La dependencia estadounidense de las tierras raras no se ha resuelto pese a la recuperación parcial de las exportaciones chinas. Proveedores del país asiático han suspendido o rechazado envíos destinados a empresas de Estados Unidos por temor a las represalias de Pekín, según tres fuentes familiarizadas con el sector. El problema no consiste únicamente en la cantidad de material disponible: también afecta a quién puede recibirlo, para qué uso y qué empresa queda expuesta a una eventual sanción.
La tensión llega a pocas semanas de la visita del presidente Xi Jinping a Washington, prevista para el 24 de septiembre, y amenaza con convertir las licencias de exportación en uno de los asuntos centrales de la agenda bilateral. Funcionarios estadounidenses han reclamado repetidamente que China cumpla los compromisos alcanzados en Busan y Pekín durante el último año, destinados a mantener un flujo más previsible de minerales críticos e imanes. La persistencia de los retrasos, sin embargo, revela que aquellos acuerdos políticos no han eliminado la incertidumbre operativa.
El bloqueo ya no depende solo de una decisión oficial
Desde principios de agosto, un puñado de proveedores chinos se ha negado a enviar tierras raras a compañías estadounidenses después de que Pekín sancionara a la Responsible Business Alliance, conocida como RBA, una organización estadounidense que supervisa cadenas de suministro. La medida también alcanzó a otras firmas de auditoría estadounidenses. Las empresas chinas temen que colaborar con clientes sometidos a los procedimientos de diligencia debida de la Iniciativa de Minerales Responsables, o RMI, pueda interpretarse como cooperación con entidades sancionadas o como una vulneración de las normas nacionales.
El efecto más relevante es que el control chino se está trasladando desde la aduana hasta la mesa de decisiones de los proveedores. Una empresa puede disponer del material, contar con un comprador y aun así decidir no ejecutar la operación para evitar riesgos regulatorios. Otras compañías ya habían interrumpido envíos en meses anteriores para no quedar atrapadas en la rivalidad geopolítica. Una de las fuentes mencionó cuatro casos en los que proveedores rechazaron entregar productos ante el temor de que fueran revendidos a usuarios incluidos en listas de prohibición.
Esta evolución introduce una capa de incertidumbre que las estadísticas comerciales no reflejan de inmediato. Las exportaciones pueden recuperarse en términos agregados y, sin embargo, determinados clientes estadounidenses seguir sin acceso. El criterio decisivo deja de ser solo la disponibilidad física del mineral y pasa a incluir el historial del comprador, el destino final, sus subcontratistas y la posibilidad de una reexportación. Para los fabricantes, esto dificulta planificar inventarios y contratos de largo plazo; para los proveedores chinos, eleva el coste de verificar cada operación.
Reuters no pudo determinar cuántos proveedores han rechazado en total operaciones con destino a Estados Unidos. Algunas empresas estadounidenses llevan más de seis meses esperando licencias para determinados minerales, según dos fuentes. La falta de una cifra consolidada es significativa: impide distinguir entre retrasos administrativos, decisiones comerciales prudentes y una política deliberada de presión. En cualquiera de los tres casos, el resultado para la industria es parecido: aumenta el tiempo necesario para asegurar suministros y se encarece la cobertura frente a interrupciones.
El itrio muestra la distancia entre una recuperación y una normalización
Las exportaciones de muchas tierras raras y de imanes relacionados se han recuperado desde las restricciones impuestas por China en abril de 2025. Esa recuperación, no obstante, es desigual. Los precios del itrio, el fosfuro de indio y el tungsteno continúan cerca de máximos históricos, debido a una oferta limitada y a la relevancia estratégica de estos materiales. Sus aplicaciones abarcan sistemas militares, componentes aeroespaciales, semiconductores, equipos médicos y tecnologías energéticas.
El caso del itrio permite medir la fragilidad del suministro con mayor precisión. Las exportaciones chinas a Estados Unidos aumentaron este año, pero solo alcanzan aproximadamente la mitad de los niveles de 2024, según datos de las aduanas chinas, pese a que China ha realizado grandes envíos hacia otros países. Después de dos meses sin exportaciones de itrio, Pekín envió 27 toneladas a Estados Unidos en julio, el segundo mayor volumen mensual desde enero de 2025. El dato demuestra que China puede reabrir el flujo, pero también que la continuidad depende de decisiones puntuales y no de una normalización plenamente consolidada.
