El oficialismo argentino volvió a modificar el proyecto de ley de tierras con un objetivo inmediato: reunir los votos que le permitan obtener la media sanción en el Senado. Después de cinco intentos fallidos y de al menos 17 borradores, La Libertad Avanza abandonó la pretensión inicial de eliminar por completo los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y propuso elevar el tope vigente del 15% al 25% del territorio de cada provincia.
El cambio no es un detalle técnico. Expone la dificultad política del Gobierno para convertir su programa de desregulación en normas aprobadas por el Congreso y, al mismo tiempo, reabre una discusión estratégica sobre quién puede controlar el suelo argentino, bajo qué condiciones y con qué capacidad de supervisión estatal. La reforma impulsada originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscaba retirar las restricciones existentes. La versión negociada representa una solución intermedia, pero también puede ampliar de manera significativa el margen de adquisición extranjera.
Del proyecto maximalista a la negociación parlamentaria
La ley vigente establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden adquirir más del 15% de las tierras rurales de una provincia, y fija además límites vinculados con la nacionalidad de los compradores y la concentración en determinadas zonas. El proyecto oficialista partió de una concepción distinta: liberar la compra de tierras como parte de un paquete más amplio orientado a atraer inversiones, reducir regulaciones y otorgar mayor seguridad jurídica a los negocios privados.
El problema fue que esa propuesta chocó con una composición parlamentaria en la que el oficialismo necesita construir mayorías caso por caso. La falta de una mayoría propia transformó el debate en una negociación permanente con bloques aliados, gobernadores y senadores que, aun compartiendo parte de la agenda económica, no están dispuestos a asumir el costo político de una apertura sin límites. El texto cambió tantas veces que incluso legisladores potencialmente favorables reconocen no conocer con precisión la versión que llegará al recinto.
El nuevo límite del 25% revela hasta dónde llegó esa transacción. El oficialismo procura presentar el cambio como una garantía frente a la extranjerización absoluta, mientras que sus críticos pueden señalar que duplicar el margen permitido altera sustancialmente el equilibrio actual. En una provincia con extensas superficies rurales, el salto porcentual no sería meramente simbólico: podría habilitar la incorporación de millones de hectáreas a patrimonios controlados desde el exterior, dependiendo de la estructura productiva y de la superficie alcanzada por la regulación.
La tierra no es una mercancía aislada
La discusión adquiere especial importancia porque la tierra rural cumple funciones que exceden su valor inmobiliario. Es soporte de la producción agropecuaria, reserva de agua, base de actividades forestales y mineras, espacio de conservación ambiental y territorio de comunidades que mantienen vínculos económicos y culturales con el lugar. Por eso, una modificación del régimen de propiedad puede repercutir sobre la seguridad alimentaria, el acceso a recursos naturales y la planificación de las economías provinciales.
El caso argentino ofrece antecedentes que explican la sensibilidad social del tema. Durante años, la compra de grandes extensiones por fondos, empresas y particulares extranjeros alimentó debates sobre la concentración de recursos estratégicos. En la Patagonia, por ejemplo, la propiedad de campos cercanos a cursos de agua, lagos o pasos fronterizos generó reclamos sobre el alcance efectivo del control estatal. En otras regiones, la expansión de proyectos forestales o agroindustriales planteó interrogantes sobre el impacto ambiental y la disponibilidad de agua para poblaciones locales.
El nuevo texto, según la formulación difundida por la presidencia del bloque libertario, prohibiría la adquisición de tierras rurales por extranjeros por encima del 25% “en el territorio de cada provincia”. Esa redacción deja abiertas preguntas relevantes. No alcanza con conocer el porcentaje máximo si no se aclara cómo se computarán las sociedades vinculadas, los fideicomisos, las inversiones indirectas y las empresas formalmente nacionales pero controladas por capital extranjero. La experiencia comparada muestra que los límites legales pierden eficacia cuando la normativa no identifica al beneficiario final de la operación.
El verdadero campo de batalla: el control
La discusión parlamentaria no debería concentrarse únicamente en el número 15 o 25. El efecto concreto de la reforma dependerá del registro de tierras, de la capacidad de cruzar información societaria y tributaria, y de la coordinación entre el Estado nacional y las provincias. Si el sistema no puede determinar quién controla realmente una empresa compradora, el límite podría cumplirse en los papeles y vulnerarse en los hechos mediante adquisiciones distribuidas entre sociedades relacionadas.
También será decisivo establecer qué ocurre con las operaciones ya autorizadas, las transferencias entre empresas del mismo grupo y las compras realizadas a través de testaferros. Una legislación que amplíe el cupo sin fortalecer los mecanismos de fiscalización puede terminar otorgando seguridad jurídica principalmente a quienes tienen capacidad financiera y asesoramiento especializado. En cambio, productores medianos, comunidades rurales y gobiernos locales podrían enfrentar mayores dificultades para conocer quién adquiere los predios próximos a sus actividades.
