El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2018 que declaró inconstitucional la prohibición federal sobre las apuestas deportivas abrió un nuevo capítulo en la relación entre el sector del juego y la política. Desde entonces, más de treinta estados han autorizado estas actividades, y las empresas líderes han pasado de operar en un entorno restringido a convertirse en actores relevantes del financiamiento electoral. El registro de al menos 72 millones de dólares destinados a las elecciones de medio término a través del super PAC Win for America ilustra cómo esa transformación regulatoria se tradujo rápidamente en influencia política organizada.
Del veto judicial a la expansión estatal
Antes de 2018, la Professional and Amateur Sports Protection Act limitaba las apuestas deportivas a unos pocos estados. El dictamen judicial eliminó esa barrera y permitió que cada legislatura estatal definiera sus propias reglas. En menos de seis años, 39 estados y el Distrito de Columbia adoptaron algún tipo de marco legal. Esta dispersión regulatoria creó incentivos claros para que las compañías invirtieran en candidatos dispuestos a mantener o ampliar las condiciones favorables. DraftKings y FanDuel, las dos firmas que concentran la mayor parte del gasto, comprendieron que la supervivencia de sus modelos de negocio dependía tanto de la legislación estatal como de la federal.
El super PAC Win for America surgió precisamente para canalizar recursos sin las restricciones que pesan sobre los comités de campaña tradicionales. Al distribuir fondos a través de American Future y American Conservative Fund, la industria pudo respaldar simultáneamente a candidatos demócratas y republicanos, una estrategia que reduce el riesgo de depender de un solo partido. Los datos del primer y segundo trimestre del año muestran una distribución casi equilibrada entre ambos bloques, lo que refleja una apuesta calculada por mantener acceso independientemente del resultado electoral.
Georgia y Pensilvania como laboratorios
En Georgia, Win for America invirtió más de 12 millones de dólares en 34 contiendas legislativas estatales mientras la Asamblea General debatía proyectos de legalización. Treinta y dos de los candidatos respaldados ganaron sus primarias, según reportes locales. Esta tasa de éxito sugiere que el apoyo financiero puede modificar el equilibrio interno de las cámaras estatales antes incluso de que se vote la legislación. En Pensilvania, la respuesta de la industria fue igualmente directa: cuando se discutió un aumento de impuestos para financiar transporte público, aparecieron contribuciones significativas destinadas a candidatos que se oponían a esa medida.
Estos dos estados funcionan como casos de estudio sobre cómo el gasto electoral puede anticiparse a decisiones regulatorias. En ambos casos, la industria no esperó a que las leyes estuvieran listas para actuar; prefirió moldear el perfil de quienes las redactarían. El precedente establece una dinámica en la que las empresas de apuestas deportivas online pasan de ser sujetos regulados a participantes activos en la definición de las reglas del juego.
Comparación con otros sectores emergentes
Public Citizen ubicó a las apuestas deportivas como el tercer sector corporativo con mayor desembolso en estas elecciones intermedias, detrás de criptomonedas e inteligencia artificial. Cada uno de estos rubros comparte una característica común: operan en entornos regulatorios aún en formación y dependen de decisiones legislativas o judiciales para expandir sus márgenes. La diferencia radica en que las apuestas ya cuentan con una base instalada en 33 estados que permiten operaciones en línea, lo que las convierte en un actor con mayor capacidad inmediata de movilizar recursos. El incremento del lobbying de FanDuel y DraftKings, que multiplicó varias veces sus gastos anuales, confirma que el gasto electoral forma parte de una estrategia más amplia que incluye presencia permanente ante legisladores federales y estatales.
Riesgos de dependencia regulatoria
La estructura bipartidista de Win for America reduce la exposición a cambios de mayoría, pero también genera una dependencia mutua entre legisladores y donantes. Cuando 32 de 34 candidatos respaldados en Georgia avanzan a instancias posteriores, se crea un incentivo para que futuros aspirantes busquen ese tipo de apoyo. A largo plazo, esta dinámica puede desplazar el debate público hacia temas de interés sectorial, como la tributación de las plataformas o los requisitos de licencia, en detrimento de discusiones sobre límites de edad, publicidad responsable o programas de prevención de adicciones. Los estados que dependen de los ingresos generados por estas actividades enfrentan además el dilema de equilibrar la recaudación con la necesidad de proteger a los usuarios.
Perspectivas hacia las próximas legislaturas
El modelo de super PAC permite que los fondos sigan fluyendo incluso si las contribuciones directas a campañas quedan limitadas. La Sports Betting Alliance, integrada por las principales empresas del sector, mantiene una presencia activa tanto en el Congreso como en los parlamentos estatales. Si las tendencias observadas en Georgia y Pensilvania se replican en otros estados con proyectos pendientes de legalización, es probable que la proporción de legisladores con vínculos financieros con la industria aumente en los próximos ciclos. Esta evolución no garantiza resultados específicos en cada votación, pero sí altera el contexto en el que se toman las decisiones. La experiencia de otros sectores que transitaron por etapas similares de integración política sugiere que una vez consolidada la presencia financiera, resulta difícil revertir el nivel de influencia alcanzado.
