La Cuarta Transformación ha logrado situar la desigualdad social en el centro del debate público y ha impulsado una redistribución del ingreso a través del aumento del salario mínimo, las pensiones y los programas sociales. Millones de mexicanos han registrado mejoras en sus ingresos, un avance que diversas mediciones oficiales y organismos independientes han documentado en los últimos años.
Sin embargo, el mismo proyecto enfrenta limitaciones estructurales que comienzan a reflejarse en indicadores macroeconómicos. El crecimiento del producto interno bruto se ha mantenido cerca de cero en varios trimestres recientes, mientras que las proyecciones presupuestales para los próximos ejercicios muestran presiones crecientes derivadas del gasto social sin un respaldo equivalente en la generación de riqueza.
Redistribución sin base productiva
Los programas de transferencia han aliviado la pobreza en sectores específicos, pero no han generado por sí mismos industrias nuevas ni empleos de alta productividad. Las pensiones y las becas mejoran el flujo de ingresos de hogares, mas no sustituyen una estrategia de desarrollo económico orientada a la innovación y la competitividad internacional.
Países que han combinado políticas redistributivas con crecimiento sostenido han mantenido al mismo tiempo una banca de desarrollo activa, incentivos a la investigación científica y marcos regulatorios que facilitan la inversión privada. En el caso mexicano, la ausencia de una política industrial moderna ha dejado sin resolver la brecha de productividad que limita la capacidad de sostener el gasto social a largo plazo.
Instituciones y contrapesos
El fortalecimiento del Estado, entendido como la construcción de organismos técnicos y autónomos, ha sido desplazado por una mayor concentración de decisiones en el Ejecutivo. La eliminación de varios organismos reguladores y la reducción de espacios de autonomía técnica han coincidido con un aumento de la incertidumbre jurídica, especialmente en materia de contratos y resolución de controversias.
Un sistema judicial ya señalado por deficiencias estructurales enfrenta ahora un proceso de reforma que introduce mayor volatilidad en las reglas del juego. La certidumbre jurídica constituye un requisito para la inversión productiva; su erosión afecta no solo a las empresas, sino al conjunto de la economía que depende de contratos estables y de la aplicación predecible de la ley.
Perspectivas de sostenibilidad
La experiencia internacional muestra que los estados de bienestar más duraderos se han edificado sobre economías con alta productividad, mercados internos amplios y una burocracia profesional capaz de diseñar políticas con base en evidencia. La combinación de redistribución y crecimiento requiere tanto transferencias eficientes como condiciones que permitan a las empresas invertir, innovar y competir.
En ausencia de avances en estos frentes, el financiamiento de los programas sociales dependerá cada vez más de ajustes presupuestales que podrían limitar otras áreas del gasto público o requerir modificaciones en la estructura fiscal. El debate sobre cómo equilibrar ambos objetivos continúa abierto en el Congreso y entre analistas económicos.
