La Fiscalía Europea ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz nuevos indicios que vinculan a Víctor de Aldama con el presunto desvío de 27,9 millones de euros desde España a sociedades portuguesas relacionadas con la trama del fraude del IVA en hidrocarburos. El escrito, incorporable a la causa, identifica movimientos realizados entre 2022 y 2024 desde cuentas de Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000.
Portugal como circuito de retorno
Según la investigación, las firmas españolas habrían utilizado sociedades pantalla en Portugal para justificar pagos por suministros sin las correspondientes declaraciones de IVA. La hipótesis fiscal es que esas transferencias no respondían a operaciones comerciales reales, sino a un mecanismo para mover y después devolver a España beneficios procedentes del fraude. Al menos nueve millones regresaron a cuentas españolas; unos tres millones fueron enviados al Reino Unido y otros tres se dispersaron por varios países europeos y Uruguay.
En Portugal permanecieron cerca de 13 millones, de los cuales 11,8 millones ya han sido incautados. La relevancia de esta información no reside solo en el volumen intervenido: aporta una posible trazabilidad financiera transfronteriza que refuerza la conexión entre el supuesto fraude tributario nacional y una estructura societaria exterior diseñada para dificultar el seguimiento de los fondos.
Una sociedad bajo examen
La Fiscalía destaca a Atmosferaudaz Unipessoal, cuyo único accionista es Aldama. Aunque fue constituida en 2022 para actividades de consultoría e inmobiliarias, no consta que adquiriera inmuebles en Portugal. Sus cuatro cuentas bancarias, gestionables por el empresario, recibieron 7,43 millones de euros entre enero de 2022 y noviembre de 2023.
El análisis de datos bancarios, fiscales y fuentes abiertas concluye que varias sociedades receptoras carecían de actividad económica efectiva. Algunas emitieron facturas o presentaron declaraciones compatibles formalmente con los movimientos, pero la Fiscalía sostiene que esa documentación habría servido para dar apariencia de legalidad a transferencias sin respaldo comercial. Pedraz investiga un supuesto fraude superior a 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos entre 2021 y 2024, causa en la que Aldama figura como investigado.
