El Gobierno de De la Espriella asumirá un sistema de salud cuya principal amenaza no es únicamente la magnitud de sus obligaciones, sino la combinación de deuda vencida, pérdidas operativas, patrimonio negativo y una red pública expuesta a riesgos fiscales. El informe de empalme calcula en $41,5 billones las cuentas por pagar de las EPS, de las cuales $38,4 billones están vencidas. Que el 92,6 % de la cartera se encuentre en mora revela una interrupción prolongada del flujo financiero entre aseguradoras, clínicas, hospitales e IPS.
La cifra no representa solo un problema contable. Cuando los prestadores no reciben oportunamente los recursos, deben recurrir a créditos, aplazar inversiones, reducir compras de insumos o renegociar obligaciones con trabajadores y proveedores. En los casos más frágiles, la falta de liquidez puede traducirse en restricciones para realizar procedimientos no urgentes, dificultades para mantener servicios especializados y mayor dependencia de anticipos o acuerdos extraordinarios. El efecto final puede recaer sobre los pacientes, aunque la atención de urgencias y otros servicios esenciales tengan protección legal.
El diagnóstico adquiere mayor gravedad porque el patrimonio neto consolidado de las 23 EPS que reportaron información es negativo en $18,2 billones. Además, 23,1 millones de afiliados, equivalentes al 46 % del sistema, pertenecen a entidades bajo medidas administrativas. Esto significa que una parte considerable de la población está vinculada a aseguradoras cuya capacidad financiera o administrativa ya está siendo vigilada, intervenida o sometida a planes de recuperación. La continuidad de la atención dependerá, por tanto, tanto de la estabilidad de cada EPS como de la capacidad estatal para coordinar una eventual reorganización.
Un deterioro que puede acelerar la concentración
Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, los pasivos de las EPS crecieron 43 %, mientras los activos aumentaron 21 %. La brecha sugiere que el endeudamiento está avanzando más rápido que la capacidad de respaldo. No obstante, estos porcentajes requieren una lectura cuidadosa: el crecimiento de los pasivos puede incluir obligaciones previamente reconocidas, ajustes contables o mayores costos médicos, y no prueba por sí solo que todas las entidades enfrenten el mismo nivel de insolvencia. La información disponible tampoco permite conocer con igual profundidad la calidad de los activos ni la recuperabilidad de las cuentas por cobrar.
El indicador de siniestralidad, situado en 105,6 %, ofrece una señal operacional más directa. Por cada $100 que ingresan, el sistema destina $105,6 a costos y gastos asociados con la atención. Una operación que pierde dinero antes de cubrir completamente sus obligaciones administrativas y financieras necesita capital adicional, reducción de costos, mayores ingresos o una combinación de esas alternativas. Si ninguna llega a tiempo, aumentan las probabilidades de nuevas intervenciones, liquidaciones o transferencias masivas de afiliados hacia otras entidades.
La situación de las EPS intervenidas es todavía más delicada: su patrimonio llega a -$12,8 billones y su siniestralidad a 117,8 %. En las no intervenidas también se registra patrimonio negativo, estimado en $5,33 billones. El hecho de que el 74 % del déficit patrimonial se concentre en cinco entidades puede facilitar una estrategia focalizada, porque el Gobierno podría priorizar los casos con mayor impacto sistémico. Pero también representa un riesgo de concentración: cualquier decisión equivocada sobre esas cinco aseguradoras tendría consecuencias sobre un número elevado de usuarios y prestadores.
Pacientes y hospitales quedan en el centro de la tensión
Para los afiliados, el primer riesgo no necesariamente será una interrupción inmediata, sino el aumento de las demoras y de la incertidumbre. Autorizaciones que tardan más, barreras para acceder a especialistas, dificultades para reclamar medicamentos o cambios de red pueden aparecer antes de que una EPS sea retirada del mercado. Los pacientes con enfermedades crónicas, tratamientos de alto costo o necesidades de salud mental son especialmente vulnerables, porque sus procesos requieren continuidad y coordinación, no simples atenciones aisladas.
En este escenario, las autoridades tendrán que evitar que el traslado de afiliados se convierta en una solución meramente administrativa. Cambiar a millones de personas de aseguradora sin garantizar redes suficientes, historias clínicas disponibles, contratos vigentes y capacidad de respuesta puede trasladar la crisis en lugar de resolverla. También será indispensable vigilar que los prestadores no discriminen a usuarios provenientes de entidades intervenidas y que las deudas pendientes no se utilicen como argumento para negar servicios ya ordenados.