La cuestión provincial añade otra capa de complejidad. El límite se mediría dentro de cada jurisdicción, pero la tierra y los recursos que contiene no se comportan según fronteras administrativas. Una adquisición concentrada en una cuenca hídrica compartida por varias provincias podría afectar a más de un territorio, aunque las operaciones cumplan formalmente con el porcentaje permitido en cada uno. Lo mismo puede ocurrir con corredores forestales, zonas de producción alimentaria o áreas próximas a infraestructura estratégica.
Una ley condicionada por otras reformas
La urgencia de Patricia Bullrich para llevar el proyecto al recinto también tiene una explicación política más amplia. El oficialismo necesita avanzar con otras iniciativas consideradas prioritarias por el Poder Ejecutivo, entre ellas una eventual reforma política. Cada proyecto que fracasa consume capital parlamentario y obliga a ofrecer concesiones en negociaciones posteriores. La ley de tierras se convirtió así en una pieza de intercambio dentro de una agenda legislativa mayor, aunque sus consecuencias exceden ampliamente la coyuntura de votos.
Ese mecanismo puede producir normas ambiguas o inestables. Cuando un texto se modifica para obtener una mayoría circunstancial, los legisladores aliados pueden votar una fórmula que todavía no fue sometida a un debate técnico suficiente. La incertidumbre afecta tanto a quienes rechazan la apertura como a los inversores que buscan reglas previsibles. Una empresa interesada en adquirir tierras necesita saber no solo qué porcentaje puede comprar, sino también cómo se interpretarán las restricciones dentro de cinco o diez años y qué autoridad resolverá las controversias.
El Ejecutivo podría argumentar que ampliar el límite favorece la llegada de capital, tecnología y empleo a zonas con baja inversión. Ese beneficio es posible, pero no automático. La inversión extranjera en el sector rural puede generar infraestructura y aumentar la productividad cuando existe competencia y control público; también puede orientarse a la valorización patrimonial, la especulación o la explotación intensiva de recursos sin integración con las economías locales. La propiedad extranjera, por sí sola, no garantiza desarrollo regional.
El factor Villarruel y la aritmética del Senado
La negociación legislativa estuvo atravesada además por el denominado “efecto Villarruel”. La vicepresidenta ya manifestó su oposición al proyecto de Sturzenegger y, como titular del Senado, podría desempatar una votación si se produjera una igualdad entre votos afirmativos y negativos. El oficialismo buscó reducir ese riesgo anticipando el viaje de Javier Milei a Ecuador para la noche del miércoles. Durante la ausencia del Presidente del espacio aéreo argentino, Villarruel asumiría la Presidencia de la Nación y no podría presidir la sesión; esa función quedaría en manos del libertario Bartolomé Abdala.
La maniobra muestra que el número de votos no es la única variable. También importan las reglas de conducción de la Cámara y el momento institucional en que se realiza la votación. Según los cálculos previos, Bullrich contaba como máximo con 34 apoyos y necesita 36 para avanzar. El aumento del límite busca atraer a senadores que rechazan la liberalización total pero podrían aceptar una regulación menos restrictiva que la vigente.
Sin embargo, alcanzar la media sanción no resolverá el conflicto. El proyecto todavía deberá atravesar la Cámara de Diputados, donde pueden reaparecer objeciones de gobernadores, organizaciones rurales, sectores ambientales y bloques que exijan mayores garantías. Si el Senado aprueba una versión distinta de la que defendió inicialmente el Gobierno, el debate sobre la autoridad política de la reforma continuará abierto.
El impacto que seguirá después de la votación
El resultado inmediato será leído como una señal sobre la capacidad de Milei para sostener su programa de reformas frente a un Congreso fragmentado. Una aprobación podría fortalecer al oficialismo y demostrar que la negociación produce resultados; un nuevo fracaso consolidaría la percepción de que sus iniciativas desreguladoras generan más resistencia que consensos. En ambos casos, la ley de tierras funcionará como indicador de la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias.
Para la sociedad, el punto central será si la reforma combina apertura con transparencia. Un régimen más amplio de participación extranjera puede aportar financiamiento, pero solo será defendible si preserva el acceso público a la información, protege áreas sensibles, identifica a los beneficiarios reales y permite revisar operaciones que comprometan agua, ambiente o seguridad territorial. Sin esas condiciones, el 25% puede convertirse en un techo formal detrás del cual avance una concentración mucho mayor.
La disputa, por lo tanto, no se limita a una batalla entre liberalización y proteccionismo. Define qué entiende el Estado argentino por inversión estratégica y qué instrumentos conservará para ordenar el uso de su territorio. El oficialismo busca los votos necesarios para superar un bloqueo parlamentario; las provincias y la sociedad deberán evaluar si el texto definitivo ofrece una política de tierras duradera o apenas una solución negociada para una sesión determinada.