La primera conclusión analítica es que el riesgo actual no es un embargo total, sino una oferta intermitente y selectiva. Un corte absoluto sería visible, permitiría activar protocolos de emergencia y movilizaría respuestas políticas inmediatas. En cambio, las entregas parciales y las licencias demoradas crean una presión más difícil de gestionar: obligan a las empresas a mantener inventarios mayores, aceptar precios superiores y renegociar calendarios de producción sin saber si el próximo cargamento llegará a tiempo.
Ese mecanismo favorece a los proveedores dominantes incluso cuando no reducen formalmente sus exportaciones. La amenaza creíble de una interrupción basta para modificar el comportamiento de los compradores. Las empresas estadounidenses pueden optar por pagar primas, adquirir material a través de intermediarios o aceptar condiciones contractuales más estrictas para asegurar el suministro. El coste estratégico de la dependencia aparece, por tanto, antes de que se produzca una escasez física completa.
Washington y Pekín interpretan el mismo acuerdo de forma opuesta
Para el Gobierno estadounidense, los retrasos incumplen el entendimiento de Busan y forman parte de un patrón más amplio de utilización de las licencias como instrumento de presión contra la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Reva Goujon, estratega geopolítica de Rhodium Group, sostiene que China ha sido eficaz al emplear los controles sobre tierras raras para imponer restricciones indirectas a esa agencia, responsable de varias medidas contra empresas y tecnologías chinas.
La posición de Pekín es distinta. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirma que el país está comprometido con mantener las cadenas mundiales de suministro de minerales críticos. Las autoridades chinas sostienen que las sanciones contra la RBA y otras firmas de auditoría fueron una respuesta a restricciones impuestas desde diciembre por la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense. Esas medidas afectaron a laboratorios chinos de pruebas de productos electrónicos, drones, routers de consumo, cables submarinos, equipos robóticos avanzados e inversores eléctricos.
En las conversaciones bilaterales, cuando los funcionarios estadounidenses plantean el acceso a las tierras raras, sus homólogos chinos responden que las acciones de la FCC también violan el acuerdo de Busan. La disputa, por tanto, no se limita al comercio de minerales: cada parte está vinculando el cumplimiento de un compromiso sectorial al comportamiento de la otra en áreas tecnológicas y de seguridad nacional.
La segunda conclusión es que las licencias se han convertido en una moneda de negociación transversal. Estados Unidos puede restringir laboratorios, equipos o proveedores tecnológicos; China puede ralentizar minerales, imanes y materiales intermedios. Ninguna medida necesita cerrar completamente un mercado para producir efectos económicos. Basta con elevar la incertidumbre hasta que las empresas reconsideren inversiones, contratos y rutas logísticas. El riesgo es que los acuerdos políticos pierdan valor si cada concesión queda condicionada a avances en un expediente distinto.
Washington enfrenta además una contradicción. Exige un acceso más fluido a los minerales chinos, pero al mismo tiempo endurece los controles sobre productos y entidades vinculados a tecnologías sensibles. Desde la perspectiva estadounidense, ambas políticas responden a objetivos diferentes: proteger la seguridad nacional y preservar cadenas de suministro previsibles. Desde Pekín, pueden parecer partes de una misma estrategia de contención. Esa divergencia hace difícil definir qué significa exactamente “cumplir” los acuerdos de Busan.
La industria de defensa no es la única expuesta
La atención pública suele concentrarse en misiles, radares, motores y sistemas avanzados, pero los retrasos tienen un alcance mayor. El itrio y el tungsteno intervienen en procesos industriales y componentes utilizados en sectores aeroespaciales, médicos, energéticos y de fabricación de chips. Una interrupción prolongada puede afectar tanto a un contratista militar como a un productor de equipos de diagnóstico o a una empresa que fabrica componentes para redes eléctricas.
Para las compañías de defensa, el problema se amplifica por las exigencias de trazabilidad. Un fabricante estadounidense no solo debe demostrar que adquirió el mineral, sino también que su cadena de suministro no incluye entidades prohibidas y que el material no será desviado a usuarios restringidos. Las nuevas sanciones contra organismos de auditoría crean una paradoja: los mecanismos de cumplimiento exigidos por Washington pueden aumentar el riesgo de sanción para el proveedor situado en China.
Los fabricantes pequeños son especialmente vulnerables. Las grandes empresas pueden mantener inventarios, contratar equipos jurídicos y negociar directamente con varios proveedores. Una compañía mediana que dependa de una licencia pendiente puede carecer de capital para comprar seis o doce meses de existencias. Si el retraso se prolonga, la consecuencia no será necesariamente el cierre inmediato, sino la pérdida de contratos, la reducción de turnos o el traslado de pedidos hacia proveedores que ofrezcan mayor certidumbre.
