La industria manufacturera argentina atraviesa una transformación desigual. Mientras el petróleo, la minería y algunos segmentos de la industria alimenticia encuentran oportunidades en la apertura económica y en las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), buena parte de las fábricas orientadas al mercado interno enfrenta una combinación cada vez más difícil: menor consumo, costos elevados, importaciones crecientes y pérdida de rentabilidad.
Los datos muestran la magnitud del cambio. La actividad fabril acumuló una caída interanual de 1,9% durante el primer semestre de 2026 y se ubicó 11,8% por debajo del mismo período de 2023. En junio, el uso de la capacidad instalada llegó al 59,1%. Esto significa que cuatro de cada diez máquinas permanecieron inactivas, mientras el indicador quedó 9,5 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado tres años antes. El problema ya no es solamente producir menos: es sostener empresas, empleos y mercados en un contexto que modificó las reglas de competencia.
El retroceso se mide en fábricas y puestos de trabajo
La contracción productiva tuvo una consecuencia directa sobre el empleo registrado. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos en unidades productivas industriales, una reducción del 8%. En el mismo período, las empresas manufactureras con trabajadores registrados pasaron de 49.622 a 45.602: 4.020 firmas dejaron de formar parte de ese universo.
La cifra empresarial resulta especialmente relevante porque revela que la crisis no se limita a una baja temporal de la producción. Cuando una compañía reduce turnos puede recuperar actividad si mejora la demanda; cuando cierra o deja de registrar trabajadores, se deterioran capacidades, proveedores y conocimientos acumulados. El impacto se amplía así más allá de cada planta y alcanza a las economías locales que dependen de ellas.
La apertura comercial acelera la disputa
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la apertura comercial se implementó con una velocidad que no habría sido acompañada por una planificación productiva suficiente. Durante los primeros seis meses de 2026 ingresaron manufacturas por 5.362 millones de dólares, el valor más alto para ese período desde que existen registros. El máximo anterior correspondía a 2018, con 4.443 millones de dólares en importaciones de bienes de consumo.
Diez actividades concentraron el 84,7% del total importado. Frente al primer semestre de 2023, las mayores subas se observaron en electrodomésticos, baterías y lámparas, con un incremento del 109,2%; prendas de vestir, con 86,3%; motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte, con 67,6%; productos alimenticios, con 51,9%; y productos farmacéuticos, con 27%. Esos cinco rubros reunieron el 45,5% de las importaciones del segmento.
La presión competitiva ya aparece en los indicadores sectoriales. En junio, la producción de aparatos de uso doméstico cayó 22,9% interanual, principalmente por la menor fabricación de heladeras, freezers y lavarropas. La industria textil, por su parte, acumuló una baja de 10,8% en los primeros seis meses del año y señaló dificultades para competir con mercadería extranjera.
El reclamo pyme: competir no es lo mismo que sobrevivir
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, sostiene que el deterioro del consumo masivo y la caída de los ingresos laborales pueden profundizar la ola de embargos y concursos preventivos que afecta a las pequeñas y medianas empresas. A su entender, la salida exige una estrategia coordinada que permita recuperar la actividad y a la clase media sin trasladar el costo a una nueva aceleración inflacionaria.
Rosato también cuestionó la falta de precios de referencia en la Aduana. Según planteó, algunos productos ingresan declarados a valores inferiores a los reales, lo que puede configurar prácticas de dumping. Para las pymes que cumplen con sus obligaciones tributarias, afirmó, esa subvaluación equivale en los hechos a una forma de evasión que altera artificialmente la competencia.
El pedido no apunta necesariamente a cerrar la economía, sino a ordenar sus condiciones. La apertura puede reducir precios y ampliar la oferta, pero sus beneficios dependen de que los controles eviten la competencia desleal y de que las empresas locales tengan acceso a financiamiento, energía y tecnología en condiciones razonables. Sin esos elementos, importar más no garantiza una economía más productiva: puede reemplazar producción existente sin crear capacidades nuevas.
Un nuevo marco de política económica
El CEPA vinculó este escenario con varias decisiones adoptadas desde diciembre de 2023. Entre ellas mencionó el aumento inicial del Impuesto PAIS, del 7,5% al 17,5%, que encareció la importación de insumos esenciales para la producción, aunque el tributo fue eliminado el 22 de diciembre de 2024. También señaló la derogación de la Ley de Compre Nacional mediante el DNU 70/2023, la reducción de aranceles para productos de línea blanca, neumáticos e insumos plásticos, y la baja posterior al 12,6% para 29 bienes de capital.
A esas modificaciones se sumaron fuertes aumentos de las tarifas de electricidad y gas al comienzo de la actual administración. Para el entramado pyme, el efecto combinado fue decisivo: incluso cuando una empresa mantiene sus ventas, el aumento de costos puede comprimir sus márgenes hasta volver inviable la operación. Oliver Maltz, presidente del Movimiento Industrial, describió precisamente esa tensión entre costos crecientes, menor consumo y pérdida de rentabilidad.
La oportunidad existe, pero no se distribuye sola
El contraste con la minería, el petróleo y la energía explica por qué el panorama industrial no puede describirse únicamente como una crisis generalizada. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, sostiene que la minería no se reduce a extraer recursos: requiere transformar la materia prima en productos comercializables y moviliza una red de proveedores, servicios y tecnología. Estimó que por cada trabajador directo en un yacimiento existen aproximadamente cuatro empleos indirectos vinculados con la actividad.
Las inversiones promovidas por el RIGI pueden, por esa vía, traccionar a otros sectores y generar una demanda industrial de mayor escala. Pero la conexión todavía es limitada. Una encuesta de la Fundación Observatorio PyME indicó que apenas el 4,7% de las pequeñas y medianas empresas participa como proveedora directa o indirecta de proyectos asociados al régimen. La posibilidad de que la inversión extractiva fortalezca la industria nacional dependerá, por lo tanto, de que esa demanda se traduzca en contratos, estándares tecnológicos y desarrollo de proveedores locales.
Emiliano Bonfiglio, CEO de Anclaflex, resume el desafío desde el interior de las empresas: producir más dejó de ser suficiente; ahora deben producir mejor, elevar la productividad e innovar sin resignar calidad. Esa exigencia será inevitable en una economía más expuesta al mundo. Pero para que la competencia impulse una modernización y no una desaparición selectiva, la política industrial deberá acompañar la apertura con reglas transparentes, controles efectivos y mecanismos que permitan a las pymes convertirse en parte de los sectores que crecen, en lugar de quedar apartadas de ellos.
