta evolución sugiere que las expectativas generadas durante la campaña chocaron con variables externas e internas que el gobierno no logró mitigar a tiempo.
El contexto internacional amplificó estas tensiones. La guerra en Irán elevó los costos energéticos globales y presionó las cuentas fiscales chilenas en un momento en que el país intentaba recuperar dinamismo tras la pandemia. Al mismo tiempo, la discusión interna sobre la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social revela fricciones legislativas que dificultan la ejecución de medidas correctivas. El Senado aprobó la idea de legislar, pero las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda enfrentan indicaciones que requieren negociaciones con la oposición, donde solo el 18 por ciento de los consultados percibe una relación fluida con el Ejecutivo.
Repercusiones en la estabilidad de la coalición y el Congreso
La debilidad en atributos como la capacidad para mantener ordenada a la coalición política, que cayó once puntos hasta el 20 por ciento según Cadem, apunta a tensiones internas que podrían prolongarse durante el resto del mandato. Esta situación afecta directamente la tramitación de reformas estructurales, ya que cualquier retraso en la Ley para la Reconstrucción Nacional reduce las posibilidades de revertir indicadores negativos antes de las próximas elecciones parlamentarias. Históricamente, gobiernos que enfrentaron caídas similares en popularidad, como el de Piñera en su segundo período, vieron limitadas sus opciones de impulsar cambios profundos una vez que la desaprobación superó el umbral del 55 por ciento.
En el plano social, el aumento del pesimismo, que pasó del 52 al 57 por ciento, y la convicción del 61 por ciento de que Chile avanza por mal camino generan efectos acumulativos. Estos datos no solo reflejan insatisfacción coyuntural, sino que pueden traducirse en menor disposición al consumo y mayor cautela en decisiones de inversión privada. Sectores como el comercio minorista y la construcción, que dependen de la confianza de los hogares, ya registran señales de enfriamiento que se alinean con el quinto mes consecutivo de Imacec negativo.
Impactos sectoriales y trayectorias de mediano plazo
El manejo financiero recibe una calificación negativa del 54 por ciento de los encuestados por Criteria, quienes lo consideran peor o mucho peor de lo esperado. Esta valoración incide en la credibilidad de las proyecciones oficiales, como las expresadas por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz sobre una tendencia favorable en el segundo semestre. La brecha entre las expectativas técnicas y las percepciones ciudadanas amplía el riesgo de que medidas de estímulo, si se implementan tarde, pierdan efectividad por falta de apoyo social.
En términos de política pública, la baja en la popularidad condiciona el margen de maniobra para reformas tributarias o laborales necesarias para financiar programas de empleo. El 52 por ciento que considera que la situación general del país es peor que hace seis meses, según Criteria, sugiere un ciclo de retroalimentación negativa donde la cautela de los votantes influye en la disposición de los parlamentarios a respaldar iniciativas del Ejecutivo. Este patrón se observó en administraciones anteriores cuando el desempleo superó el 9 por ciento, limitando la capacidad de aprobar presupuestos expansivos sin concesiones significativas a la oposición.
Consecuencias para la cohesión social y el desarrollo futuro
A nivel más amplio, la combinación de estancamiento económico y erosión de atributos presidenciales como cercanía y empatía afecta la legitimidad de las instituciones democráticas. Cuando solo el 33 por ciento considera que el presidente cuenta con un buen equipo de gobierno, se abre espacio para que narrativas críticas ganen terreno en debates públicos sobre el rol del Estado en la generación de empleo. Esto puede derivar en mayor fragmentación política, donde partidos de oposición aprovechan el descontento para condicionar apoyos a proyectos específicos, ralentizando la respuesta ante la amenaza de recesión técnica.
En el mediano plazo, la persistencia de estos indicadores podría influir en la inversión extranjera directa, especialmente en sectores sensibles a la estabilidad regulatoria como la minería y las energías renovables. La experiencia de otros países latinoamericanos que atravesaron episodios similares muestra que una caída prolongada de la aprobación presidencial por motivos económicos suele preceder ajustes en las metas de crecimiento, obligando a revisiones de las proyecciones fiscales originales. Chile, con su historial de estabilidad macroeconómica, enfrenta ahora el desafío de evitar que el actual ciclo de pesimismo se traduzca en una contracción más profunda del empleo formal durante 2026 y 2027.
La interacción entre estos factores configura un escenario donde la recuperación económica depende tanto de variables externas como de la capacidad del gobierno para reconstruir puentes con la oposición y los actores sociales. Sin avances visibles en la creación de puestos de trabajo y la contención de precios energéticos, el riesgo de que la desaprobación se consolide por encima del 55 por ciento permanece elevado, limitando el espacio para iniciativas ambiciosas de desarrollo social y productivo.