Los consumidores también pueden verse afectados, aunque de manera indirecta. Si los costes de materiales críticos se incorporan a dispositivos médicos, equipos energéticos o componentes electrónicos, las empresas trasladarán parte de la prima al precio final. En otros casos, optarán por sustituir materiales, pero esas alternativas pueden ofrecer menor rendimiento, requerir una nueva certificación o no estar disponibles a escala industrial.
La visita de Xi puede aliviar la presión, no resolver la dependencia
La proximidad de la cumbre crea un incentivo para que Pekín flexibilice temporalmente algunos controles. Goujon prevé que China podría facilitar el acceso a materias primas críticas alrededor de la reunión para desmontar las acusaciones estadounidenses de incumplir la tregua de Busan. El envío de 27 toneladas de itrio en julio apunta a que todavía existe margen para utilizar las licencias como señal diplomática y no solo como instrumento de restricción.
Pero una mejora puntual no equivaldría a una solución estructural. Si los proveedores siguen sin recibir garantías claras sobre las auditorías, la reventa y los usuarios finales, conservarán incentivos para actuar con cautela. Y si Washington mantiene o amplía sus controles tecnológicos, Pekín tendrá motivos para reservarse la posibilidad de reabrir el expediente de las tierras raras. La industria necesita reglas estables durante años, mientras que la diplomacia puede ofrecer únicamente ventanas de alivio de semanas o meses.
La tercera conclusión es que la diversificación estadounidense será más lenta y costosa de lo que sugieren los anuncios políticos. Abrir una mina no basta: hacen falta plantas de separación, refinado, fabricación de imanes, certificaciones y compradores capaces de sostener la operación. Incluso con inversión acelerada, la sustitución de la capacidad china requiere tiempo y enfrenta problemas ambientales, financieros y tecnológicos. Mientras tanto, el mercado seguirá premiando la fiabilidad del suministro, no solo el origen geográfico del mineral.
La respuesta más realista combinará reservas estratégicas, contratos plurianuales, reciclaje, sustitución tecnológica y alianzas con productores de terceros países. También será necesario armonizar los sistemas de diligencia debida para que la trazabilidad no coloque a los proveedores en una situación legal contradictoria. Sin esa coordinación, la política de seguridad de las cadenas de suministro puede producir el efecto contrario al buscado: reducir el número de empresas dispuestas a comerciar.
El escenario de mayor riesgo es una escalada por errores de cálculo
El peligro inmediato no es solo que China reduzca envíos, sino que una empresa sea sancionada por interpretar de forma incorrecta las reglas de ambas potencias. Un proveedor podría rechazar legítimamente una operación para protegerse, mientras Washington lo considera una práctica coordinada de coerción. A la inversa, una compañía que cumpla con un procedimiento estadounidense podría convertirse en objetivo de Pekín. La ambigüedad regulatoria multiplica los incentivos para la retirada preventiva.
También existe un riesgo de segmentación del mercado mundial. Los materiales podrían seguir circulando hacia países considerados neutrales, mientras se restringen las operaciones con empresas estadounidenses o con cadenas que incluyan componentes de defensa. Esa fragmentación elevaría los costes de intermediación y dificultaría verificar el destino final. Los países terceros podrían beneficiarse a corto plazo por recibir mayores volúmenes, pero quedarían sometidos a presiones para elegir entre los sistemas regulatorios de Washington y Pekín.
Si la visita de Xi produce un acuerdo verificable, el flujo de licencias podría mejorar y reducir la prima de riesgo en algunos materiales. Si solo genera una declaración política sin mecanismos de seguimiento, los proveedores continuarán gestionando cada envío como una decisión geopolítica. La señal decisiva no será el número de toneladas autorizadas en un mes, sino la regularidad de las licencias, la claridad sobre las auditorías y la capacidad de las empresas para operar sin temor a sanciones cruzadas.
La crisis de las tierras raras ha dejado así de ser un problema puramente minero. Es una prueba de la resistencia de las cadenas industriales frente a la rivalidad tecnológica entre las dos mayores potencias. Estados Unidos busca reducir su vulnerabilidad sin renunciar a las restricciones de seguridad; China defiende su posición dominante mientras responde a las medidas estadounidenses. Entre ambas estrategias, las empresas quedan obligadas a pagar por la incertidumbre. Mientras no exista una arquitectura regulatoria que separe el comercio legítimo de la confrontación estratégica, cada licencia aprobada será un alivio provisional y cada demora, una advertencia sobre la fragilidad del sistema.
