El combate contra el narcotráfico en México y Estados Unidos continúa concentrado en los carteles, los decomisos y la captura de sus dirigentes, aunque el funcionamiento del mercado ilegal depende también de factores que se desarrollan lejos de las fronteras: el consumo, las redes de distribución y el destino de los recursos obtenidos. La persistencia de esos tres elementos explica por qué la desaparición de una organización criminal rara vez elimina el negocio.
Un mercado que sobrevive a los operativos
La relación entre demanda y oferta no desaparece cuando una actividad es ilegal. En el caso de las drogas, la destrucción de cultivos y laboratorios, el aseguramiento de cargamentos y el encarcelamiento de líderes pueden alterar rutas y estructuras, pero no necesariamente reducen de forma permanente la disponibilidad de sustancias mientras exista un número elevado de compradores dispuestos a pagar por ellas.
Estados Unidos enfrenta este fenómeno desde hace más de un siglo. Durante la Prohibición, vigente entre 1920 y 1933, el gobierno intentó frenar el consumo de alcohol mediante la prohibición de su producción y venta. La medida no eliminó la demanda: favoreció el contrabando, la expansión de bares clandestinos y el fortalecimiento de figuras criminales como Al Capone.
Décadas después, la llamada “guerra contra las drogas”, declarada formalmente por el presidente Richard Nixon en 1971, amplió el uso de herramientas policiales y judiciales contra las sustancias ilícitas. Sin embargo, el problema ya era visible antes de esa política. Testimonios sobre la circulación de marihuana y otras drogas en ciudades estadounidenses durante la década de 1960 muestran que el mercado tenía presencia social y territorial mucho antes de las estrategias contemporáneas.
La cadena continúa después de la frontera
En la actualidad, organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, así como figuras identificadas con esas estructuras, ocupan buena parte de la atención pública. Las autoridades estadounidenses señalan el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras sustancias procedentes de México o de otros puntos de la región. Pero el cruce fronterizo representa solo una fase de una cadena mucho más extensa.
Una vez que los cargamentos ingresan a Estados Unidos, deben ser recibidos, almacenados, fraccionados, transportados y vendidos. En esas tareas participan distribuidores independientes, pandillas locales y organizaciones criminales con distintos niveles de coordinación. La Administración para el Control de Drogas, DEA, ha documentado la presencia de esas redes dentro del territorio estadounidense.
La Operación Last Mile, desarrollada por la DEA entre 2022 y 2023, dejó 3 mil 337 arrestos en Estados Unidos, de acuerdo con el balance citado en el análisis. La cifra ilustra que la distribución interna no es un componente secundario, sino una parte indispensable del mercado. Sin compradores y vendedores en las ciudades de destino, los cargamentos no tendrían valor comercial, aun cuando hubieran atravesado la frontera.
Dos países, responsabilidades distintas
México enfrenta una crisis grave de delincuencia organizada. Los carteles no solo producen y transportan drogas; también extorsionan, controlan territorios, amenazan comunidades y corrompen instituciones. En respuesta, las autoridades mexicanas reportaron más de 59 mil 500 detenidos por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y junio de 2026, cerca de 500 toneladas de drogas aseguradas y aproximadamente 2 mil 600 laboratorios desmantelados.
Esas cifras no son directamente comparables con los arrestos de la Operación Last Mile, porque corresponden a periodos, categorías delictivas y sistemas operativos diferentes. Aun así, permiten observar que la persecución del narcotráfico no recae exclusivamente en un país. México concentra buena parte de la producción y el tránsito señalados por las autoridades, mientras Estados Unidos concentra una porción decisiva del consumo, la distribución y los ingresos finales.
Plantear una responsabilidad compartida no implica equiparar los daños ni eximir a los grupos criminales de sus delitos. Significa reconocer que la oferta transnacional responde a un mercado cuyo principal destino se encuentra fuera de los territorios donde se producen las sustancias. Una política centrada únicamente en la frontera puede contener flujos concretos, pero difícilmente modifica las condiciones que permiten que el negocio se reorganice.
El dinero como punto de conexión
Una investigación encargada por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca estimó que los consumidores estadounidenses gastaron alrededor de 150 mil millones de dólares en 2016 únicamente en cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina. Esa estimación se realizó antes de que el fentanilo alcanzara las proporciones actuales y no incluye todas las sustancias presentes en el mercado.
El pago se realiza principalmente en el país donde se vende la droga. Por ello, además de investigar a productores y transportistas, resulta relevante seguir los recursos generados por la venta minorista y mayorista. El Departamento del Tesoro estadounidense reconoce que el narcotráfico produce grandes volúmenes de dinero ilícito, que pueden lavarse dentro del país o circular a través de su sistema financiero internacional.
El lavado de activos conecta distintas etapas del negocio. Los ingresos de la venta callejera pueden transformarse en ganancias para distribuidores locales, financiar nuevas operaciones, sostener redes de corrupción o integrarse a actividades aparentemente legítimas. Sin investigaciones financieras eficaces, una operación puede interrumpir el suministro durante un tiempo sin afectar la capacidad económica de las organizaciones.
Información, inteligencia y límites institucionales
La magnitud de las redes conocidas por las autoridades también plantea preguntas sobre el alcance de la inteligencia oficial. Una auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia encontró que, entre 2010 y 2015, la DEA mantuvo más de 18 mil fuentes confidenciales activas en sus oficinas estadounidenses y pagó aproximadamente 237 millones de dólares a más de 9 mil de ellas.
Estos datos no prueban que la DEA forme parte del narcotráfico ni permiten sostener, por sí solos, acusaciones contra la agencia. Sí muestran, sin embargo, el grado de penetración informativa que las autoridades han alcanzado dentro de las redes criminales y la complejidad de administrar fuentes, operaciones encubiertas y relaciones con informantes sin comprometer la legalidad ni la rendición de cuentas.
La captura de un líder puede debilitar una estructura, pero también abrir una disputa por el control de sus rutas y mercados. El cierre de un corredor puede desplazar el tráfico hacia otro, y el desmantelamiento de un cartel puede facilitar el surgimiento de organizaciones más pequeñas y difíciles de identificar. Mientras persistan el consumo, la distribución rentable y la posibilidad de ocultar las ganancias, el mercado conservará incentivos para reconstruirse.
La discusión pública exige, por tanto, observar simultáneamente la violencia y sus fuentes de financiamiento, la producción y el consumo, así como las operaciones fronterizas y las redes internas de distribución. La persecución penal sigue siendo necesaria frente a los delitos cometidos por los carteles, pero sus resultados serán limitados si no se acompaña de políticas de prevención, atención a las adicciones, reducción de daños y control financiero. La pregunta central permanece: quién consume, quién distribuye y dónde termina el dinero.
