La Fiscalía Provincial de Madrid ha enviado al Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid las cuatro denuncias que había recibido sobre la compra de un ático en el barrio de Chamberí para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La decisión se produce después de que ese órgano judicial abriera diligencias a raíz de una denuncia presentada la semana pasada por el partido Iustitia Europa.
La investigación queda concentrada en el juzgado
La apertura de diligencias impide a la Fiscalía iniciar una investigación paralela sobre los mismos hechos. Por ello, las denuncias de tres particulares y otra del PSOE se incorporarán previsiblemente al procedimiento judicial ya iniciado. La concentración de las actuaciones permitirá examinar en un único expediente el proceso de adquisición, aunque todavía no implica que se hayan acreditado delitos ni responsabilidades.
Iustitia Europa sostiene que la operación, valorada en 6,3 millones de euros, podría estar relacionada con delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público. La formación reclama el expediente completo de compra, los informes de necesidad y tasación, la documentación sobre su legalidad urbanística y financiación, los acuerdos de la empresa pública Planifica Madrid y cualquier intervención de la Consejería de Presidencia.
También pide esclarecer si las obras previstas en la Real Casa de Correos justificaban utilizar el inmueble como oficina temporal y conocer el importe de una eventual comisión inmobiliaria. El PSOE presentó una denuncia por posibles delitos de malversación y prevaricación. Según los socialistas, la adquisición pudo responder a una justificación inviable o encubrir la búsqueda de un inmueble de uso residencial.
La posterior venta, calificada por el PSOE de “precipitada”, constituye para ese partido un indicio adicional que debe ser investigado y podría presentar relevancia penal por sí misma. La cuestión central será determinar si existió una necesidad pública real, si el precio y el procedimiento estuvieron suficientemente respaldados y si la operación produjo un perjuicio para las arcas regionales. Esos extremos deberán establecerse durante la instrucción judicial.