La red pública enfrenta una presión adicional. El informe estima en $3,55 billones el riesgo fiscal asociado con pasivos exigibles y contingentes de las Empresas Sociales del Estado, y recomienda revisar prioritariamente la situación de 260 ESE con Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. Estas instituciones suelen atender a poblaciones con menor capacidad de desplazamiento y a usuarios que enfrentan mayores barreras de acceso. Si sus cuentas son embargadas o su capacidad de compra se reduce, el impacto puede sentirse con más intensidad en municipios apartados y zonas con poca oferta privada.
Los acuerdos de pago y la conciliación nacional de cartera pueden producir un efecto favorable si permiten certificar cuánto se debe, a quién y bajo qué condiciones. La depuración de las cuentas reduciría disputas, evitaría que obligaciones dudosas se presenten como deuda exigible y podría devolver liquidez a los hospitales. Sin embargo, conciliar no equivale a pagar. El proceso solo será efectivo si está acompañado de fuentes de financiación verificables, calendarios exigibles y mecanismos para sancionar nuevos incumplimientos.
El dilema fiscal: rescatar sin perpetuar fallas
La respuesta del nuevo Gobierno estará sometida a una tensión difícil. Una inyección de recursos puede prevenir cierres, proteger empleos y sostener tratamientos, pero un rescate indiscriminado podría premiar malas prácticas, debilidades de control o modelos de contratación que contribuyeron al déficit. A la inversa, una política centrada únicamente en liquidar entidades insolventes podría generar costos sociales y fiscales mayores si obliga al Estado a asumir usuarios, contratos y pasivos sin preparación suficiente.
La prioridad debería ser diferenciar problemas de liquidez de situaciones de insolvencia estructural. Una EPS puede tener cuentas por cobrar que todavía no ha recibido, pero también puede carecer de reservas, presentar gastos administrativos desproporcionados o mantener obligaciones imposibles de respaldar. Sin información homogénea, auditada y pública, será difícil establecer qué entidades necesitan un puente financiero temporal y cuáles requieren una reorganización profunda. La transparencia será determinante para evitar que las decisiones se interpreten como favorecimientos políticos.
El Gobierno también deberá establecer una secuencia. Primero tendría que proteger los servicios críticos —urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa—, identificar instituciones en riesgo de suspensión y asegurar pagos prioritarios a los prestadores esenciales. Después podría avanzar en la reorganización de aseguradoras, la revisión de contratos y la recuperación de recursos. Intentar modificar simultáneamente el modelo de aseguramiento, la contratación del talento humano y el esquema financiero elevaría el riesgo de una transición desordenada.
Reformas necesarias, pero con margen de seguridad
La recomendación de solicitar un régimen de transición de 12 a 18 meses para cambios en la contratación del talento humano responde precisamente a ese riesgo. Una modificación inmediata, sin presupuesto suficiente ni capacidad operativa, podría aumentar la informalidad, reducir la disponibilidad de profesionales o generar conflictos laborales en hospitales ya debilitados. Una transición gradual no debería utilizarse para aplazar indefinidamente las reformas, sino para calcular costos, definir responsabilidades y evaluar resultados por etapas.
También será relevante fortalecer la gestión de las EPS intervenidas y atender las brechas territoriales de cobertura. Soacha aparece con una diferencia cercana a 294.000 personas entre población y cobertura efectiva, mientras otros municipios presentan rezagos importantes. El dato indica que el problema no es únicamente financiero: existen territorios donde estar afiliado no garantiza acceso oportuno. La política pública tendrá que medir no solo el número de afiliados, sino la disponibilidad real de servicios, tiempos de espera, capacidad de la red y continuidad de los tratamientos.
Una oportunidad para el nuevo Gobierno consiste en convertir la emergencia financiera en un proceso de ordenamiento institucional. La conciliación de cartera, la publicación de datos comparables, el seguimiento independiente a los planes de saneamiento y la coordinación entre EPS, IPS, autoridades territoriales y organismos de control podrían mejorar la confianza del sistema. Incluso una intervención difícil puede producir resultados positivos si establece reglas claras y evita que las pérdidas sigan ocultándose detrás de nuevos aplazamientos.
La incertidumbre principal radica en la capacidad de ejecución. El informe identifica magnitudes y propone mecanismos, pero no garantiza que existan recursos suficientes, acuerdos políticos ni personal técnico para aplicarlos. El desempeño del sistema durante los próximos meses dependerá de si el Gobierno logra estabilizar el flujo de pagos sin comprometer la sostenibilidad fiscal y de si puede proteger a los pacientes mientras toma decisiones sobre entidades financieramente inviables. El indicador decisivo no será únicamente cuánto dinero se anuncia, sino cuánto llega a los hospitales, qué servicios se preservan y si la deuda deja de crecer.
