Un umbral que ya no es solo simbólico
Que la deuda pública de Estados Unidos haya superado por primera vez los 40 billones de dólares no marca únicamente un récord contable. Señala, sobre todo, la entrada en una fase en la que el endeudamiento deja de ser un recurso excepcional para convertirse en una condición estructural del funcionamiento fiscal del país. El salto desde los 19,95 billones de enero de 2017 hasta los 40,047 billones actuales resume una década de expansión acelerada, impulsada primero por la pandemia, pero sostenida después por un desequilibrio más profundo entre lo que el Estado recauda y lo que está obligado a gastar.
En términos históricos, la crisis del COVID-19 fue el gran acelerador. Las administraciones de Donald Trump y Joe Biden utilizaron deuda para amortiguar el golpe económico, financiar cheques de ayuda, sostener empresas y preservar empleo. Ese endeudamiento tenía una justificación clara en una emergencia inédita. El problema es que, una vez levantada la presión sanitaria, el perfil de gasto no volvió a un cauce más estrecho. Las obligaciones permanentes crecieron más rápido que los ingresos, y el presupuesto quedó atrapado entre compromisos políticos difíciles de tocar y una base impositiva que no acompaña la expansión del gasto.
El dato más revelador está en la composición del problema: 32,266 billones corresponden a deuda en manos del mercado y 7,782 billones a obligaciones internas entre cuentas públicas. Esa distinción importa porque muestra que el Estado no solo debe a inversionistas, fondos y bancos centrales, sino también a sí mismo. Esa deuda intraestatal suele ser presentada como un pasivo menos urgente, pero en la práctica anticipa una presión futura sobre otras partidas, ya que esos compromisos terminarán reclamando recursos del Tesoro cuando vayan venciendo o necesiten ser atendidos.
El aumento también revela un fenómeno político de largo aliento. La Seguridad Social, Medicare, Medicaid y las pensiones de veteranos concentran buena parte del gasto federal y crecen por razones demográficas previsibles. Una población más envejecida demanda más atención médica y más transferencias. El resultado es una aritmética rígida: incluso sin nuevas expansiones del Estado, el presupuesto tiende a ensancharse por inercia. El Congreso puede discutir prioridades, pero no puede alterar de inmediato la estructura del envejecimiento ni el peso electoral de esos programas.
El interés ya compite con la defensa y la salud
La señal más preocupante no es solo cuánto debe Estados Unidos, sino cuánto cuesta sostener esa deuda. En el ejercicio fiscal 2025, el servicio de la deuda superó por primera vez al presupuesto del Pentágono. Y en los primeros diez meses del ejercicio 2026, los intereses pagados pasaron por encima del gasto de Medicare y se ubicaron como la segunda gran partida federal, solo detrás de la Seguridad Social. Ese giro transforma el interés en una carga que compite directamente con funciones esenciales del Estado. Cada dólar destinado a pagar cupones es un dólar que no va a infraestructura, educación, investigación o capacidad de respuesta ante emergencias futuras.
Esa presión fiscal no es abstracta. Si el costo financiero sigue creciendo, el margen para sostener programas sociales sin subir impuestos o recortar otras áreas se vuelve más estrecho. En otros países con trayectorias parecidas, el salto del gasto por intereses ha terminado forzando ajustes abruptos. En Estados Unidos el proceso puede ser más lento, pero la lógica es similar: cuando una porción cada vez mayor del presupuesto se destina a refinanciar el pasado, la política pública queda con menos espacio para diseñar el futuro.
La recaudación tampoco ofrece alivio inmediato. Los ingresos federales no crecen al mismo ritmo que las obligaciones, y eso obliga al Tesoro a refinanciar vencimientos en un contexto de tasas todavía elevadas. Con rendimientos largos en máximos de años, el costo de emitir nueva deuda sube justo cuando el volumen de deuda a renovar es mayor. El círculo es conocido: más deuda exige más intereses; más intereses exigen más deuda o más recortes; más deuda, si no se corrige, vuelve a elevar la prima exigida por el mercado.
