La columna pone el foco en una tensión que atraviesa a cualquier sistema político: la diferencia entre ejercer el cargo y ejercer poder con legitimidad. Al llevar la discusión desde Tucídides hasta la política actual de Sonora, el texto no sólo cuestiona una frase del gobernador Alfonso Durazo, sino la lógica que convierte el respaldo electoral en una licencia para relativizar controles, seleccionar adversarios y redefinir el sentido de la norma. Esa lectura tiene un valor inmediato para el debate público: obliga a separar la popularidad de la eficacia institucional y a revisar si el poder se está usando para gobernar o para blindar una narrativa.
En el corto plazo, el impacto más visible puede darse en la conversación política local. Cuando un gobernante afirma que posee “más poder” por haber recibido más votos, está intentando trasladar la legitimidad de las urnas al terreno del desempeño cotidiano. Esa operación puede fortalecer la cohesión de sus bases y ordenar el discurso interno de su administración, pero también expone una debilidad: si la gestión no produce resultados comparables, la frase se vuelve un punto de desgaste. En regímenes constitucionales, la autoridad no se agota en ganar la elección; requiere rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y capacidad de construir confianza fuera del propio bloque político.
El señalamiento de justicia selectiva tiene efectos más amplios que la disputa retórica. Si persiste la percepción de que unas figuras reciben protección política mientras otras enfrentan cárcel, el daño no se limita a quienes están bajo acusación; se deteriora la credibilidad del sistema entero. La aplicación desigual de la ley incentiva tres conductas riesgosas: la obediencia por conveniencia, la oposición por cálculo y el cinismo ciudadano. En ese entorno, la discusión pública deja de girar en torno a hechos verificables y se desplaza hacia lealtades facciosas, justo el tipo de degradación del lenguaje que Tucídides describía como antesala de la descomposición política.
Hay, sin embargo, un efecto potencialmente positivo en que estas acusaciones se hagan visibles. La controversia obliga a poner sobre la mesa asuntos que con frecuencia se tratan con ambigüedad: financiamiento de campañas, uso de recursos de comunicación social, relación entre gobiernos y medios, y criterios de actuación de fiscalías y jueces. Si la discusión se mantiene en el terreno institucional y no deriva en propaganda, puede empujar una revisión más exigente de los mecanismos de control y de los incentivos que permiten que ciertas irregularidades se normalicen. La crítica pública, cuando está bien fundamentada, todavía puede servir como freno y no sólo como ruido.
El riesgo principal está en que la denuncia legítima se transforme en un argumento totalizador que reduzca todo a una pelea entre bandos. En ese escenario, las exigencias de transparencia quedan subordinadas a la disputa electoral, y la rendición de cuentas se usa selectivamente según convenga a cada grupo. También existe el peligro de que el señalamiento de la impunidad se convierta en un recurso retórico sin consecuencias, útil para erosionar al adversario pero incapaz de generar investigaciones sólidas o sanciones imparciales. Cuando eso ocurre, la ciudadanía termina viendo confirmada la idea más corrosiva de todas: que la ley se invoca en público, pero se negocia en privado.
La frase final de la columna apunta a un problema de fondo: confundir la fuerza que da el cargo con el poder real de gobernar. Ese error puede sostener una narrativa por un tiempo, pero no resuelve la prueba central de cualquier administración: resultados verificables y trato uniforme ante la ley. El futuro del debate dependerá menos de la intensidad de las acusaciones que de la capacidad institucional para investigar sin sesgo y sancionar sin privilegios. Si eso no ocurre, la impunidad seguirá operando como una forma silenciosa de gobierno, y el desgaste no recaerá sólo en un partido o en un gobernador, sino en la confianza pública que sostiene a todo el sistema.