La cifra de julio, con un desequilibrio mensual de 432.000 millones de dólares, refuerza esa lectura. Un déficit de ese tamaño, sostenido por meses, no es un accidente sino la manifestación operativa de un Estado que gasta muy por encima de lo que entra. Que el déficit acumulado de los primeros diez meses de 2026 ya supere el del año fiscal anterior es una advertencia sobre la velocidad del deterioro. Cuando los desequilibrios se aceleran más rápido que la economía nominal, la deuda deja de ser una herramienta de gestión y pasa a ser una variable de riesgo sistémico.
Los mercados empiezan a pedir más precio por prestar
El mercado de bonos ha reaccionado con cautela creciente. Los compradores extranjeros, que poseen cerca de un tercio de los bonos del Tesoro, redujeron su demanda en el último año. Esa retracción no implica un abandono masivo, pero sí una señal inequívoca: el activo más seguro del sistema financiero global ya no se compra con la misma elasticidad de antes. Cuando los inversores exigen mayores rendimientos para mantener títulos a largo plazo, el Estado termina pagando más para financiarse y el problema fiscal se retroalimenta.
La decisión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de ampliar las recompras de bonos a entre 10 y 30 años hasta al menos 4.000 millones de dólares por operación intenta precisamente estabilizar ese mercado. Las recompras no resuelven el fondo del problema, pero buscan mejorar la liquidez y reducir tensiones en tramos donde la demanda se ha debilitado. Es una medida de administración financiera, no una cura fiscal. Sirve para ordenar el funcionamiento del mercado, pero no sustituye una trayectoria presupuestaria más equilibrada.
En el plano internacional, el impacto es más amplio de lo que sugieren las cifras domésticas. Los bonos del Tesoro siguen siendo la referencia central del sistema financiero mundial, desde las reservas de bancos centrales hasta la valuación de activos en Europa, Asia y América Latina. Si la percepción sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos se erosiona, aunque sea gradualmente, el efecto se extiende a la fijación de tasas globales, al costo del crédito y a la confianza en el dólar como ancla de estabilidad. No se trata de una pérdida inmediata de hegemonía, sino de un encarecimiento persistente de la credibilidad.
La política ya no puede esconder la aritmética
Las advertencias de organizaciones como el Comité para un Presupuesto Federal Responsable expresan una inquietud que trasciende la disputa partidaria. Maya MacGuineas tiene razón en un punto central: la deuda no vive solo en los balances públicos, sino en la economía cotidiana. Se siente cuando sube el costo del crédito, cuando el Estado tiene menos margen para responder a una crisis, o cuando se discuten subidas de impuestos y recortes para sostener programas que la sociedad considera intocables. La deuda es una promesa emitida hoy que se paga mañana, y el mañana ya llegó a la política fiscal estadounidense.
El Congreso enfrenta así una elección que durante años se ha postergado mediante soluciones parciales: contener el crecimiento del gasto, aumentar los ingresos o combinar ambas vías. No hay atajo técnico que permita sostener indefinidamente un déficit estructural con intereses crecientes y una población que envejece. La discusión real no es si la deuda seguirá aumentando en el corto plazo, sino con qué velocidad y a qué costo social lo hará. Cuanto más tarde llegue el ajuste, más probable será que aparezca bajo la forma de una corrección brusca, no de una transición ordenada.
Estados Unidos conserva una ventaja decisiva: emite la moneda de reserva global y cuenta con el mercado de bonos más profundo del planeta. Esa fortaleza explica por qué puede endeudarse a una escala que sería insostenible para casi cualquier otra economía. Pero esa misma excepcionalidad puede inducir complacencia. Superar los 40 billones de dólares no significa que el sistema esté al borde del colapso; significa algo más incómodo y probablemente más duradero: que la disciplina fiscal ya no es una cuestión contable, sino una condición para preservar la capacidad de gobierno en la próxima década.
